Exempleados de Balcedo reclaman al gobierno lo recaudado en remates para cobrar deudas

El remate de cuatro autos de lujo que fueron incautados a Marcelo Balcedo y Paola Fiege está bajo la lupa del gobierno y la Fiscalía. Este jueves, minutos después de la subasta, el abogado de un grupo de extrabajadores de El Gran Chaparral, la residencia de Maldonado de la pareja argentina, presentó una solicitud escrita ante la Junta Nacional de Drogas (JND) para que, cuando la sentencia laboral que los favorece sea cosa juzgada, puedan cobrar lo que se les debe o, dicho en términos legales, "se destinen los fondos del producido de las subastas públicas de los bienes decomisados a favor de los comparecientes".

Además, la JND, organizadora del remate, presentó este viernes una denuncia penal para que Fiscalía investigue si existió delito en la subasta que se realizó este jueves en el Radisson Victoria Plaza Hotel, puesto que uno de los compradores de tres de los cuatro vehículos de alta gama informó a los rematadores, luego de que bajaran el martillo, que él ni el empresario para el que estaba ofertando tienen el dinero para afrontar el pago de la seña de los autos. Por esta razón, Interpol comenzó una investigación, informó Telenoche.

La fiscal de Flagrancia de 6° Turno, Ana Vallverdú, recibió la denuncia de la JND y dijo a Montevideo Portal que "por el monto de la operación, el caso no correspondería a Flagrancia sino a otra dependencia". Flagrancia investiga situaciones sospechosas de hasta US$ 100.000, mientras que el implicado compró en el remate tres de los cuatro autos ofertados. El Porsche Boxter S fue vendido a US$ 75.000 más comisión (18,3%), el Chevrolet Camaro 2SS se remató en US$ 82.000 más comisión, el Porsche Panamera se subastó en US$ 125.000 más comisión y el Range Rover 5.0 HSE Supercharged se remató a US$ 133.000 más comisión. 

El Departamento de Depuración, Priorización y Asignación (DPA) de Fiscalía determinará a qué fiscal le corresponde la investigación.

Remate de autos incautados a Marcelo Balcedo from redes.mvd on Vimeo.

Víctimas

Cuatro personas que trabajaron en El Gran Chaparral, representados por el abogado Guillermo Ahlers, presentaron este jueves una solicitud ante la JND, de quien depende el Fondo de Bienes Decomisados. En el petitorio, al que accedió Montevideo Portal, plantean que son "víctimas y acreedores laborales de Fiege y Balcedo" y en esa calidad manifiestan "un interés legítimo a que se les reserve del producido del remate de bienes decomisados".

Fundamentan que son "víctimas de la situación, al perder sus empleos y no poder cobrar sus salarios e indemnizaciones laborales". El escrito agrega que "los créditos laborales que son titulares los peticionantes tienen naturaleza alimentaria y por lo tanto merecen una protección especial".

En definitiva, solicitan a la JND como medida provisional que "resuelva que hasta que se dicte la resolución que decida esta petición administrativa y que la sentencia laboral que condenó a Balcedo y Fiege al pago de los créditos de esa naturaleza adquiera autoridad de cosa juzgada, no se destinen los fondos que surjan de las subastas públicas de los bienes decomisados a otros fines".

En último lugar, piden que "una vez acreditada que la sentencia dictada en materia laboral contra Balcedo y Fiege adquiera autoridad de cosa juzgada, de la que resulte créditos laborales a favor de los peticionantes, se destinen los fondos de lo producido de las subastas públicas de los bienes decomisados a favor de los comparecientes".