Hernán Bonilla, actual director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo y exjerarca del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), criticó duramente este martes el proyecto de ley de talles que está actualmente a estudio de la Cámara de Diputados.
“La Cámara de Representantes tiene a consideración un proyecto llamado ‘ley de talles’, que es una manifestación flagrante de voluntarismo legislativo promovido con supina ignorancia de la realidad que, de aprobarse, tendrá efectos nefastos sobre la inmensa mayoría de la población”, comenzó Bonilla en un hilo de Twitter.
El economista, de ideología liberal, agregó que la iniciativa “propone que todas las empresas que producen, distribuyen o importan ropa ‘deberán contar con prendas de vestir en todos los talles que correspondan a las características antropométricas de la población, cualquiera sea su sexo, género y franja etaria’”.
Y cuestionó: “¿Cómo se logra que todos los comercios del país tengan talles que se correspondan a las características antropométricas de la población? Con un ‘estudio antropométrico de la población’ que definirá cuáles son los talles apropiados para los uruguayos. Quedan prohibidos los talles únicos y se establecen multas y sanciones para los establecimientos que no cumplan con vender todos los ‘talles uruguayos’ que establezca el estudio antropométrico”.
En esta línea, Bonilla calificó al artículo 17 como “ridículo”: “Ese artículo crea una Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta”.
“Evidentemente, estamos ante un proyecto que desconoce las complejidades de llevar adelante un comercio y, directamente, la realidad, cegado por la moda de llamar derecho a cualquier necesidad. Desde el punto de vista legal, el proyecto es groseramente inconstitucional al obligar a vender mercaderías que los comercios no quieren vender, además de contrario a todo nuestro ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista económico, es de imposible cumplimiento, desconoce la forma en que compran la vestimenta en el exterior los importadores que no podrán conseguir los ‘talles uruguayos’ definidos por el legislador, forzando el cierre de empresas”, agregó.
Finalmente, el analista apuntó que la iniciativa tendrá como consecuencia un aumento en el “precio de la ropa e implicará la destrucción de miles de empleos”.
“Obligará a cerrar a cientos de comercios (de mercerías de barrios a comercios en los shoppings). Si se quisiera realizar un aporte efectivo al problema que denuncia el proyecto, deberían establecerse incentivos positivos para que exista una mayor oferta de talles, sin obligar a los comercios a tener stocks de ropa que no van a vender. En defensa del interés general de los consumidores, del empleo y de las empresas (incluyendo feriantes), este proyecto debe desecharse sin más miramientos y formularse otro que no atente contra la libertad de comercio, sentando un precedente funesto”, concluyó Bonilla, quien renunció a su cargo como asesor de la ministra Azucena Arbeleche en julio de 2022.
Tras la crítica, la diputada del Movimiento de Participación Popular (MPP) Bettiana Díaz Rey, impulsora del proyecto, respondió a Bonilla y expresó: “Desde la total discrepancia, no se entiende por qué la falta de respeto de Bonilla y los calificativos que emplea en este hilo. Otro violento que desertó del Gobierno y usó la puerta giratoria a las fundaciones amigas, ¿nos sorprende? No nos sorprende”.
Bonilla, por su parte, replicó: “Diputada, sin adjetivaciones personales, debatimos sobre el contenido del proyecto donde guste”.
Una iniciativa con historia
En 2007, Carlos Enciso —quien era diputado del Partido Nacional— presentó en el Parlamento un proyecto de la ley de talles, que obtuvo media sanción de votos en Diputados.
Un año después, en 2008, fue aprobado por la Comisión Especial de Equidad y Género. Sin embargo, en 2010, cuando finalizó el primer gobierno de Tabaré Vázquez, no logró la media sanción en Senadores y no se promulgó.
Seis años después, en 2016, María Pía Biestro —en aquel entonces diputada— volvió a presentar el proyecto de ley, pero quedó archivado en 2020, cuando terminó la legislatura de Vázquez.
Con los proyectos de Enciso y Biestro como base, en 2020 el colectivo Ley de Talles —integrado por Victoria Ripa, Romina Díaz, Lucia Magliano, Valeria Bonet y Magdalena Mignone— retomó el proyecto inicial, haciéndole modificaciones que se ajustan a las necesidades y cambios sociales actuales.