Por The New York Times | Miriam Jordan

United States Politics and Government

Illegal Immigration

Deportation

Legal Aid for the Poor (Civil)

Search and Seizure

Homan, Thomas D

California

United States

Immigration and Customs Enforcement (US)

Constitution (US)

La “tarjeta roja”, distribuida por un grupo de asistencia jurídica, expone derechos y protecciones clave para los migrantes ante un encuentro con agentes migratorios.

Tiene el tamaño de una tarjeta de crédito, viene en 19 idiomas y está en los bolsillos y carteras de millones de migrantes.

La tarjeta roja, como la conocen sus portadores, contiene una colección de consejos prácticos y derechos legales para los migrantes que puedan verse en el punto de mira de los agentes federales.

Aunque la tarjeta existe desde hace casi dos décadas, el interés por ella se ha disparado en el último mes, en medio de una oleada de edictos antiinmigrantes del presidente Donald Trump durante sus primeros días de regreso a la Casa Blanca. La organización sin ánimo de lucro Centro de Recursos Legales para Inmigrantes ha recibido pedidos de varios millones de tarjetas de todo el país, una demanda que su contratista de impresión se ha apresurado a satisfacer.

Eliseo, instalador de alfombras en el norte de California, guarda una en su billetera y otra en la guantera de su camioneta. Su esposa, Maria, guarda la suya en la funda de la parte posterior de su teléfono móvil. Su hijo de 13 años, ciudadano estadounidense, las ha distribuido entre sus compañeros de clase.

“Enseñas la tarjeta a los agentes”, dijo Eliseo, padre de tres hijos que lleva décadas en Estados Unidos. “Es la que habla”.

Como otros migrantes indocumentados entrevistados para este artículo, habló con la condición de que se le identificara solo por su nombre de pila.

La Constitución garantiza ciertas protecciones a todas las personas en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. La tarjeta destaca algunas que son especialmente relevantes para los migrantes indocumentados, como el derecho a guardar silencio, recogido en la Quinta Enmienda, y el derecho a negar la entrada al domicilio, recogido en la Cuarta Enmienda, a menos que un agente disponga de una orden firmada por un juez.

Pero por fundamentales que sean esos derechos, han creado fricciones en la lucha sobre cómo debe abordar el país la migración ilegal y cómo deben tratar las autoridades a los millones de indocumentados que viven y trabajan en Estados Unidos.

Para muchos de esos migrantes, hacer valer los derechos esbozados en la tarjeta roja podría ser la diferencia entre ser deportado o permanecer en el país. Para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y otras agencias federales que intentan cumplir la promesa del presidente de llevar a cabo deportaciones masivas, esos mismos derechos son un obstáculo.

“Lo llaman ‘Conoce tus derechos’”, dijo el mes pasado en CNN el llamado zar de la frontera del presidente, Thomas D. Homan. “Yo lo llamo ‘Cómo escapar de la detención’”.

La migración fue un tema definitorio de la campaña presidencial de Trump, que volvió a la Casa Blanca prometiendo mano dura. En los primeros días de su gestión, el ICE destacó las redadas de migración y los vuelos de deportación, pero los agentes federales han tenido dificultades para cumplir las expectativas del presidente. Homan y otros han culpado a los funcionarios locales, a los grupos de defensa de los derechos de los migrantes y a los medios de comunicación de obstaculizar los esfuerzos de aplicación de la ley.

Aunque las medidas de deportación han dado lugar a menos detenciones de las prometidas, han suscitado un temor generalizado y han estimulado los esfuerzos para garantizar que los migrantes, especialmente los indocumentados, conozcan sus garantías legales. Las organizaciones han estado celebrando sesiones de “conoce tus derechos” para enseñar a los migrantes que pueden ocultar información personal y negarse a firmar documentos. La proliferación de las tarjetas rojas subraya la creciente ansiedad y los esfuerzos cada vez mayores para contrarrestarla.

Desde las elecciones, el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, con sede en San Francisco, ha recibido pedidos de unos nueve millones de tarjetas, más que en los 17 años anteriores juntos. La mayoría de los pedidos proceden de organizaciones sin fines de lucro que las proporcionan a escuelas, iglesias, clínicas y bancos de alimentos, que a su vez las distribuyen a los migrantes.

Caryn Shapiro, profesora de secundaria en Columbus, Ohio, dijo que había repartido tarjetas en nueve idiomas, entre ellos árabe, chino, francés, pastún y ucraniano. “Los niños, sea cual sea su estatus, están aterrorizados por el ICE”, dijo.

En un día reciente, la imprenta contratada para imprimir las tarjetas las producía por cientos de miles. “Todo nuestro personal está trabajando en las tarjetas rojas”, dijo Troy Jones, quien es copropietario de la empresa, Printed Union, de San José, California.

En una sala, una impresora arrojaba 12.000 hojas por hora, cada una con 84 tarjetas en chino. En otra habitación, cajas de tarjetas etiquetadas como “ucraniano” y “ruso” estaban colocadas una al lado de la otra en un estante. Las pilas en árabe, farsi, criollo haitiano, hmong, punyabí y tigriña estaban listas para empaquetarse, y pronto se enviarían los primeros lotes en amárico, jemer y portugués.

Una computadora generaba etiquetas para los pedidos, tanto a los estados republicanos como a los demócratas. “Estamos enviando literalmente a todos los estados que puedas imaginar”, dijo Jones, tras recibir una llamada de una monja de Minnesota que pedía 250 en español. “La gente los necesita lo antes posible”.

Migrantes desde Alabama hasta Alaska han estado preparando sesiones informativas. TODEC, una organización de ayuda legal del sur de California, ha distribuido unas 500.000 tarjetas y esta semana ha celebrado una clase de capacitación titulada “El poder de la tarjeta roja”, que atrajo a 300 participantes.

“La tarjeta roja es una herramienta muy, muy poderosa”, dijo en la sesión Sandra Reyes, coordinadora educativa de TODEC.

“Puede que te pongas nervioso si te para un agente”, dijo. “Simplemente, saca la tarjeta y léela, o entrégala sin pronunciar palabra”.

Tras asistir a un acto de TODEC el mes pasado, un trabajador de construcción indocumentado dijo que lo pararon unos agentes cuando se dirigía a la iglesia el 2 de febrero.

Cuando le preguntaron si tenía “papeles”, Luiz, de 40 años, entregó a los agentes la tarjeta roja y no dijo nada, recordó. Después de que le ordenaran salir del coche, los agentes lo presionaron para que revelara su estatus migratorio, dijo Luiz. Dijo que permaneció en silencio y negó con la cabeza cuando le preguntaron si había tenido problemas con la ley.

Luiz dijo que, tras revisar la identificación mexicana que llevaba en la cartera, los agentes comprobaron sus antecedentes y le permitieron marcharse. “La tarjeta roja me salvó”, dijo. “Les digo a todos mis amigos que enseñen la tarjeta y se callen”.

Mark Silverman was a lawyer with the Immigrant Legal Resource Center when he hatched the idea of the card in 2006, after a spate of immigration raids at workplaces fueled fear among immigrants.

The goal was to make the card small enough to slip into a wallet or a pocket. It was intentionally red, a color associated with “Stop” and that calls to mind the card that soccer referees use to eject players.

“I never predicted that the card would have such a long life,” said Mr. Silverman, who retired in 2018, “or ever be in such great demand.”

In California’s Central Valley, a fieldworker named Felipe was driving three co-workers to harvest lettuce on a recent Sunday before sunrise.

When agents pulled them over, Felipe, a 49-year-old immigrant and father of three children born in the United States, grabbed the card from his dashboard.

The agent scrutinized it and looked annoyed, Felipe said.

Another agent pressured the men to divulge their immigration status. Felipe produced only his California driver’s license.

“What do you want from us?” he recalled telling them. “We aren’t criminals. We have rights.”

Soon the men were back on their way to work.

Mark Silverman era abogado del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes cuando concibió la idea de la tarjeta en 2006, después de que una oleada de redadas de inmigración en los lugares de trabajo avivara el miedo entre los migrantes.

El objetivo era que la tarjeta fuera lo bastante pequeña para que cupiera en una cartera o un bolsillo. Se hizo a propósito de color rojo, un color que se asocia con “Stop”, o alto en español, y que recuerda a la tarjeta que utilizan los árbitros de fútbol para expulsar a los jugadores.

“Nunca predije que la tarjeta tendría una vida tan larga”, dijo Silverman, que se jubiló en 2018, “ni que llegaría a tener tanta demanda”.

En el Valle Central de California, un trabajador del campo llamado Felipe llevaba a tres compañeros a cosechar lechugas un domingo reciente antes del amanecer.

Cuando los agentes les hicieron detener el carro, Felipe, migrante de 49 años y padre de tres hijos nacidos en Estados Unidos, tomó la tarjeta del tablero.

El agente la examinó y parecía molesto, dijo Felipe.

Otro agente presionó a los hombres para que revelaran su estatus migratorio. Felipe solo presentó su permiso de conducir de California.

“¿Qué quieren de nosotros?”, recuerda que les dijo. “No somos delincuentes. Tenemos derechos”.

Pronto los hombres volvieron a su trabajo.

Miriam Jordan

cubre el impacto de la migración en la sociedad, la cultura y la economía de Estados Unidos desde la perspectiva de base. Más de Miriam Jordan