El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) detalló este martes ante el Parlamento el estado del trámite de 14 familias a las que la exministra Irene Moreira les había concedido acceder a iniciar el proceso para entregarles una vivienda de forma directa.

Acompañado por el nuevo ministro Raúl Lozano, el director nacional de Vivienda, Jorge Ceretta, dijo en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado que los casos sucedieron en el último año, más precisamente 13 de ellos después de julio de 2022 y uno de ellos de forma anterior a esa fecha. La bisagra en el calendario está marcada ya que esa es la fecha en que el MVOT emitió una resolución para, de cierto modo, protocolizar el procedimiento para realizar adjudicaciones directas en los complejos habitacionales.

“Se hizo una circular que se compartió abiertamente con todo el ministerio, como una forma de que, en la medida en que esos casos fueran llegando, se siguiera un protocolo, porque se entendió que era justo que, tanto los funcionarios como las autoridades —la ministra en este caso y su secretaria— tuvieran conocimiento de cuáles eran los caminos”, sostuvo Ceretta.

El jerarca dijo además que, previo a esa fecha, no hubo mecanismos de adjudicación directa ni reserva de cupos. Y, además, negó que haya más de 40 casos, como denuncia el Frente Amplio, y señaló que entre los beneficiarios, según indagó, hay personas de todas las filiaciones políticas.

“En los primeros años no se hizo la reserva de cupos, que recién se implementó a fines de 2021. Efectivamente, en 2022 se elaboró una circular que, de alguna manera, buscaba transparentar esta situación”, afirmó el director.

Los casos

Antes de detallar los casos concretos, el director de Vivienda inició su exposición con los argumentos legales, donde señaló que “el instrumento de la adjudicación directa no es contrario a derecho, y que su ejercicio efectivo por parte de la administración no inhibe que la familia deba cumplir con requisitos de acceso a la vivienda en el marco de los programas respectivos”.

De acuerdo con el relato del director de Vivienda, entre los 14 casos, hay cuatro con ocupación de vivienda. El diario El País había informado este domingo que, en todos los casos, desde la secretaría de la ministra se había manifestado interés en avanzar en las entregas.

El primer caso considerado es uno en Timote y Vitoria, en Belvedere, un alquiler con opción a compra.

Hubo otras tres familias que accedieron a un alquiler con opción a compra. Dos de ellas mediante el programa de licitaciones y cupo de vivienda nueva, “y la otra accedió a una vivienda remanente de un complejo en Rivera, que estaba disponible porque no había habido demanda para el acceso a ella”, dijo Ceretta.

El director pidió más adelante en la Comisión una precisión jurídica sobre los cuatro casos que ya ocuparon las viviendas, y planteó “separar lo que es adjudicación de asignación”. “En tres de estos cuatro casos, en los cuales las familias accedieron a la vivienda, lo hicieron por autorización de ingreso. La autorización de ingreso es el acceso a una vivienda, que es revisable y revocable; no hay una adjudicación definitiva de la vivienda, lo que sí hay es una posibilidad de acceder a ella en función de la situación en que se encontraba esa familia”, dijo.

“El quinto caso —de pública notoriedad— está vinculado con el edificio que se entregó hace unos días, ubicado en las calles Nueva York y Yí. Ese expediente está en trámite”, agregó Ceretta. Este fue el caso inicial informado por radio Universal y que derivó en el cese de Moreira. La beneficiada era una militante de Cabildo Abierto y trabajaba en el semanario La Mañana, un medio vinculado al partido de Guido Manini Ríos, esposo de la exministra. En la Comisión, el ministro Lozano dijo que esta adjudicación permanece en suspenso mientras se realiza una investigación administrativa en la cartera.

Por su parte, según el director de Vivienda, hay cuatro casos que por distintas circunstancias quedaron por el camino. Ceretta explicó que, en algunos casos, la familia desistió y, en otros, no calificaban por razones socioeconómicas, de composición de la familia o porque se entendió que la urgencia no era tal.

El décimo caso, aún a estudio, es el de una persona que cuenta con un informe favorable, pero el expediente todavía no terminó su proceso. Desde el MVOT explicaron a los parlamentarios que se trata de “una persona de edad con un problema importante de salud que está casi en situación de calle”.

“En realidad, está ocupando una residencia gracias al apoyo que consiguió de un grupo de amigos que por unos meses —digamos— se comprometieron a ayudarlo, pero una vez cumplido ese plazo y con su ingreso, que es muy mínimo —percibe $ 21.000 y debe gastar $ 10.000 en medicamentos—, su única posibilidad es acceder a alguna vivienda por medio de una autorización de ingreso”, completó Ceretta.

Por su parte, los restantes cuatro casos todavía no tienen número de expediente. “Desde la secretaría se recibió la posibilidad de analizar a esas familias, lo que en su momento se procesará y en el futuro se verá si les corresponde o no alguna posibilidad de acceso a la vivienda”, agregó el director de Vivienda.

Lozano, en tanto, señaló que todas las adjudicaciones por este mecanismo quedaron en suspenso hasta que no se culmine la investigación administrativa.

Ceretta también dijo que analizó uno a uno los 14 casos, y que hay personas de distintas filiaciones partidarias.

“Se dijo que podía haber una cercanía con quien solicitó su consideración, y sobre estos casos podemos investigar y traer información. Hay personas de todas las afiliaciones políticas, de todos los orígenes, con vínculos laborales, etcétera. Obviamente, en algún caso se dio esta situación. La persona por tener esa cercanía [con la exministra] no pierde el derecho a la vivienda. De alguna manera entendemos que puede ser mirada con desconfianza, pero les puedo asegurar que en estos 14 casos —me tomé el trabajo de analizarlos— hay personas con diversas afiliaciones políticas y de todos los orígenes”, dijo.

Además del caso de la militante cabildante, otra de las beneficiarias fue una exempleada doméstica de Moreira, según informó El País el 10 de mayo.

Las explicaciones del MVOT fueron rechazas por el Frente Amplio, que consideró las situaciones como irregulares.

El senador Sebastián Sabini (MPP) afirmó que la interpretación de la normativa que hace la oposición indica que las normas no habilitan un cupo de adjudicación directa por parte de la ministra. “Rechazamos que se haya llevado adelante esa práctica por la secretaría de cualquier ministra o ministro; me refiero a la adjudicación directa de una vivienda en estas condiciones”, señaló.