Siete de cada diez legisladores uruguayos están a favor de "otorgar una renta básica y temporal a las familias más vulnerables", considerando a una renta básica como la transferencia de una suma de dinero suficiente para cubrir las necesidades básicas, sin la exigencia de contraprestación.
En tanto, un 25% de los legisladores nacionales se manifestó en contra de una medida de este tipo, mientras que un 4% "no sabe o no contesta".
Esta información se desprende de la tercera entrega del trabajo realizado por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que encuestó a los legisladores de los distintos partidos políticos sobre diversos temas. En esta tercera parte se consultó acerca de temas vinculados a educación, salud y seguridad ciudadana. Respondieron a la encuesta todos los senadores y 93 de los 99 diputados.
Con respecto a la renta básica, dentro de los parlamentarios oficialistas un 52% se manifestó a favor de otorgar el beneficio social, mientras que entre los legisladores de la oposición ese porcentaje ascendió a 96%.
En aspectos educativos, 62% de los legisladores consideró que el sistema educativo uruguayo no prepara adecuadamente a las nuevas generaciones para el mercado laboral. Un 30% opinó lo contrario, que sí prepara, y un 8% decidió no responder.
Entre los diputados y senadores del oficialismo, un 86% sostuvo que el sistema educativo no prepara los suficiente para insertarse al mercado de trabajo, mientras que en el caso de la oposición ese porcentaje se ubica en 30%.
En esa línea, el 55% de los legisladores de la oposición opinó que el sistema educativo uruguayo es capaz de preparar a los jóvenes de forma adecuada para el ingreso al ámbito laboral.
En la temática de salud, un 95% de los legisladores consultados se mostró "de acuerdo" o "muy de acuerdo" en que el Estado influya de forma activa para que la población tenga hábitos alimenticios saludables, mientras que apenas un 5% se manifestó en contra.
Esta última consulta fue realizada dentro del contexto de la exigencia del rotulado de alimentos para aquellos productos envasados, que excedan los valores establecidos en grasas, grasas saturadas, azúcares o sodio por el decreto 34/021.
Otros resultados que arrojó la tercera entrega del trabajo realizado por el think tank, mostraron que existen consensos dentro del Parlamento en otorgar exoneración de impuestos a empresas que lleven adelante políticas de protección medio ambiental, en el acceso gratuito a medicamentos de alto costo y en dar una canasta a los reclusos que recuperan su libertad.
Además, el 95% de los legisladores consultados consideró ventajosa para la economía del país la inmigración.