Expresidente de Casa de Galicia tras ser condenado: entre la “sorpresa” y la incomprensión

El expresidente de Casa de Galicia, Alberto Iglesias, se refirió a la condena de la Justicia que lo obliga a “cubrir la totalidad del déficit patrimonial” tras una mala administración, de acuerdo a la sentencia. 

“Estoy sorprendido. Esto no lo puedo entender ni comprender, y por eso voy a apelar. Está llena de contrasentidos la resolución del juez”, agregó Iglesias. Según su versión de los hechos, “se eligieron caprichosamente ejemplos descolgados para tratar de explicar”. 

A su vez, el expresidente de Casa de Galicia se mostró molesto porque el juez no lo convocó en ninguna instancia del proceso. “Nunca fui convocado. Yo esperaba ser convocado, no creí que tomaría ninguna resolución hasta no convocarme para dar mi descargo”, añadió en entrevista con Desayunos informales (Canal 12).

Por otro lado, se refirió al cierre de Casa de Galicia y dijo que “los destinos e intereses” de la mutualista “fueron manejados con tal impericia que regalaron el patrimonio”. “La cartera de afiliados tiene un valor en sí mismo. Cualquiera paga cualquier plata por una cartera de socios. Acá había 43.000 socios, con un valor estimado mínimo de entre US$ 25 y US$ 40 millones. ¿Por qué se regaló ese patrimonio? ¿Por qué no se dejó en libertad a los socios para que fuesen a la mutualista que quisiesen? Ahí está parte del dinero que reclaman los trabajadores”, cuestionó Iglesias. 

De acuerdo a la sentencia del juez Leonardo Méndez, de la que dio cuenta El País y confirmó Montevideo Portal, Iglesias debe cubrir la “totalidad del déficit patrimonial en beneficio de la masa pasiva del concurso”. 

“El estado de insolvencia de Casa de Galicia se encontraba determinado por la sumatoria de múltiples elementos causales, exclusivamente derivados de una mala administración, que no supo revertir a lo largo de muchos años una situación deficitaria que fue incrementándose hasta el punto de ser cuatro veces mayor a la media del sector”, indica el documento. 

La sentencia en contra de Iglesias llega luego de una denuncia hecha por el Ministerio de Salud Pública en la que se aseguraba que en la gestión de Iglesias hubo irregularidades, como por ejemplo la compra de una clínica por US$ 3,5 millones sin informe técnico previo.