FA promueve que sea deber del Estado la búsqueda de archivos sobre violación de DD.HH.

Diputados del Frente Amplio (FA) presentaron un proyecto de ley que establece “el deber del Estado en la búsqueda de archivos relativos a las violaciones a los derechos humanos perpetrados entre 1968 y 1985”.

En conferencia de prensa, el diputado Gerardo Núñez señaló que el objetivo es “establecer el deber al Estado uruguayo de la búsqueda de archivos e información que pueda servir para encontrar el paradero de los uruguayos detenidos desaparecidos durante el proceso de la dictadura cívico militar y antes”. Núñez dijo que se tiene en cuenta el período entre 1968 y 1972 por “las acciones ilegítimas del Estado, acciones que dejó que sucedieran en el contexto de acciones criminales que llevó adelante la Policía, Fuerzas Armadas y escuadrones que operaban en Uruguay como parte del brazo represivo de nuestro país”.

Núñez comentó que se busca que la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), tenga “una potestad más” para que “en función de sus cometidos” puedan “presentarse en unidades militares o policiales y buscar archivos que puedan tener información a violaciones de derechos humanos”.

En ese sentido, el diputado sostuvo que se podría tener datos de “operativos, traslados o procesamientos que se hayan dado, y eso permita tener elementos a la hora de establecer líneas de investigación”.

Por su parte, la diputada Verónica Mato, hija de Miguel Mato, detenido-desaparecido en la dictadura, sostuvo que “lamentablemente no se ha avanzado como se debería en encontrar a los compañeros detenidos desaparecidos”. “Encontrarlos es encontrar una prueba documental también, de cómo fueron asesinados, de cómo fue la verdad, de qué manera. Lamentablemente nos hemos encontrado sistemáticamente que lo que se nos había relatado por mucho tiempo era mentira, el caso de Julio Castro es icónico en ese sentido”, agregó.

Mato sostuvo que con la organización de los archivos la INDDHH y la población puedan “tener estos datos de forma fehaciente”. “Esta documentación se sabe que está y el Estado tiene la obligación de darlas a conocer”, aseguró.