La Fiscalía informó este lunes algunos detalles de un caso de explotación sexual de menores en Paysandú, donde finalmente 13 personas fueron imputadas, algunas formalizadas y otras ya condenadas, y a otras cuatro personas se les impusieron medidas limitativas, por lo que en total son 17 los indagados.

La investigación, contó la Fiscalía, inició en setiembre, cuando se denunció por parte del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) la presunta situación de explotación sexual de dos adolescentes de 15 y 16 años.

Ambas viven en un hogar de amparo del INAU, y en aquel momento se supo que se contactaban con hombres adultos a través de redes sociales.

La denuncia del INAU indicaba que ambas salían de forma no acordada del hogar y se dirigían a una plaza en donde un adulto las pasaba a buscar en auto. Además, se conoció que se vinculaban con hombres adultos a cambio de dinero.

Una vez iniciada la investigación se intervinieron los teléfonos de las adolescentes, en los cuales se hallaron conversaciones con los imputados. También se revisaron las filmaciones de las cámaras de seguridad de la plaza a la que concurrían las adolescentes y de los lugares a donde los adultos las llevaban de compras.

Para la imputación también se tomaron en cuenta informes técnicos del hogar del INAU y declaraciones de los imputados.

Finalmente, la Fiscalía Departamental de Paysandú de 4º turno, a cargo de la fiscal Cecilia Irigoyen, solicitó la formalización de la investigación de trece personas en el marco de la investigación denominada "Operación Atlántico" y solicitó, además, medidas limitativas para otras cuatro personas.

Entre los 13 imputados, hay diez que ya recibieron una condena en un proceso abreviado. De esos diez, solo uno deberá cumplir prisión efectiva, mientras que el resto cumplirá prisión en régimen de libertad a prueba. Mientras tanto, los otros tres fueron formalizados y la investigación sobre ellos continúa.

Algunos de los delitos imputados son los de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos; contribución a la explotación sexual de menores; y contacto a menores de edad por cualquier medio de tecnología, internet, sistema informático, o medio de comunicación o tecnología de trasmisión de datos, con el propósito de cometer cualquier delito contra su integridad sexual.

Algunos de los que lograron acceder el régimen de libertad a prueba deberán prestar servicios comunitarios, tendrán prohibición de acercamiento y comunicación con las víctimas y la obligación de mantenerse en su domicilio en un horario establecido.