La coalición multicolor anunció la semana pasada que llegó a un acuerdo para aprobar una ley que habilite el resarcimiento con hasta US$ 150 mil de víctimas de la guerrilla. El proyecto fue aprobado en el Senado, luego recibió modificaciones, este miércoles será aprobado con votos del oficialismo en la Comisión de Constitución y Códigos de Diputados, pasará luego al plenario de Diputados y, en caso de aprobarse, volverá al Senado en busca de su sanción definitiva. Este martes, la bancada de diputados del Frente Amplio resolvió que no lo votará. Tampoco lo hará en el plenario el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega.

El primer artículo de la iniciativa dice: “Dispónese una reparación moral y patrimonial a las víctimas, o a sus causahabientes cuando corresponda, de los hechos ilícitos perpetrados entre el 1º de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976 por integrantes de grupos organizados y armados con fines políticos o ideológicos, que como consecuencia o en ocasión de tales hechos hayan sufrido la pérdida de la vida, la incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o la privación de libertad por más de 72 horas”.

El segundo artículo del proyecto plantea que “las reparaciones patrimoniales que pagará el Estado serán las siguientes: a los causahabientes de quienes perdieron la vida: U$S 150.000; a quienes sufrieron incapacitación permanente, total o parcial, para el trabajo, o a sus causahabientes: U$S 100.000; a quienes fueron privados de su libertad por más de 72 horas, o a sus causahabientes: U$S 50.000”.

Mariano Tucci, diputado del MPP, informó a Montevideo Portal que “el Frente Amplio ha resuelto no acompañar este proyecto de ley por varias razones”.

De todas maneras, antes de fundamentar la negativa en motivos de forma, de fondo y políticos, aseguró: “Nuestra fuerza política no está en contra de las reparaciones, porque vaya si el Frente Amplio ha demostrado con acciones concretas en sus gestiones de gobierno que es absolutamente necesario reparar la acción violenta emprendida desde el Estado en el proceso civil-militar”.

“Nosotros sí nos oponemos a cualquier proyecto de ley, sea de reparaciones o de cualquier otra materia, que esté mal diseñado y mal fundamentado, y este proyecto tiene serios problemas de diseño jurídico, y materializa una visión hemipléjica de la historia reciente, porque si bien en el texto se habla de organizaciones políticas o ideológicas en general, cuando sus redactores recorren el espiral de los medios masivos de comunicación, direccionan sus discursos exclusivamente a la operativa de algunos de esos grupos”, aseguró Tucci, quien consideró que “la acción reparatoria más contundente luego del final del proceso civil-militar fue la de un presidente de la República que se metió en los cuarteles militares a buscar restos de compatriotas desaparecidos por la operativa siniestra del terrorismo de Estado”.

“Memoria selectiva”

Tucci planteó que “las modificaciones que se introducen al proyecto original adolecen del mismo defecto de base que el proyecto que se aprobó en el Senado de la República; a saber: la línea de tiempo elegida para reparar no ha podido hasta el momento ser fundamentada por la coalición de gobierno, y fue duramente cuestionada por la academia, en particular por la Cátedra de Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades” de la Universidad de la República. El diputado del MPP destacó que “hasta el momento ninguno de los actores que ha redactado el proyecto ha podido fundamentar de manera adecuada por qué se elige esa línea temporal”.

“Se ha expresado que es una decisión administrativa, porque dicen los redactores que algún plazo hay que poner, y yo creo que en política nada es al barrer, y por tanto todo tiene que tener una justificación, mucho más un tema que encierra tanto dolor y angustia para centenares de familias”, agregó.

En ese sentido, comparó el período elegido en este proyecto con el de la ley 18.596, aprobada en el año 2009, que repara a las víctimas de la actuación ilegitima del Estado entre 1968 y 1985. “En esa ley se habla con meridiana claridad del período comprendido entre el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985, porque en ese período histórico se enmarca la aplicación sistemática de las medidas prontas de seguridad, y posteriormente la práctica metódica y criminal de terrorismo de Estado. Estos son hechos que se vinculan a una política de Estado durante el proceso civil-militar de vigilancia, de represión y fundamentalmente de control de organizaciones de izquierda, así como la práctica de múltiples violaciones graves a los derechos humanos, entre otras, las desapariciones forzadas”, aseguró Tucci.

“Teniendo en cuenta esto, y contemplando todas y cada una de las acciones emprendidas de organizaciones ideologizadas y políticas que operaron por fuera de la institucionalidad, incluyendo principalmente a los grupos armados de la ultra derecha, como el Escuadrón de la muerte, la Juventud Uruguaya de a Pie (JUP), que infundieron terror, que mataron y secuestraron, por supuesto que se puede ampliar la acción reparatoria del Estado, siempre que esa reparación esté bien diseñada y bien fundamentada. Porque, por el contrario, una reparación desequilibrada y que no contemple aspectos básicos de una acción del Estado que priorice el derecho al dolor de todos, y no solamente de algunos, lejos está de sanar las heridas en el derrotero de la pacificación nacional”, advirtió el legislador del MPP.

En concreto, Tucci apuntó contra “los mentores del proyecto”, quienes, al hablar del tema, “misteriosamente omiten mencionar la operativa de estos grupos, como si tuvieran memoria selectiva; es decir, se acuerdan de la operativa de algunos, pero la de otros la dejan en el olvido absoluto”.

“Nosotros estamos acá para decir que no nos olvidamos”, agregó.

Críticas al articulado

El legislador del MPP critica particularmente el mencionado artículo 2 del proyecto, donde se estipulan los montos de las reparaciones, según el daño sufrido.

“Respecto al artículo 2, donde aparece una suerte de tasación legal de las reparaciones, es inconveniente, porque se aleja del principio reparatorio que instituye nuestro Código Civil. Si el tratamiento jurídico reparador no es uniforme, puede incluso producirse una vulneración del principio básico de igualdad. La ley 18.596, del año 2009, establecía 500 mil unidades indexadas [para las víctimas del terrorismo de Estado], que a la fecha son unos US$ 72 mil. Este proyecto de ley duplica esa cifra sin ningún tipo de fundamento y de manera arbitraria”, alertó Tucci.

Además, cuestionó que “la misma ley establece que quienes hubieran quedado detenidos, tenían acceso a la reparación si acreditaban más de 180 días en esta condición, y este proyecto de ley plantea una reparación acreditando 72 horas de privación de libertad”. Por ello, consideró que “se está violando flagrantemente el principio de igualdad”.

También cuestiona el artículo 6, que crea una “Comisión Especial que entenderá en todo lo relativo a las solicitudes de amparo a las disposiciones de la presente ley y la asignación de los beneficios que ella otorga”.

El diputado dijo que “la comisión que se pretende instituir, y que va a resolver quién es reparado y quién no, está integrada solamente por miembros del Poder Ejecutivo, pudiendo dejar por fuera organizaciones sociales que vienen trabajando desde hace muchísimos años por estos temas, y que son representativas de ciudadanos que fueron víctimas del proceso civil-militar”. Y se preguntó: “¿Quedará por fuera la Universidad de la República? ¿Tiene que quedar por fuera la Institución Nacional de Derechos Humanos?”

El cuestionado artículo 6 del proyecto establece lo siguiente: “La Comisión Especial tendrá cinco miembros, dependerá del Ministerio de Educación y Cultura y será presidida por un delegado de dicho Ministerio. Se integrará además con un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas, un delegado del Ministerio del Interior y dos integrantes de las organizaciones más representativas de los beneficiarios de la presente ley, designados por el Poder Ejecutivo. Para otorgar las reparaciones que se soliciten, se requerirán cuatro votos conformes por lo menos”.

Tucci concluyó que “los argumentos contrarios de la fuerza política son de fondo, son de forma, y también son políticos”.

Otros reparos

El diputado del PERI también informó a Montevideo Portal que no votará este proyecto, aunque por otros motivos. “Se pasan tirando la plata”, lamentó Vega, quien sostuvo, en referencia a la ley aprobada en 2009, que “para enmendar el error anterior, votan este” proyecto.

“¿De dónde sale la plata? De impuestos, de deuda o de emisión”, especuló. Para Vega, “hay que revisar” la ley 18.596, “sin dudas”.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, adelantó que “en principio sí” votará el proyecto de reparación de víctimas de la guerrilla. “No obstante, quiero tener conocimiento de la lista de personas consideradas víctimas”, dijo Posada a Montevideo Portal.

El artículo 7 del proyecto de ley establece quiénes y cómo podrán reclamar el resarcimiento.

“Quienes pretendan percibir la indemnización que se establece por la presente ley deberán formalizar su pretensión ante la Comisión Especial que se crea por el artículo 6º de la misma, para lo cual dispondrán de un plazo de un año contado desde la entrada en vigor de la ley; vencido el plazo, caducará el derecho. La Comisión Especial tendrá por acreditado el derecho a recibir reparación, de conformidad con las disposiciones de la presente ley, de los causahabientes de las personas fallecidas incluidas en las listas que acompañaron los proyectos de ley que sobre la misma materia envió el Poder Ejecutivo a la Asamblea General el 31 de agosto de 2004 y el 26 de marzo de 2007”, expresa la iniciativa, y agrega: “Otros solicitantes podrán acreditar su derecho empleando para ello cualesquiera medios de prueba admitidos por el orden jurídico uruguayo. La existencia de concubinato con un mínimo de 10 años de convivencia deberá acreditarse en la forma dispuesta por el artículo 2º de la Ley No. 17894 de 14 de setiembre de 2005. La prueba se valorará de conformidad con las reglas de la sana crítica”.

Además, estipula que “los actos de la Comisión Especial podrán impugnarse con arreglo a lo dispuesto por los artículos 317 y siguientes de la Constitución de la República y las normas legales correspondientes”, y “transcurrido el plazo de un año previsto en el inciso primero del presente artículo, una vez resueltas todas las solicitudes y presentado por la Comisión Especial el informe de la gestión cumplida al Poder Ejecutivo, este dispondrá la disolución de la Comisión Especial”.

La posición de Topolansky

La exsenadora y ex vicepresidenta de la República Lucía Topolansky planteó en una entrevista con Montevideo Portal sus reparos al proyecto de ley que será tratado este miércoles en comisión de Diputados. “En realidad, cuando hay una dictadura, las reparaciones son sobre el accionar de la dictadura, del aparato del Estado. Esto no se había visto nunca. Veremos qué texto sale. En principio me parece que no correspondería, pero tienen los votos” para aprobarlo, respondió Topolansky.

Ante la consulta de por qué no correspondería, aseguró que lo sucedido “es parte de las luchas políticas”, y el daño “no tiene nada que ver con el aparato del Estado”.