Después de que el canciller Omar Paganini compareciera este martes, en régimen de comisión general, ante la Comisión Permanente, donde el Frente Amplio (FA) le pidió explicaciones sobre la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande y los más de 30 contratos con dirigentes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC), los diputados José Carlos Mahía y Nicolás Viera se refirieron al tema en una conferencia de prensa.

Viera, que fue referente del FA por la polémica que desató la CTM de Salto Grande desde octubre de 2023, señaló que “lo cierto es que este Poder Ejecutivo es responsable de haber ingresado a dedo a 35 punteros políticos particularmente del PN y del sector Aire Fresco [liderado por Álvaro Delgado] y también algunos del PC”.

De este modo, Viera enfatizó que “una vez que este Gobierno se vaya de la gestión de Salto Grande, le van a quedar de herencia a la gestión que venga 12 funcionarios con altos salarios y una cantidad de beneficios que están muy lejos al común de los trabajadores que se rigen por el derecho uruguayo”.

El diputado frenteamplista aseguró que desde el Ejecutivo “no se ha dado lugar” a las “diferentes resoluciones que la Cámara de Representantes tomó” y que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, “se comprometió a realizar”.

Sobre las respuestas de Paganini en el Parlamento, el legislador señaló que desde la bancada del FA no encontraron avances desde octubre a la actualidad.  

“Tenemos soluciones que para el Gobierno son totales, pero para nosotros no lo son”, dijo el diputado. De este modo, Viera señaló que el “aparato político” que el PN generó en Salto Grande “está siendo financiado por el bolsillo de todos los uruguayos”.

“Como bancada del FA seguimos evaluando la situación y no vamos a parar hasta tratar de lograr el máximo de lo posible en cuanto al cumplimiento de lo que resolvió la Cámara de Diputados”, enfatizó.

Además, Viera volvió a insistir en que si se hubiera aplicado el derecho uruguayo en esta cuestión “más de uno [de los implicados] estaría formalizado”.

“No solamente [Carlos] Albisu es responsable, también lo son los directores que permanecen y el Poder Ejecutivo, porque la gran mayoría de los puntos políticos pertenecen al sector del PN que lideran Álvaro Delgado y el presidente de la República”, enfatizó.

Por su parte, Mahía destacó que este asunto tiene aspectos que “se relacionan al uso de los dineros públicos, a la responsabilidad del Poder Ejecutivo y fundamentalmente a que esta casa, la Cámara de Diputados, tuvo un pronunciamiento contundente sobre la necesidad de cambiar radicalmente las conductas en Salto Grande”.

Según el diputado, Paganini “no pudo dar cumplimiento al compromiso que se hizo por la Cámara de Diputados”.

La comparecencia de Paganini

El FA buscó que el ministro respondiese si el Gobierno cumplirá la voluntad expresada en octubre de 2023 por todos los partidos políticos que integran el Parlamento de que se cesen todos los contratos de este tipo, pronunciamiento que se llevó a cabo en octubre de 2023, cuando comparecieron ante la cámara de Diputados la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y el anterior canciller, Francisco Bustillo.

Según informó La Diaria, este lunes Paganini se reunió con legisladores de la coalición de Gobierno en la sede de la Cancillería para marcar la tónica de la comparecencia y adelantarles la información que iba a dar ante la inquisitoria del FA.

Tras la reunión, el senador nacionalista Jorge Gandini dijo que el Estado, a través de la Cancillería, “ha hecho todo lo que puede hacer” acerca de estas contrataciones y que “las personas no están contratadas por Uruguay, sino por un organismo internacional”, remarcando la condición de “binacional” de la CTM.

Gandini también afirmó que “buena parte” de los funcionarios cuya contratación se cuestiona “han cambiado su relación jurídica” dado que “algunos renunciaron, otros culminaron sus contratos y no fueron recontratados y muchos, la mayoría, cambiaron su relación contractual y sus contratos vencen cuando termine este gobierno” por lo que “no quedan como funcionarios permanentes del organismo”.

El miércoles 13 de diciembre, al comparecer ante la Comisión de Asuntos Internacionales de Diputados, Paganini fue consultado por un aumento salarial nominal, fijado por etapas, que significaba en su totalidad un incremento un 3% por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC) para los funcionarios de la CTM. 

Al ser preguntado en ese momento sobre si tenía conocimiento de ese incremento salarial, Paganini respondió que “efectivamente” en su cartera no tenían “conocimiento de esta negociación sindical, que termina en un acuerdo”. 

“Claramente no nos satisface lo que allí se ha acordado”, enfatizó Paganini ante la Comisión de Asuntos Internacionales. 

En la sesión de este martes, Paganini informó que, luego de un pedido expreso de la Cancillería hecho en diciembre, la delegación uruguaya de la CTM, “de forma inmediata dejó sin efecto el aumento”. 

“Luego de diversas instancias se decidió continuar con el criterio existente hasta este momento y continuar con el aumento en base al IPC verificado en el 2023, que corresponde a 5,11%. Nos pareció el criterio más adecuado en este contexto”, sostuvo Paganini. 

Los contratados

“Se han resuelto 23 situaciones del total de 35 designaciones directas, ya sea de común acuerdo o ajustadas a la normativa vigente”, apuntó el canciller ante la Comisión Permanente.

Paganini habló de los funcionarios contratados y sus situaciones actuales, luego de remarcar “cada uno de los trabajadores, tanto argentinos como uruguayos, son empleados de un organismo internacional, con la vigencia plena de sus derechos una vez que son confirmados, independientemente del área donde revisten funciones”. 

“Las 23 soluciones alcanzadas están compuestas de la siguiente forma. Siete que ya no son funcionarios (porque cuatro renunciaron de forma definitiva y tres se les vencieron los contratos y no fueron renovados). Hay una persona que cesará por jubilación en marzo de 2025. Y hay 15 personas que renunciaron por voluntad propia, en su condición de funcionarios permanentes y pasaron a una modalidad de contratos anuales renovable”, señaló Paganini. 

El canciller dijo que estos nuevos contratos, firmados en noviembre, “cuentan con una cláusula que establece que la CTM, en cualquier momento y de manera unilateral, pueden culminar el vínculo contractual, por sola voluntad”. 

“Y, por otra parte, siempre tiene la opción de no renovarlos”, remarcó el ministro. 

“Hay 12 situaciones no resueltas hasta este momento, que son personal permanente y aunque en algún caso se presentó la renuncia voluntaria a su condición de permanente o se puso la misma a disposición, la delegación argentina no la aprobó. Eso, porque cumplen funciones en un área común del complejo binacional y la delegación argentina entiende que son necesarios allí”, agregó.

En el caso de los funcionarios que además de funcionarios “revestían su calidad de edil titular o suplente al momento de ingreso, se mantienen cuatro de ellos en condición de empleados permanentes”.

“De ellos, tres que eran ediles suplentes, renunciaron a la Junta Departamental [de Salto] y solo hay una funcionaria que en este momento reviste el doble rol de funcionaria y edila”, explicó Paganini.