En las últimas horas se produjo el cierre de un episodio insólito, que involucró a autoridades y académicos para buscar una solución.

Todo comenzó el pasado 25 de agosto, cuando un hombre de 47 años residente en el departamento de Canelones se quitó la vida. El suicida llevó a cabo su cometido a través de un método poco común: la ingesta de mercurio.

Al día siguiente, cuando los deudos se disponían a llevar a cabo el funeral, fueron notificados de que no podían hacerlo debido al alto poder contaminante del elemento químico utilizado.

Por esa razón, se aplazó la inhumación del cadáver hasta que se contara con la información y los implementos necesarios. Esta labor no fue sencilla, ya que el caso no tenía precedentes en el país y —literalmente— no se sabía qué hacer.

Cristina Villamayor, representante de la empresa fúnebre encargada del caso, explicó a comienzos de setiembre lo que sucedía: “Los familiares recibieron de parte de la Intendencia una negativa de que se sepulte porque era un envenenamiento con mercurio y, según lo que nos dicen, es altamente contaminante al medio ambiente. Si se pone en un nicho municipal puede llegar a alguna temperatura que el cuerpo largue algún gas que dañe el medio ambiente, y si se ponía en tierra podía contaminar las napas”, dijo en declaraciones a Telenoche.

Ante esa situación, las autoridades decidieron recurrir a la academia en busca de una solución.

El procedimiento que se decidió ejecutar incluía un tratamiento químico de los restos, algo que permitiría encapsular el mercurio dentro del cadáver e impediría su dispersión. Para ello fue necesario aguardar a que llegaran desde el exterior algunos productos que no se encuentran en nuestro país.

Finalmente, esta semana se pudo cumplir el protocolo diseñado ad hoc, y el difunto pudo descansar en paz. Para ello fue necesario tratar el cuerpo con azufre y confeccionar un féretro de metal.

“Se está dando el cierre de esta etapa para los familiares. Es un proceso que llevó un tiempo prolongado porque es una situación nueva que no era conocida en el país, para lo que se requirió una mesa de trabajo que formó el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración de la Intendencia y expertos internacionales donde se estableció un protocolo para el tratamiento del cuerpo previo a la inhumación”, dijo al citado medio la directora general de la Intendencia de Canelones, Mariana Anza.

El sepelio, que en primera instancia debía llevarse a cabo en el cementerio de Las Piedras, terminó por hacerse en el de Progreso. La elección se debió a que esa necrópolis posee un “espacio físico adecuado para hacer las maniobras como para proceder a una sepultura más libre, más espaciada de otras sepulturas”, detalló la funcionaria.