El candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, presentó este jueves doce medidas para "ir hacia adelante en seguridad y convivencia", que tiene como pilar al programa "Más barrio", que buscará implementar una serie de acciones interinstitucionales en 25 "zonas prioritarias".
El objetivo, se detalló en la presentación, es "retejer la fractura social y romper la dinámica de grupos criminales" con una "potente presencia del Estado".
En cada zona, el programa buscará generar un impacto a nivel urbano, con la construcción de calles, plazas, espacios deportivos, iluminación, entre otros aspectos.
A nivel habitacional, se plantea la construcción de 5.000 soluciones habitacionales para situaciones críticas; a nivel social, la prioridad será la primera infancia y la juventud, se dijo, y se puso como ejemplo que el 100 % de las familias con niños menores de cuatro años se incorporarán al sistema Uruguay Crece Contigo, "que garantizará la seguridad alimenticia de la población y focalizará la atención del retraso del crecimiento".
Además, se implementará un programa específico de capacitación laboral dirigido a 10.000 jóvenes y mujeres por año a través del Inefop.
En seguridad, el candidato planteó la "desarticulación sistemática" de grupos vinculados al crimen organizado y narcotráfico, "a través de la profundización de los operativos Mirador". En este sentido también se buscará extender el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) para cada una de estas zonas.
"El objetivo es identificar con precisión las estructuras de crimen organizado existentes y desarticularlas", comentó.
También es parte de este ítem la instalación del sistema de videovigilancia en cada una de las zonas. Martínez plantea extender a 10.000 cámaras más las ya existentes.
Este programa representa una inversión de 50 millones de dólares anuales durante cinco años; es decir, 250 millones de dólares "destinados a retejer la fractura social del país".
Es un programa liderado por Presidencia e implica la participación, entre otros organismos, de los ministerios de Salud, Vivienda, Desarrollo Social, el Banco de Previsión Social, la Agencia Nacional de Vivienda, Inau, Codicen, Fiscalía y el Ministerio del Interior.
En otro sentido, también se anunció que se aumentará a 1.500 la cantidad de tobilleras para la atención de víctimas de violencia basada en género, y el compromiso a cumplir con la Ley de violencia hacia las mujeres basada en Género, "fortaleciendo el sistema judicial con la creación de los 19 juzgados de Violencia de Género" en la órbita del Poder Judicial.
También se estableció el "fortalecimiento" de los controles institucionales "para combatir frontalmente la corrupción policial", del funcionamiento de las 267 Comisarias y la Policía Comunitaria y de las Brigadas de Seguridad Rural en el interior del país con más personal y mayor movilidad.
Además, se propuso "respaldar a la Policía para que actúe y ejerza la autoridad del Estado", a través de la "profesionalización" y el "respeto" a la institucionalidad y sus capacidades técnico-profesionales. "Respaldar a la Policía se traduce en fortalecer la institución", se señaló.
Martínez también promete "transformaciones en la política carcelaria", poniendo énfasis en la seguridad y rehabilitación "para que el 70 % de las 11.000 personas privadas de libertad estudien o trabajen".
Para eso, dijo, se fomentará un programa de capacitación con 6.000 cupos anuales con Inefop para disminuir la reincidencia, y desde el Mides se coordinará, con la Dirección Nacional del Liberado, el trabajo dirigido a las familias de los reclusos.
"Reafirmamos nuestro respaldo en que las cárceles salgan de la órbita del Ministerio del Interior y pasen a ser dirigidas por un servicio descentralizado con múltiple participación de los partidos políticos", se detalló.
También se propuso "mejorar y perfeccionar" la implementación del Código del Proceso Penal, en particular a través de dotar de más recursos a la Fiscalía para evitar la sobrecarga en el trabajo de los magistrados.
Todo esto estará coordinado, y es la propuesta numero 12, a través del Gabinete de Convivencia y Seguridad, que funcionará desde Presidencia.