Un trabajo realizado por el think tank Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) concluyó que el contrabando fronterizo de pequeña y mediana escala solo de bebidas y alimentos implicó un gasto de los hogares uruguayos en 2019 -desde una aproximación "conservadora", se aclara-, de US$ 320 millones.
El trabajo liderado por el economista Agustín Iturralde señala que esta actividad ilegal está "profundamente arraigada en las algunas economías y culturas locales del país", con una persistencia a lo largo del tiempo que los gobiernos toman con "pasiva tolerancia".
"Por un lado tiene un rol relevante como empleador y reduce los costos de acceso a bienes en estas zonas. Por otro lado, implica una enorme afección al comercio formalmente establecido que sufre una evidente competencia desleal. Además, tiene un impacto relevante en la recaudación del Estado uruguayo", resume el informe.
Sin embargo, el trabajo aclara que la cifra estimada de US$ 320 millones, puede variar año a año según la diferencia de precios que se den entre los bienes que se venden en Uruguay y en países limítrofes como Brasil y Argentina.
La última estimación del Índice de Precios de Frontera de la Universidad Católica, por ejemplo, encontró que en 2019 los precios fueron 30% mayores en Uruguay que en Argentina, para una canasta comparada de productos que consideró a las ciudades de Salto y Concordia.
Más allá de las volatilidades, afirma el informe, el nivel de precios relevado fue mayor siempre en Uruguay en toda la serie analizada entre 2015 y 2019, año con los últimos datos disponibles.
Las diferencias en la comparación con la frontera brasileña fueron aún mayores, se aclara.
"Este cálculo implica que los uruguayos pagan impuestos al consumo recaudados por el Estado brasileño y argentino por US$ 51.5 millones de dólares aproximadamente. Si el gasto de los uruguayos en mercadería de contrabando fuera utilizado para adquirir alimentos de comercios formalmente establecidos el Estado uruguayo recaudaría US$ 70 millones más", concluye el informe, que advierte que por la falta de información se trata apenas una aproximación a la dimensión del fenómeno.
Los departamentos analizados fueron Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Rivera, Cerro Largo, Rocha, Treinta y Tres y Tacuarembó. Aunque los dos últimos no son fronterizos, pueden tener comportamientos económicos y sociales similares a los que sí lo son para la variable analizada.
"En materia de ingresos de los hogares, los departamentos analizados presentan una diferencia de aproximadamente 30% menor con respecto al promedio nacional. Por último, con referencia a la situación de pobreza, todos los departamentos con excepción de Río Negro y Rocha, mantienen niveles de pobreza de dos dígitos y por encima del promedio del país", apunta el informe.
Agrega que "la política pública no logró abordar exitosamente esta problemática tan vieja, significativa y distorsiva" y que "Uruguay sigue teniendo niveles de precios significativamente más altos que sus vecinos y esto incentiva importantes flujos de contrabando minorista en todas las fronteras".
"La mayoría de la ciudadanía enfrenta niveles de precios altos y quienes logran acceder a precios menores lo hacen a costa de una gran afectación al comercio formal", reflexiona finalmente el informe, que enumera causas como la escala de los países, diferencias impositivas, la competencia entre marcas, entre otras razones para la diferencia de precios de los mismos bienes en la frontera.