Exgerente de la ANV desmiente a presidente: renunció al cargo y no cometió irregularidades

Gustavo Fernández, el exgerente general de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) que archivó el informe jurídico que advertía sobre consecuencias de la Ley de Urgente Consideración (LUC) y adelantaba una posible pérdida millonaria por el vencimiento de créditos hipotecarios, desmintió al presidente del organismo, Klaus Mill von Metzen, y comunicó que, en realidad, él renunció.

“Hay una resolución de directorio en la que se acepta mi pedido de renuncia, o sea, que no fui destituido en ningún momento”, dijo en declaraciones a Montevideo Portal, y desmintió también que haya cometido “irregularidades” como manifestó el titular de la ANV.

“En ningún momento se me observó, se me llamó la atención por ninguna irregularidad ni hay ninguna investigación administrativa sobre mi conducta ni mi actuar, más allá de algún error que uno puede cometer como cualquier persona”, aseguró, y añadió que no entendió por qué hicieron esas afirmaciones. “No se me destituyó y menos cometí irregularidades”, aseguró.

El exjerarca de la agencia explicó que su renuncia se generó porque no se estaba “sintiendo cómodo en la función que desempeñaba”, dado que su rol en el organismo era de gestión y no político. A entender de Fernández, esos dos temas a veces se chocan y habían comenzado a surgir algunas diferencias. “A veces, cuando uno pensaba que tenía que ir por un camino, la decisión política iba por otro y bueno… uno empieza a no sentirse a gusto y decidí dar un paso al costado y que las cosas sigan su carril como corresponde”, indicó.

Consultado sobre cómo se sintió cuando escuchó su nombre luego de haber renunciado meses atrás, expresó que “no está contento” sobre todo porque se mencionó su nombre “sin razón”. Explicó que, “indudablemente”, las expresiones le causan un daño y contó que analiza por estas horas si comenzar acciones legales o no.

“No podría definir qué siento hoy, pero está entre la decepción y la amargura, y no le encuentro una lógica; si fue para tratar de salvarse y desviar la atención hacia mí que ya no estoy, pero esto salta después de que yo me fui”, sostuvo.

¿Qué fue lo que saltó?

El artículo 463 de la Ley de Urgente Consideración (LUC) modificó el Código Civil, reduciendo de 20 a 10 años el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias. La norma, además, fijó un plazo de dos años para que las prescripciones en curso comenzaran a consumarse. Como la norma se aprobó a mediados de julio de 2020, ese plazo vencería por estos días.

De no haberse encontrado una solución parlamentaria, la ANV podría haber enfrentado una pérdida cercana a los US$ 400 millones por unas 5.000 hipotecas que están por prescribir, según manejaron las propias autoridades de la ANV. No obstante, la semana pasada, el Poder Legislativo tuvo que votar de forma grave y urgente un proyecto de ley del Poder Ejecutivo para prorrogar por 48 meses el plazo de prescripción de las deudas hipotecarias para las carteras del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario (BHU) y de la ANV.

La polémica se instaló en torno a cómo se resolvió el tema y la poca previsión que las autoridades de la agencia habían tenido. Desde el Frente Amplio se pidió la renuncia del presidente y del vicepresidente de la ANV. Sin embargo, las autoridades objetaron que ellos no se habían enterado de un informe jurídico que había sido archivado por parte de un funcionario (Fernández).

Ahora, ¿las autoridades tuvieron la información en algún momento?

Lo que responde Fernández, hoy alejado de la agencia, es que no puede confirmarlo porque no tiene acceso a los expedientes. A pesar de esto, dijo a Montevideo Portal que el documento que advertía la pérdida millonaria circuló durante seis meses por todas las dependencias técnicas que podían verse comprometidas.

Fernández asumió el 1.° de julio de 2021 como gerente general y a los pocos días ingresó este informe. Según dijo, el texto entró a la ANV a través de Jurídica, que lo pasó a la división Planificación. Allí, fue derivado a las distintas oficinas para que lo analizaran y determinaran si podían verse afectados o no. En caso de que así fuera, se debía generar otro expediente para iniciar los trámites que correspondieran. Una vez que finalizó y pasó por todas las dependencias, ahí llegó a gerencia general.

“Esos expedientes pasan a las diferentes áreas técnicas para que los que tengan alguna de sus actividades o funciones afectadas, tomen los recaudos correspondientes. Yo, como gerente general —y es lo que normalmente se hace con esos expedientes—, una vez que constato que circuló por todos los sectores, lo paso a archivo porque ese expediente ya dejó tener su razón de ser”, explicó Fernández.

“Haciendo análisis interno, yo no me acuerdo del informe; pero no era un tema de una comunicación que tendría que haber ido al directorio, sino que era un análisis para que las dependencias técnicas vieran en qué afectaba a las gestiones que ellos hacen para que tomaran los recaudos”, agregó. A su vez, argumentó que el archivo del documento es un proceso administrativo y que cualquiera puede ir y pedir el desarchivo del expediente.

Consultado sobre si no correspondía que el directorio tuviera esta comunicación dada la relevancia del tema, respondió afirmativamente y dijo que no recuerda si el directorio tomó o no conocimiento de este expediente o de otro que se puede haber generado como consecuencia de ese.

Además, pidió analizar el asunto en contexto: “Esto fue cuando la ley se aprobó. La ley daba un plazo. No todas las decisiones que se toman a nivel administrativo, de resolución o gerenciamiento se le comunican al directorio. Esto se notificó a los responsables de cada área. Esa área afectada tendría que ponerse a trabajar porque tenía un plazo para tomar los recaudos correspondientes y es lo que se tendría que haber hecho. Al directorio van los temas que ya son para resolución; acá no tenía que resolverse nada, era un tema de información para ponerse a trabajar”, sostuvo.

Finalmente, Fernández argumentó que esta prescripción de los plazos era un asunto sabido dentro de la agencia porque el planteo hacia los legisladores sale de la propia ANV. Por tanto, dijo, “se estaba en conocimiento”.

“Si ven el expediente van a ver que circuló por las áreas técnicas de la agencia, o sea que se tomó conocimiento internamente. Lo del directorio no lo puedo afirmar porque no tengo el expediente o no recuerdo si en algún momento se le informó por otro carril”, concluyó.

El directorio y el expediente

La directora de la ANV por el Frente Amplio, Verónica Dodera, respaldó la versión de Fernández, en el sentido de que confirmó que el informe que advertía sobre las consecuencias de la LUC había sido compartido al resto de las gerencias. “A sesión de directorio este tema ingresó como un asunto presentado por el presidente el 5 de mayo del 2022 y solicitó que se agendara un directorio extraordinario para poder resolverlo”, comunicó.

“Le dije que sí, pero que necesitaba los insumos para poder estudiar previo a ese 9 de mayo porque era la primera vez que ingresaba a sesión de directorio”, dijo Dodera, y explicó la diferencia con el “directorio en general”, que “está integrado por otros cargos políticos de particular confianza que son del oficialismo como el gerente general, la secretaría general, el asesor letrado y el jefe de prensa”, acotó.

En este sentido, indicó que “no es verdad que el conocimiento” del tema era de “urgencia”, sino que lo que fue de urgencia fue la votación para buscar una solución. “Consta en el expediente por qué servicios pasó. Cuando alguien advierte a la superioridad en abril y mayo, y en junio se me dice que es urgente, no ha lugar”, planteó en declaraciones a Doble Click de radio FM Del Sol.

“La pregunta de por qué se archivó debería ser para el presidente porque debería conocer, junto con su gerente, que este tema venía. No lo archiva después de leerlo, lo archiva dando la orden de que todas las gerencias se pongan en conocimiento. Y hay una actuación en particular que dice que por cuerdas separadas se gestionen las acciones pertinentes para cada caso”, añadió.

En esta línea, Dodera reafirmó que la gerencia estaba advertida. “A los directorios llegó el año pasado un expediente que habla de la LUC y su implicancia en el tema de la modificación en los contratos de arrendamiento. Lo que llama la atención es que el último expediente, que votamos el 11 de mayo, hablaba de eso: del impacto de la LUC en las carteras de créditos, pero de repente se le cambió la carátula y pasó a ser modificaciones al Código Civil”, concluyó.