El Frente Amplio se opuso a la regla fiscal instaurada por el actual gobierno en el 2020 a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Sin embargo, dentro de las propuestas presentadas por la fórmula frenteamplista el pasado lunes en Colonia del Sacramento aparece el “fortalecimiento y consolidación de la regla fiscal vigente”.
Entre los 135 artículos de la LUC (Ley 19.889), que el FA y otras organizaciones pretendían eliminar con el referéndum votado en el 2022, seis de ellos (del 207 al 212) eran los referidos a la regla fiscal. Estos artículos, además, habían sido rechazados por los integrantes de la oposición en el Parlamento.
El texto legal, que rige en la actualidad, habla de que “el Poder Ejecutivo determinará, en el marco del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, los lineamientos de la política fiscal que se aplicarán durante su administración”.
Además, refiere a la fijación de una “meta indicativa de resultado fiscal estructural” para “la sostenibilidad de las finanzas públicas”, con un “un tope indicativo de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía”.
“También designará un Consejo Fiscal Asesor, de carácter técnico, honorario e independiente, a los efectos de asesorar al ministro de Economía y Finanzas en materia de política fiscal”, reza el artículo 210.
Esta redacción sustituyó a la anterior ley de tope de endeudamiento, reglamentada en 2006 por el gobierno de Tabaré Vázquez, que permitió al Parlamento aprobar topes de aumento de deuda en varias ocasiones durante las gestiones frenteamplistas.
El cuestionamiento que vino desde filas del FA no fue a la existencia en sí de una regla fiscal sino más bien a la regla fiscal que se detalla en los citados artículos de la LUC.
El economista y senador frenteamplista Mario Bergara había dicho en julio del 2020, en diálogo con En Perspectiva (Radio Mundo), que “la LUC no aprobó una regla fiscal, aprobó la intención de tener una regla fiscal”.
Asimismo, había apuntado a que no “hay una regla fiscal con parámetros bien definidos que aseguran tal y cual cosa”.
Un tiempo después, en setiembre de 2021, el también economista Daniel Olesker había manifestado en un discurso en el contexto de la campaña por el Sí que “con la regla fiscal que impusieron [en referencia al gobierno de coalición] recortaron US$ 309 millones del gasto público en el marco de una pandemia mundial”.
Pese a esto, en el documento que desarrolla las 48 “Prioridades para Gobernar Uruguay” del FA, en el punto 1, denominado “Uruguay Crece”, la tercera medida propuesta es el “fortalecimiento y consolidación de la regla fiscal”.
“Uruguay debe seguir fortaleciendo su institucionalidad fiscal, en particular la regla vigente, mediante un proceso de mejora continua”, se lee en la página 6 del documento subido en la web oficial del Frente Amplio.
La iniciativa establece que para lograr el objetivo mencionado se deberán establecer “mecanismos de exigibilidad y cláusulas de escape”, jerarquizar y dar independencia al Consejo Fiscal (con la definición “con claridad la metodología de cálculo del resultado estructural”), establecer “mecanismos que permitan proteger la inversión pública y la destinada a la adaptación al cambio climático” y mejorar “la comunicación a la ciudadanía, al mercado y a los analistas el compromiso con la disciplina fiscal y también mejorar la conducta fiscal”.