Por The New York Times | Anton Troianovski

El mes pasado, Marina Dubrova, una maestra de inglés que vive en la isla rusa de Sajalín en el océano Pacífico, mostró a su grupo de octavo grado un alentador video de YouTube en el que los niños cantan, en ruso y ucraniano, cosas sobre “un mundo sin guerra”.

Después de que terminó el video, un grupo de chicas permaneció en el aula durante el receso y le preguntó cuál era su opinión.

“Ucrania es un país distinto, independiente”, les dijo Dubrova, de 57 años.

“Ya no”, respondió una de las chicas.

Unos cuantos días después, la policía fue a su escuela que está en la ciudad portuaria de Korsakov. En el tribunal, escuchó la grabación de esa conversación, misma que al parecer hizo una de las alumnas. El juez la multó con 400 dólares por “desacreditar de manera pública” a las fuerzas armadas rusas. La escuela la despidió por “comportamiento amoral”, comentó.

“Es como si todos hubieran entrado a una especie de locura”, comentó Dubrova en una entrevista telefónica refiriéndose al ambiente que hay en favor de la guerra.

Con la exhortación directa del presidente Vladimir Putin, los rusos que apoyan la guerra en Ucrania están comenzando a volverse en contra del enemigo que hay en el interior.

Estos episodios todavía no son un fenómeno masivo, pero son un ejemplo de la polarización y la paranoia en aumento de la sociedad rusa. Los ciudadanos se están delatando unos a otros en una inquietante evocación de la era del terror de Iósif Stalin, instigados por la perversa retórica oficial del Estado y autorizados por nuevas leyes de gran alcance que criminalizan la disidencia.

Hay informes de estudiantes que entregan a los maestros y gente que delata a sus vecinos e incluso a los comensales de la mesa de junto. En un taller de computadoras de un centro comercial de la zona occidental de Moscú, se encontraba desplegado el texto de “No a la guerra” que un transeúnte reportó e hizo que la policía arrestara al propietario del taller, Marat Grachev. En San Petersburgo, un medio noticioso local documentó la agitación acerca de las supuestas tendencias a favor de Occidente en una biblioteca pública; esto estalló luego de que un funcionario de la biblioteca confundió la imagen de un intelectual soviético en un cartel con la de Mark Twain.

Los diarios rusos informaron que en la zona occidental de Kaliningrado las autoridades enviaron a los residentes un mensaje de texto invitándolos a proporcionarles el número telefónico y la dirección de correo electrónico de “provocadores” en el tema de la “operación especial” en Ucrania; pueden hacerlo de un modo sencillo a través de una cuenta especializada en la aplicación de mensajería Telegram. Un partido político nacionalista abrió un sitio web en el que exhortan a los rusos a reportar a los “parásitos” en la élite.

“Estoy totalmente convencido de que va a comenzar una limpieza”, dijo en una entrevista Dmitri Kuznetsov, el miembro del Parlamento que está detrás del sitio web, y pronosticó que el proceso se aceleraría después del fin de la “fase activa” de la guerra. Luego aclaró: “No queremos que le disparen a nadie ni tampoco queremos que la gente sea encarcelada”.

No obstante, ahora la historia de las ejecuciones masivas y los encarcelamientos por motivos políticos de la era soviética, así como la denuncia de los conciudadanos promovida por el Estado se cierne sobre el creciente clima de represión en Rusia. Putin marcó la pauta en un discurso del 16 de marzo cuando afirmó que la sociedad rusa necesitaba una “autopurificación”, en la cual el pueblo “distinguiera a los verdaderos patriotas de la escoria y los traidores y que simplemente los escupiera como si fueran una mosca que por accidente se le metió en la boca”.

Según el razonamiento soviético, quienes deciden no delatar a sus conciudadanos podrían ser considerados ellos mismos como sospechosos.

“En estas condiciones, el miedo está volviendo a instalarse en las personas”, señaló Nikita Petrov, un importante estudioso de la policía secreta soviética. “Y ese miedo te obliga a delatar”.

En marzo, Putin firmó una ley que sanciona hasta con 15 años de prisión las declaraciones públicas en contra de la postura del gobierno acerca de lo que el Kremlin llama su “operación militar especial” en Ucrania. Fue una medida severa, pero necesaria, debido a la “guerra de información” contra Rusia por parte de Occidente, señaló el Kremlin.

Según el grupo de derechos humanos OVD-Info, los fiscales ya han aplicado esta ley a más de 400 personas, entre ellos a un hombre que mostraba un pedazo de papel con ocho asteriscos; “No a la guerra” en ruso tiene ocho letras.

“Para nuestra desgracia, estamos inmersos en una especie de broma gigantesca”, comentó Aleksandra Bayeva, directora del departamento jurídico de OVD-Info, acerca de lo absurdo de algunos procesamientos relacionados con la guerra. Mencionó que había observado un gran aumento en la frecuencia con la que la gente delataba a sus conciudadanos.

“La represión no solo se da a manos de las autoridades gubernamentales”, comentó. “También se da a manos de los ciudadanos comunes”.

En la mayoría de los casos, las sanciones relacionadas con las críticas a la guerra se han limitado a multas, las cuales han sido la sanción más común para las más de 15.000 personas que se manifestaron en contra de la guerra arrestadas desde que comenzó la invasión el 24 de febrero, aunque algunas fueron sentenciadas a hasta 30 día de prisión, explicó Bayeva. Pero algunos individuos están siendo amenazados con periodos de cárcel más largos.

En la ciudad occidental de Penza, otra maestra de inglés, Irina Gen, llegó un día a su clase y encontró una “Z” gigante garabateada en el pizarrón. El gobierno ruso ha estado usando esta letra como un símbolo de apoyo a la guerra luego de que fue pintada como una marca de identificación en los vehículos del Ejército ruso en Ucrania.

Gen les dijo a sus alumnos que parecía como si fuera la mitad de una esvástica.

Luego un alumno de octavo grado le preguntó por qué estaban impidiendo a Rusia participar en las competencias deportivas de Europa.

“Creo que es lo correcto”, respondió Gen. “Esto seguirá siendo así hasta que Rusia comience a comportarse de un modo civilizado”.

“Pero no conocemos todos los detalles”, dijo una chica refiriéndose a la guerra.

“Así es, tú no sabes nada en absoluto”, contestó Gen, de 45 años.

Una cuenta popular de Telegram que a menudo publica información privilegiada sobre casos penales publicó la grabación de esa conversación. El Servicio Federal de Seguridad, una agencia sucesora de la KGB, la llamó y le advirtió que, sin la menor duda, el haber acusado a Rusia de bombardear un hospital de maternidad en Mariúpol, Ucrania, el mes pasado constituía “un delito penal”.

Ahora la están investigando porque, de acuerdo con la ley de censura del mes pasado, esto conlleva “graves consecuencias” y se merece un castigo que va de diez a quince años de prisión. Sin embargo, otras personas a quienes han delatado sus conciudadanos recibieron señales más esperanzadoras a partir de la experiencia. En la isla de Sajalín, luego de que los medios noticiosos locales informaron sobre el caso de Dubrova, una de sus exalumnas recaudó para ella 150 dólares en un solo día, antes de que Dubrova le dijera que dejara de hacerlo y que ella misma pagaría la multa. El viernes, Dubrova donó ese dinero a un refugio de perros de la localidad.

En Moscú, Grachev, el propietario del taller de computadoras, comentó que se le hacía extraordinario que ninguno de sus cientos de clientes lo amenazaran con entregarlo por el texto de “No a la guerra” que, durante varias semanas posteriores a la invasión, desplegó de manera visible en una pantalla que hay detrás del mostrador. Después de todo, señaló, se vio obligado a duplicar el precio de algunos servicios debido a las sanciones de Occidente, lo cual seguramente hizo enojar a algunos de sus clientes, pero, en cambio, muchos le agradecieron.

El hombre que, al parecer, delató a Grachev era un transeúnte al cual se refiere como “el abuelo” que, según él, a fines de marzo, les advirtió dos veces a sus empleados que estaban violando la ley. Grachev, de 35 años, comentó que creía que el hombre estaba convencido de estar cumpliendo con un deber ciudadano al denunciar al taller con la policía y lo más probable era que no tuviera acceso a la información que hay más allá de la propaganda del Estado.

A Grachev lo multaron con 100.000 rublos, más de 1200 dólares. Un político de Moscú escribió acerca del caso en las redes sociales y, por si alguien quería ayudarlo, incluyó los detalles de la cuenta bancaria de Grachev. En dos horas se juntó el dinero suficiente para pagar la multa, afirmó Grachev.

En total, recibió 250.000 rublos gracias a cerca de 250 donativos independientes y piensa donar lo que sobra a OVD-Info, el cual le proporcionó asistencia jurídica. Un camión visto en un suburbio de Moscú con una Z pintada, misma que simboliza el apoyo a la guerra en Ucrania, el 14 de marzo de 2022. (The New York Times)