FA estudia posible interpelación a autoridades del MTOP por acuerdo con Katoen Natie

El senador por el Frente Amplio Mario Bergara encabezó una rueda de prensa este miércoles donde se refirió a la posible interpelación que tiene pensada la oposición para las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por el acuerdo firmado con la empresa belga Katoen Natie.

"Estamos conversando en el marco de la Bancada del Frente Amplio en el Senado, lo vamos a terminar de resolver en la reunión de bancada el día lunes. Evidentemente está claro que va a haber un llamado a sala al MTOP y probablemente sea por la vía de la interpelación eso va a terminar de definirse el lunes e inmediatamente después de la interpelación del martes a la ministra de Economía y al ministro de Salud Pública. Seguramente en esa eventualidad se plantearía la convocatoria al Ministerio de Transporte", aseguró Bergara a los medios presentes.

El senador frenteamplista aclaró que dice "Ministerio de Transporte" porque el actual ministro José Luis Falero "recién entró en la cartera". "El tema tiene que ver con el escandaloso acuerdo entre el gobierno y la empresa belga Katoen Natie, que es el centro del llamado y eso fue negociado y firmado por el anterior ministro de Transporte (Luis Alberto Heber). También estaríamos interesados en que comparecieran las autoridades de la Administración Nacional de Puertos", añadió.

Consultado sobre cuáles son los puntos concretamente cuestionables, el legislador respondió que, en primer lugar, luego de haber tratado el tema en la Comisión de Transporte del Senado y que "desfilen" los actores involucrados, "quedan más dudas que al principio".

"Aquel día en que el presidente anunció este acuerdo, que ya generaba dudas, ahora tenemos más dudas en materia de legalidad, de constitucionalidad, de conveniencia económica y de transparencia, porque siguen sin aparecer los informes jurídicos que fundamenten semejante decisión de darle a una empresa privada el monopolio por los próximos 60 años del manejo de contenedores en el Puerto de Montevideo", aseguró.

"No hay informes económicos que fundamenten tampoco, no solo la eventual demanda de la que fue aparentemente el gatillo a partir del cual se empezó a negociar de los 1500 millones de dólares, cifra que surge disparatada en el marco de este negocio, sino que tampoco hay informes económicos que digan cuánto vale lo que se está dando de concesión. Le hemos preguntado expresamente al ministro Heber en su momento dónde están los estudios jurídicos y económicos que fundamenten esto y no han puesto sobre la mesa. Además, en el terreno económico el ministro Heber planteó que no habían hecho estudios económicos, que tenían una evaluación de lo que se está concesionando, de lo que se está otorgando", añadió.

Asimismo, Bergara dijo que hay elementos procesales que hacen que este acuerdo sea "ilegal" ya que, según entiende, se está transformando en un marco de competencia en un monopolio a favor de una empresa privada y eso solo puede hacerse por vía de una ley con mayorías especiales.

Uno de los periodistas le comentó que eso era algo que estaba promoviendo el Partido Colorado, más precisamente el secretario general de los colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti.

Bergara respondió que el FA ve una ilegalidad por la transformación del marco de la competencia al monopolio y que este acuerdo "violenta" la ley de puertos del gobierno del Partido Nacional, la ley de creación de TCP del gobierno del Partido Colorado, la ley de promoción y defensa de la competencia de los gobierno del Frente Amplio y además violentaría la Constitución en la medida que se transforma a un monopolio sin ley.

"Hay un informe reciente del Dr. Correa Fleitas, obviamente un connotado jurista y militante del Partido Colorado donde deja en claro las ilegalidades. Creo que el hecho de que un partido de la coalición esté planteando de que es necesario hacer una ley para viabilizar el acuerdo es prácticamente una confesión de que hay aspectos en que no están amparados en las leyes vigentes, por tanto, eso nos reafirma la idea de que este acuerdo se da en un marco de ilegalidad, de dudosa constitucionalidad, de baja transparencia y sobre todo de la verdadera inconveniencia para el país. Porque este acuerdo, de generar un monopolio, va a traer costos para el comercio exterior, para importadores y exportadores por 60 años en un contexto donde además le ata las manos al Estado en su rol de regulador", concluyó.