En las zonas globales de conflicto, los hospitales y los médicos ya no están seguros

Por The New York Times | Stephanie Nolen

La explosión del martes en el hospital Ahli Arab de la ciudad de Gaza fue el último de una serie creciente de incidentes violentos en instalaciones médicas en zonas en conflicto, que en conjunto han causado un enorme daño a infraestructuras y trabajadores sanitarios vitales, violaciones de lo que en su momento fue un aspecto fundamental del derecho internacional.

A lo largo de las dos últimas décadas, a medida que se ha erosionado el principio de preservar al personal y las instalaciones sanitarias, agentes estatales han estado detrás de los incidentes más peligrosos, afirmó Michiel Hofman, coordinador operativo de Médicos Sin Fronteras en Sudán y veterano de la prestación de asistencia médica en Afganistán, Yemen y Siria.

Sin embargo, el artículo 18 del Primer Convenio de Ginebra, ratificado por los Estados miembro de las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, dice que los hospitales civiles “no podrán en ningún caso ser objeto de ataques, sino que las partes en conflicto deberán respetarlos y protegerlos en todo momento”.

El artículo 20 del convenio dice que el personal sanitario también debe ser protegido por todas las partes.

“Al parecer, la voluntad de los Estados de traspasar los límites del derecho internacional humanitario se ha acelerado”, afirmó Hofman. “Los Estados han firmado explícitamente los Convenios de Ginebra, y los Estados suelen tener mucho más poder militar y aéreo, especialmente”.

En Ucrania, Rusia ha llevado a cabo más de 1100 ataques a instalaciones y trabajadores sanitarios desde que comenzó su invasión hace 21 meses, una cifra asombrosa para un periodo tan corto, comentó Leonard Rubenstein, experto en salud y derechos humanos de la Universidad Johns Hopkins.

Rubenstein preside la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos, formada por más de treinta organizaciones humanitarias y de derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto y realizan un seguimiento de los ataques a la atención sanitaria en todo el mundo.

Rubenstein afirmó que el patrón de los ataques rusos demuestra que, en algunos casos, Moscú ha atacado a propósito hospitales y, en otros, ha atacado de manera indiscriminada zonas donde había hospitales; ambas acciones son crímenes de guerra. “No rinden cuentas, gozan de total impunidad”, afirmó. “Y no les importa”.

Añadió que ni los soldados o comandantes rusos ni ningún otro actor estatal o paramilitar que haya atacado centros médicos ?con una excepción? ha enfrentado nunca un proceso por parte de los organismos internacionales: “Existe un amplio acuerdo en la comunidad internacional de que los ataques al sector de la salud son inaceptables; proteger la sanidad es lo más básico y humano. Pero no hay un compromiso real de los gobiernos de hacer lo necesario para evitarlos”.

“No ha habido rendición de cuentas, sino impunidad total: ningún proceso ni interferencia política con las entidades de la ONU que busque siquiera una condena leve de los Estados responsables de los ataques”, agregó.

La única vez que un ataque deliberado a un hospital fue remitido para su enjuiciamiento en un tribunal internacional el incidente ocurrió durante la guerra de Bosnia. Esa fue una de las siete acusaciones contra un comandante militar serbio consideradas por el tribunal que investigaba los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia.

La Corte Penal Internacional, tribunal creado por las Naciones Unidas hace 21 años para procesar los crímenes de lesa humanidad, nunca ha emitido un auto de procesamiento por ataques a personal o infraestructura médica.

Los ataques a instalaciones médicas ponen en peligro la asistencia sanitaria no solo para los heridos en combate, sino también para quienes tienen necesidades médicas rutinarias. El jueves, Médicos Sin Fronteras (MSF) retiró un equipo quirúrgico de un hospital de Sudán después de que las autoridades militares bloquearan el suministro de material al centro. El equipo había estado realizando operaciones de traumatología y cesáreas desde uno de los últimos hospitales en funcionamiento de la capital, Jartum.

“Es muy doloroso, por la angustia moral de los médicos”, aseguró Hofman. No podían funcionar sin suministros básicos, pero también les perturbaba profundamente cortar una de las últimas fuentes de atención en una ciudad donde los combates no han cesado desde que facciones rivales del gobierno militar entraron en guerra en abril.

En Ucrania, los ataques rusos han destruido entre el diez y el quince por ciento de las instalaciones médicas. Según Pavlo Kovtoniuk, quien fue viceministro de Salud en ese país y ahora trabaja en el Centro de Salud de Ucrania, un centro de investigación, los daños son aún más grandes de lo que parece.

“Los hospitales son símbolo del respeto a la vida civil, y cuando la gente ve que eso se ignora, dice: ‘Tenemos que irnos’”, afirmó. “Tenemos una enorme pérdida de capital humano, con más de seis millones de personas que actualmente viven fuera de las fronteras”.

Entre los que se quedan, hay una población cada vez mayor que necesita rehabilitación y apoyo psicosocial a causa de la constante contracción del sistema sanitario.

“Esta no es una situación de guerra según las leyes bélicas y la Convención de Ginebra: es una filosofía de combate totalmente diferente que desprecia por completo la vida de los civiles”, expresó Kovtoniuk.

“Estamos revisando las normas que creíamos obvias sobre el respeto a la vida de los civiles, y Rusia ha contribuido a sentimiento de ‘sí, podemos hacerlo, podemos atacar infraestructuras civiles como arma de guerra’”, añadió.

Según Kovtoniuk, las autoridades ucranianas están colaborando con la Corte Penal Internacional para recopilar pruebas de los ataques. Al menos algunos altos funcionarios rusos deben ser acusados para restablecer el principio de protección de los trabajadores y las instalaciones sanitarias, indicó. Rusia con frecuencia ha asegurado que las instalaciones atacadas albergaban combatientes ucranianos o ha rechazado las acusaciones por considerarlas falsas.

En Sudán, MSF afirma que la cantidad de muertes causadas por necesidades médicas desatendidas es tan grande como la cantidad de las causadas por heridas violentas. Según la Organización Mundial de la Salud, el 70 por ciento de las instalaciones médicas de Sudán ya no funcionan. Más de siete millones de personas han sido desplazadas internamente y se enfrentan a una serie de brotes de enfermedades.

En Sudán hay epidemias de cólera, malaria, dengue y sarampión. La OMS afirma que el sarampión y la desnutrición han causado la muerte de 1200 niños desde que inició la guerra en abril, y que la distribución de vacunas es imposible en muchas partes del país.

“Para empezar, la atención sanitaria ya era terrible, y toda la asistencia médica especializada que brindábamos estaba demasiado centrada en Jartum, y ya no funciona”, aseguró Yasir Yousif Elamin, presidente de la Asociación de Médicos Sudaneses Estadounidenses. “Los lugares donde se puede realizar cirugía cardiaca, neurocirugía, atención oncológica, diálisis, etcétera, están fuera de servicio”. El mes pasado, en la ciudad de Wad Madani, Elamin conoció a un niño de 5 años que había recibido un disparo en el abdomen en Jartum. Su madre lo había trasladado cientos de kilómetros en busca de ayuda.

“Imagínate que no tienes algo tan básico como esto para un niño herido por accidente”, dijo Elamin.

Los investigadores no empezaron a hacer un seguimiento organizado de los ataques a centros sanitarios en zonas de conflicto sino hasta principios de la década de 2000, por lo que es difícil hablar con certeza sobre la tendencia, señaló Rubenstein.

Sin embargo, en un análisis de las cifras correspondientes a 2022, la Coalición para la Salvaguarda de la Salud en los Conflictos afirmó que los 1989 incidentes tabulados representaban, “por mucho, el número más alto” documentado desde que la coalición empezó a informar hace una década.

Después de Ucrania, que representó casi la mitad de los incidentes, el país más afectado fue Birmania. Más de 800 trabajadores sanitarios han sido detenidos allí desde el golpe militar de 2021.

Entre 2014 y 2016, se produjeron una serie de terribles bombardeos de centros médicos en Afganistán, Siria y Yemen, incluido un ataque aéreo estadounidense a un centro de traumatología gestionado por MSF en Kunduz, Afganistán, en 2015, en el que murieron 42 personas (el Pentágono lo calificó de “no intencional”).

La violencia llevó al Consejo de Seguridad de la ONU a adoptar por unanimidad una resolución que pedía una mayor protección de los trabajadores y las instalaciones médicas en los conflictos armados, lo que supuso “un pequeño respiro”, afirmó Hofman. Sin embargo, este tipo de ataques aéreos continuaron en Siria.

“Pero ahora que han estallado cuatro guerras importantes en los últimos años —en Etiopía, Ucrania, Sudán y ahora Gaza—, estamos de nuevo en un punto álgido”, dijo.

Se han producido más de 115 ataques a instalaciones y personal sanitario en Cisjordania y la Franja de Gaza desde los atentados de Hamás del 7 de octubre. Israel ha advertido a veinte hospitales del norte de Gaza que evacúen a sus pacientes en previsión de una invasión terrestre, pero los médicos palestinos afirman que es imposible trasladarlos. Secuelas de un ataque aéreo de Estados Unidos a un hospital de Médicos Sin Fronteras en el que murieron 42 personas, en Kunduz, Afganistán, el 14 de octubre de 2015. (Victor J. Blue/The New York Times)