En 2018 la Justicia comenzó a investigar una denuncia por violencia doméstica y abuso sexual que tuvo como víctima a una niña de 8 años. La madre fue quien se presentó ante la Policía para contar que su exmarido y padre de la niña la había violado y tocado en varias ocasiones durante meses. La mujer se enteró a través del relato de su hija, quien le contó que el individuo ingresaba al cuarto cuando ella no estaba y cometía el abuso.
La fiscal encargada de liderar la investigación es Cristina Falcomer, quien ha reunido la evidencia suficiente para formalizar la investigación en contra del denunciado y actualmente se encuentra en la etapa de juicio.
En una primera audiencia Falcomer pidió prisión preventiva como medida cautelar, pero el Poder Judicial entendió que no aplicaba porque el hombre no representaba ningún riesgo para la investigación. El equipo fiscal apeló la resolución y un Tribunal de Apelaciones entendió que sí había méritos para disponer la reclusión.
Entre los elementos que reunió la fiscal, uno de los primeros fue que se trataba de un militar retirado. El hecho de que el individuo tuviera acceso a armas conllevó a que amenazara a la madre y a la niña con que no podían decir nada. Esta fue una de las razones por las que el Tribunal de Apelaciones decidió revertir la medida judicial.
De acuerdo con el relato de la denunciante, la situación de violencia se vivió durante meses. Esta versión fue confirmada por la Fiscalía, tanto a nivel de pericias en teléfonos celulares como en más de 10 testimonios reservados que se hicieron a través de la modalidad de cámara Gesell.
En las pericias realizadas a los teléfonos celulares, el hombre amenazaba de muerte a su expareja y le decía que, si contaba algo, la mataría. “Acordate que yo estoy entrenado para matar”, repitió en varias ocasiones el ahora imputado a través de mensajes de WhatsApp.
En las declaraciones a la Justicia, la madre contó que la “la gota que derramó el vaso” fue el abuso sexual que el militar retirado ejerció sobre su hija. Además de las palabras de la niña, el Poder Judicial ordenó varios exámenes médicos y pericias físicas a la menor. “Se concluye que en reiteradas ocasiones la menor fue tocada, apretada y penetrada sexualmente”, resume el expediente.
Fuentes de la causa comentaron a Montevideo Portal que la decisión del Ministerio Público fue avanzar hacia un juicio oral y público para lograr una condena que sea acorde a lo “grave” que son los delitos que se le imputan. Según está estipulado en el Código del Proceso Penal, el abuso sexual puede pensarse con dos a 12 años de prisión efectiva. La violencia doméstica, en tanto, va desde los dos meses a los seis años de penitenciaría.
Las amenazas hacia la fiscal
La Fiscalía se encuentra en este momento diligenciando la prueba que viene recabando luego de varios años de investigación y, en paralelo, pedirá a la Suprema Corte de Justicia que se extienda la prisión preventiva hasta que termine el período de audiencias por el juicio oral y público.
Las instancias que se están llevando adelante duran más de 10 horas y suelen declarar varias personas, sobre todo para sostener las pruebas de pericias que ha presentado la fiscal Falcomer.
Asimismo, la funcionaria del Ministerio Público viene recibiendo amenazas a nivel personal y en redes sociales. Falcomer fue sumariada hace unos años por supuesto acoso laboral y se la trasladó al rol de fiscal adjunta. Sin embargo, presentó el reclamo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de 2° Turno y este falló a favor de ella, por lo que obligó a la Fiscalía General de la Nación a pagarle $ 1.600.000 por daños morales y materiales. Según supo Montevideo Portal, las amenazas que recibió la fiscal a través de su teléfono celular fueron justamente por este tema.
A su vez, en redes sociales, la actual esposa del imputado se ha referido al tema y apuntado contra Falcomer. “Investiguen también al Tribunal de Apelaciones de 3er Turno donde la fiscal Falcomer de Ciudad de la Costa acude personalmente a apelar. Ergo, somos rehenes de este gran negocio mal llamado Justicia”, escribió la mujer en Twitter.
En otro posteo señaló que el juez de Ciudad de la Costa Bernardo Bueno Muñecas le dijo a su abogado que el hombre debería estar en prisión domiciliaria porque “esto es una cama de Fiscalía y su ex, una denuncia falsa”.
“Nuestros peritos saben que las pericias del ITF [Instituto Técnico Forense que responde al Poder Judicial] son una burla: Saavedra, asistente social, hace pericias psicológicas, administrativas lleva adelante cámaras Gesell. No olvidar que estamos pagando a todos estos criminales cómplices impunes y nos condenan”, agregó en otra publicación.
La fiscal cuenta con el apoyo explícito del titular de Fiscalía, Juan Gómez, para seguir avanzando. Gómez le dio más garantías y seguridad durante la última etapa del proceso que se encamina a una condena. Una de estas medidas fue aumentar el personal en la Unidad Especializada de Litigación, que se encarga de ayudar a los fiscales en la elaboración de estrategia en el litigio y su acompañamiento en juicio.