El Frente Amplio planteó una propuesta de plan de trabajo para el acuerdo multipartidario en políticas de seguridad, que está en debate entre el Ministerio del Interior y los partidos políticos con representación parlamentaria. La oposición promoverá que el 31 de mayo de 2023 sea la fecha límite para alcanzar un primer consenso, según un documento elaborado por el Frente Amplio al que accedió Montevideo Portal.
La oposición, representada este lunes por el sociólogo Gustavo Leal en una reunión realizada en el Ministerio del Interior, promueve un conjunto de acciones que incluyen un plan de “prevención de homicidios” y el traslado de la elaboración de estadísticas de delitos al Instituto Nacional de Estadística (INE).
También impulsa la conformación de dos subsistemas especializados en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), uno enfocado en la privación de libertad y el otro en medidas alternativas.
Según el documento, la fuerza política definió cuatro áreas prioritarias para buscar acuerdos: un diagnóstico conjunto; la gestión del Ministerio del Interior y la Policía; rehabilitación y privación de libertad; y la intervención “integral” en zonas críticas.
Según el escrito elaborado por la oposición, la meta debe ser “un documento de consenso” firmado antes del 31 de mayo de 2023 “que contenga el conjunto de propuestas acordadas”. Esto, señaló la fuerza política, deberá también ser puesto a consulta de organizaciones sociales y académicas.
En la misma línea, sostuvo la oposición, las iniciativas que impliquen recursos presupuestales o tratamiento legislativo se incluirán en la Rendición de Cuentas del año 2023 para ser aprobadas.
“La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los uruguayos y es un serio problema instalado en el país. El 2022 tendrá uno de los registros más altos de homicidios de la historia en el Uruguay y la diseminación de la violencia en diversas esferas de la sociedad está instalando dinámicas hasta ahora desconocidas de resolución de conflictos”, señaló el Frente Amplio en el documento.
Críticas a la reunión
El Ministerio del Interior y los representantes de distintos partidos políticos tuvieron este lunes la segunda reunión para debatir políticas de seguridad. El encuentro marcó la integración de Leal a las reuniones, ya que el Frente Amplio estuvo ausente en el primer encuentro. Según señaló en su momento la oposición, todavía no había resuelto de forma orgánica participar de estas reuniones.
De todos modos, Leal fue este lunes crítico con la instancia. “Esta reunión perfectamente podría haber sido un mail”, sostuvo en una conferencia de prensa. “Yo estoy decepcionado, sorprendido, un poco enojado también por la puesta en escena que hizo el Gobierno, inflando un escenario que terminó siendo una pompita de jabón que se desvanece en el aire”, afirmó.
Las áreas prioritarias
En relación al diagnóstico, el Frente Amplio sostuvo que el grupo debe buscar generar “información detallada de la situación de la Policía Nacional” en relación a “recursos humanos, nivel de entrenamiento, recursos materiales y estado del nivel de información disponible de las amenazas y vulnerabilidades en la seguridad pública”.
Sobre la gestión del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, el Frente Amplio planteó un “Plan de Prevención de Homicidios tomando en cuenta la grave situación actual”, así como la “actualización en la formación de la Policía Nacional para intervenir en contextos de alta vulnerabilidad social”. También pedirá una estrategia de perfilamiento criminal de personas y grupos relacionados al crimen organizado.
Acerca de la rehabilitación de los reclusos, además de los cambios en el INR, la oposición impulsa un plan individual de trabajo para cada persona privada de libertad y la instalación de clínicas especializadas en salud mental y abordaje a las adicciones a las drogas en el sistema penitenciario.
El cuarto punto del documento fue definido por el Frente Amplio como “cohesión social territorial”. Allí, entre otors asuntos, pidió un “plan de intervención integral en zonas críticas a partir de estrategias de reconfiguración urbana, instalación de servicios sociales de cercanía y despliegue policial basado en información de inteligencia”.
Además, planteó la ampliación de la cobertura del Plan CAIF en 60 áreas “de alta vulnerabilidad” y un programa de primera experiencia laboral y empleo protegido dirigido a jóvenes, también de 60 zonas críticas.