La bancada de Diputados del Frente Amplio emitió un comunicado este miércoles ante la “brutal agresión” a la que fue sometida una mujer por parte de un trabajador polaco que depende de una empresa extranjera que contrató UPM.

El hecho, ocurrido en la madrugada del 4 de diciembre en las instalaciones de UPM2 en Pueblo Centenario, fue denunciado el día 7 por el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos.

Según informaron fuentes de Fiscalía a Montevideo Portal, en un principio, la víctima, una trabajadora sexual, no quería hacer la denuncia. Sin embargo, después de ser contactada este martes por la Organización de Trabajadoras Sexuales, cambió su postura y ratificó su intención de realizar la denuncia.

“Repudiamos enérgicamente cualquier acto de violencia, y en este caso en particular, la violencia ejercida hacia esta trabajadora que tuvo que ser trasladada para su atención en el Hospital de Clínicas a raíz de múltiples fracturas y lesiones resultado de estas agresiones”, señaló la bancada frenteamplista en el escrito.

Asimismo, advirtieron que lo que sucedió no es un hecho aislado, sino “uno de tantos que revelan una inadmisible suma de violencias, incluso institucionales, sobre mujeres sometidas a variadas formas de explotación, tantas veces denigradas y revictimizadas. También es otra muestra de los terribles efectos del patriarcado y el machismo”.

Indicaron, además, que Uruguay cuenta con protocolos y legislación vigente para garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como a recibir protección y atención integral, entre tantas otras cosas.

“Dentro de esta normativa se incluye la Ley 17.515 de Trabajo Sexual, la Ley 19.643 de Prevención y Combate de la Trata de Personas y la Ley 19.580 de Violencia hacia las Mujeres basada en Género”, añadieron.

Sin embargo, entienden que las normas resultan “absolutamente insuficientes si desde el ejercicio de la responsabilidad irrenunciable del Estado y desde la sociedad no buscamos su efectivización”.

Desde la bancada, reclamaron al Ministerio del Interior que investigue “a fondo” este caso, proporcione información y tome medidas inmediatas para dar garantías a las víctimas y denunciantes.

“Consideramos importante conocer cuáles han sido las medidas concretas de la empresa UPM 2 frente a lo que llaman violación al código de convivencia de las empresas contratistas, en lo que refiere al compromiso de prevención, reparación y no repetición”, concluyeron.

En el caso trabaja la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, que ya tuvo un abordaje con esta víctima para que preste su declaración en los próximos días.