El juez letrado Darwin Rampoldi Robaina falló a favor de los vecinos del balneario Costa Azul, en el departamento de Rocha, que habían presentado un pedido de medida cautelar contra la intendencia departamental y el Ministerio de Ambiente por el encorado realizado en la playa de dicho balneario.
Según la sentencia, a la que accedió Montevideo Portal, el magistrado intimó a la Intendencia de Rocha (IR) “a presentar la documentación que informe sobre las eventuales invasiones o ensanches o cercamientos de espacios públicos, así como la existencia de cercas eléctricas y estacionamiento de vehículos sobre las dunas correspondientes a los lugares de realización del enrocamiento”.
Asimismo, Rampoldi intimó a que la comuna departamental retire y detenga la “colocación de alambrados, cercos, piedras, quintas y jardines, prohibir el tránsito vehicular y el estacionamiento de vehículos sobre la duna o cualquier otra ocupación que se haya hecho sobre los terrenos que se encuentren en dominio público”.
A fines de diciembre de 2023, un grupo de vecinos de Costa Azul presentó una demanda civil contra la Intendencia de Rocha (IR) y el Ministerio de Ambiente por la obra de enrocado de un kilómetro de extensión —de entre dos y tres metros de ancho— que realizó la comuna departamental sobre la franja costera del balneario, ubicado cerca de La Paloma.
La iniciativa judicial pretendía que se aplique una medida cautelar de forma urgente para que algunos de los privados con propiedades en la primera línea de la costa “frenen su avance sobre el espacio público”, hecho que ocurrió a lo largo de los primeros días de 2024, según constató Montevideo Portal al recorrer la zona.
Al presentar el recurso judicial el 19 de diciembre de 2023, los demandantes que se sintieron afectados con la obra reclamaron que la Justicia notifique a la comuna departamental la obligación “urgente” de intimar a los propietarios de las casas en la primera línea de la franja costera para que se retiren del espacio público.
El enrocado, que fue realizado entre 2022 y 2023, en dos tramos distintos, tuvo un costo de US$ 1 millón. La obra sobre la franja costera del balneario tiene un kilómetro de extensión y entre dos y tres metros de ancho.
No obstante, los vecinos demandantes señalaron en la demanda: “No es una intervención para recuperar la playa ni el ecosistema costero, sino una protección para recuperar el espacio o el predio privado que han perdido los vecinos de Costa Azul en esa franja, que es la primera línea sobre los médanos del balneario”.
“Por tanto, como relatan vecinos, técnicos públicos, el municipio, fotografías, y acta de constatación, la obra de intervención de enrocado para protección de infraestructura costera de privados ha provocado dificultades en el libre y seguro tránsito en la playa debido al esparcimiento de rocas en toda la costa, donde debería ser un espacio de libre acceso público en el que se debe garantizar la seguridad de las personas”, añadía el escrito.
En esta línea, se reclamaba “tomar medidas urgentes respecto a las invasiones y obstrucciones que cada día aumentan en el espacio público playa”.
Finalmente, la Justicia falló a favor de este reclamo, aunque la Intendencia de Rocha tendrá la posibilidad de apelar la decisión judicial. La demanda fue presentada en el Juzgado Letrado de 1ª instancia en lo Civil de 14.º Turno.