Por Cecilia Presa
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“¡Aquí nos resteamos [jugarse el todo por el todo] hasta el final! En unidad, con el pueblo soberano y todo aquel que quiera unirse a esta causa fuerte que lidera la libertad de nuestro país”, escribió el político venezolano Williams Dávila Barrios en Instagram el pasado 3 de agosto.
El texto vino acompañado de una foto en la que se lo ve ondeando una bandera de Venezuela junto a la líder de la coalición opositora, María Corina Machado, en una de las primeras protestas masivas en denuncia por fraude cometido por el gobierno de Nicolás Maduro en los resultados de las elecciones de ese país del 28 de julio de 2024.
Cinco días después de esta publicación, se conocía públicamente que Dávila, de 73 años, recientemente operado del corazón y que debía tomar anticoagulantes cada cuatro horas, había sido detenido y estaba desaparecido. Se sumaba a las más de 2.000 personas detenidas tras las manifestaciones, según afirmaciones públicas del propio Maduro.
Su búsqueda tuvo enseguida una rápida escalada, por su estado de salud y por tratarse de una importante figura política, muy cercana a Machado, que fue viceministro de Relaciones Interiores en 1986, dos veces gobernador del estado de Mérida (1984 a 1986 y 1996 a 2000) y diputado entre 2011 y 2020.
Pero también tomó notoriedad a nivel internacional en particular en Uruguay por un dato que brindó en rueda de prensa el canciller Omar Paganini el pasado 13 de agosto: “El régimen está recurriendo a su peor cara, que es la cara de una dictadura feroz sin apoyo internacional. Tenemos el caso de Williams Dávila, que es residente uruguayo, que fue gobernador y diputado del Parlasur, que está desaparecido desde hace pocos días”, dijo el ministro uruguayo.
“Creo que es importante y relevante el interés que ha mostrado en el caso de mi papá el gobierno de Uruguay y especialmente su canciller, con la vehemencia con la que lo han hecho”, expresó desde Venezuela a Montevideo Portal William Dávila Valeri, hijo de Williams, quien ha encabezado la búsqueda y la lucha por la liberación de su padre.
Dávila Valeri detalló también que en 2018 su padre recibió la residencia uruguaya “justo para protegerlo en estos casos”.
Y es que el vínculo de Williams Dávila con Uruguay se remonta a, por lo menos, 2016, cuando asumió su banca en la Asamblea Nacional (Parlamento venezolano) por segundo período consecutivo.
Por ese entonces, Dávila se integró a la Comisión de Política Exterior de su Parlamento y, a través de ella, asumió como representante de Venezuela en el Parlamento del Mercosur (Parlasur), cuya sede está ubicada en la rambla del Parque Rodó en Montevideo.
“Al asumir en esa comisión, le tocaba viajar bastante en representación de la Asamblea y él aprovechaba esos viajes para denunciar la dictadura venezolana. Entonces el régimen, en contra de él y otros diputados, le anuló el pasaporte y declaró que había sido robado cuando Williams lo tenía en sus manos”, contó a Montevideo Portal Diego Cabrita, abogado venezolano radicado en Uruguay, que fue secretario de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlasur cuando Dávila la presidía, y lo considera como un padre adoptivo.
“De hecho, fue uno de los primeros que denunció la migración forzada de millones de venezolanos fuera de Venezuela en 2017 en el Parlasur y promovió una declaración en contra de todo esto”, destacó.
Toda esta información es respaldada por una carta enviada por Dávila al entonces presidente del Parlasur, el paraguayo Tomás Bittar, a la que accedió Montevideo Portal.
Allí, entre otras cosas, relata que el 7 de febrero de 2017, cuando se aprestaba a viajar a Washington a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) para reunirse con su secretario general, el uruguayo Luis Almagro, en el Aeropuerto Simón Bolívar le impidieron viajar y alegaron que “el pasaporte tenía un error técnico, que había sido anulado por pérdida”.
Dávila denunciaba en la misiva ser “víctima de violación de derechos humanos, políticos y parlamentarios”.
También contaba que en 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo perteneciente a la OEA, le otorgó a él y a otros dirigentes opositores “medidas cautelares para proteger la integridad física de los dirigentes y evitar un daño irreparable a estas personas”, por entender que se encontraban en “situación de riesgo, ante las constantes amenazas, ataques reiterados, hostigamientos y actos de violencia en su contra, por parte de agentes del gobierno venezolano y sus grupos violentos dirigidos”.
Tras este respaldo de la CIDH vino una sanción administrativa del gobierno venezolano que le prohibía la salida del país.
“Entonces le costaba muchísimo venir a Uruguay, a donde tenía que viajar todos los meses, porque debía salir por caminos irregulares de Venezuela para llegar a Colombia y de ahí sí viajar hasta acá”, narró Cabrita.
Colombia le dio un permiso especial para utilizar el pasaporte que tenía, aunque este fuese inválido para el gobierno de Venezuela. Pero a mediados de 2018 ese pasaporte se quedó sin hojas, lo que imposibilitaba su salida hacia Uruguay.
“Fui uno de los que le recomendó obtener la residencia en Uruguay. Primero porque incluso en momentos muy álgidos de demasiada persecución, él pudiese quedarse algunos días más acá en Montevideo. Además, con la residencia podía hacer uso de la cédula de identidad uruguaya a la hora de entrar al país y, sobre todo, moverse dentro de algún aeropuerto de Colombia con destino a Montevideo”, manifestó su compañero del Parlasur.
Así, en agosto de 2018 obtuvo su residencia en Uruguay. Dávila también tiene ciudadanía portuguesa, pero nunca se quiso radicar en otro país que no fuese Venezuela.
“Él nunca manejó la hipótesis de ser exiliado en algún país, nunca quedó en vivir totalmente acá [en Uruguay] porque sabe muy bien que la lucha hay que darla dentro de Venezuela”, reveló Cabrita, quien desde hace nueve años vive en nuestro país.
El exgobernador venezolano “asumió como algo personal” la campaña electoral en respaldo al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, apoyado por la líder opositora María Corina Machado, que estaba inhibida de postularse.
“Pensaba que era la oportunidad de que Venezuela saliera de esta dictadura, que se rompieran esos nexos de opresión, por eso dejó todo en la campaña”, dijo el abogado, y amplió que en 2021 el político venezolano estuvo varios meses en Uruguay para conocer más sobre la salida de la dictadura cívico-militar uruguaya, que comenzó en 1984.
“Williams se interesó muchísimo a nivel personal y político en la historia reciente de Uruguay y, sobre todo, en la salida democrática. Y se pudo entrevistar con el expresidente [Julio María] Sanguinetti. También se entrevistó con algunas personas de distintos partidos que estuvieron cercanas al Pacto del Club Naval, porque esa salida coyuntural que tuvo el Uruguay fue algo que a él lo apasionaba muchísimo a nivel personal y que quería aplicarla para Venezuela”, relató quien lo acompañó en esas visitas.
“Él quería aplicar muchas de las lecciones aprendidas de los uruguayos para salir de estos regímenes”, sumó.
De acuerdo con Cabrita, el exlegislador de Venezuela “se siente muy cercano a la realidad y la sociedad uruguaya por tantos capítulos de la historia que tienen compartida Venezuela y Uruguay y, sobre todo, su partido político Acción Democrática”.
En 1976 el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez, perteneciente a Acción Democrática, rompió relaciones diplomáticas con la dictadura uruguaya, luego de que la maestra Elena Quinteros fuera detenida por las fuerzas represivas al intentar pedir asilo en la embajada venezolana en Uruguay el 28 de junio de ese año. Hasta hoy, Quinteros integra la lista de desaparecidos cuyo cuerpo nunca fue encontrado.
Por ese entonces Dávila, que tenía 25 años, era un estudiante que cursaba su maestría en la Escuela de Leyes de Harvard. Pero años antes ya había comenzado su militancia política a nivel universitario.
Tal fue su interés en el caso de Quinteros que, en 2021, cuando estuvo en Uruguay, también se reunió con la hija del diplomático que recibió a la joven militante comunista en la embajada. “Ella sigue viviendo acá. Se entrevistó con ella para conocer más a profundidad a ese caso. Se entregó mucho a esa historia y a ese lazo histórico que nos une a Venezuela de Uruguay”, agregó Cabrita.
Además, su vínculo con esa historia venía por su padre. “Esto viene de familia porque mi abuelo, Hugo Dávila Lamus, fue senador por Acción Democrática en esos años. Con lo cual es un tema generacional y él de joven participó mucho en actividades, si bien en ese año estaba viviendo en Estados Unidos”, contó el hijo de Dávila.
Pese a todo lo vivido y a la persecución del gobierno de Maduro, que incluso calificó públicamente como “terrorista”, el hombre insistía en creer que había una salida democrática para su país e insistió con ello hasta ser apresado a comienzos de agosto de este año.
Situación actual
A partir de la denuncia de su familia por “desaparición forzada” y la presentación de un recurso de habeas corpus ante el Ministerio Público que no fue admitido por las autoridades, el pasado miércoles 14 de agosto la CIDH actualizó la medida que había tomado en 2017 para proteger a Dávila mediante una resolución que pedía su “inmediata liberación”.
Ese mismo día, su familia tuvo por primera vez noticias del hombre, luego de una semana de no tener ni una pista de su paradero.
Agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) lo habían trasladado al Hospital de Clínicas de Caracas, con fiebre y dolor muy fuerte. Cuando los médicos lo evaluaron, descubrieron que presentaba cuadros de deshidratación profunda, infección urinaria y, producto de la infección, un inicio de septicemia, es decir, la presencia de bacterias potencialmente mortíferas en la sangre.
Allí permanece internado, “estable”, pero impedido de ver a su familia y a sus seres queridos.
“Fue enviado a ese hospital sin nosotros tener ninguna información”, apuntó su hijo, y planteó: “Nos enteramos por algunos familiares médicos que tenemos allí. Mi tío, que es médico, se apersonó ahí para tratar de verlo. Hasta hoy no tenemos, para nada, ningún tipo de información formal”.
En tanto, Cabrita detalló que Dávila se encuentra en un “área restringida por su condición de salud, pero también restringida por oficiales del Sebin que lo tienen totalmente aislado, no lo dejan hablar con sus familiares, ni con abogados, ni con nadie”.
“Gracias a un cardiólogo de allí, que es el que no le ha dado de alta, Williams aún puede estar en ese centro de salud porque ya han intentado tres o cuatro veces llevárselo al Helicoide”, explicó.
Gracias a informaciones extraoficiales de médicos y personal de salud que escucharon conversaciones de los integrantes del Sebin que acompañaron a Dávila, su familia se enteró de que, durante esa semana que estuvo desaparecido, el septuagenario permaneció preso en el Helicoide, un edificio ubicado en el centro de Caracas, que es denunciado como el centro de torturas más grande de Latinoamérica.
“Formalmente nunca nos enteramos de que estaba en el Helicoide. Todo esto fue a raíz de rumores e información no oficial que nos llegaba. Tampoco nadie nos ha llamado ni nos ha dicho: ‘esta persona tiene estos cargos’ o ‘lo apresamos por esto’. No tenemos ningún tipo de información”, denunció Dávila Valeri, y añadió: “Queremos conocer, saber qué se quiere hacer con él, por qué está ahí y qué tiene; todo ese tipo de cosas”.
“Lo peor de todo esto es que no hay información. No nos dicen nada. Hemos metimos un recurso en la Fiscalía para conocer bien el caso; no nos han contestado. También hemos metido algunos recursos en organismos de derechos humanos para que nos ayuden a conocer detalles. Sabemos que el gobierno de Portugal está siguiendo el caso y está teniendo conversaciones privadas con el gobierno venezolano. Pero hasta el momento no tenemos noticias oficiales”, sentenció.
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