Los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP) Charles Carrera y Sandra Lazo, por un lado, y la diputada comunista Micaela Melgar, por otro, presentaron este miércoles un conjunto de consultas al Ministerio del Interior a raíz de la acción de una banda “antipasta”, que es señalada por golpear a indigentes en las calles de Montevideo.
Tanto el Ministerio del Interior como Fiscalía investigan lo denunciado por el sacerdote Omar França, quien había advertido este martes que tres hombres le dijeron haber sido golpeados con bates de béisbol por una banda en la zona de Malvín.
Por esta denuncia, la fiscal de Flagrancia Graciela Peraza dispuso una solicitud al Ministerio del Interior para recabar más datos y, además, solicitó el relevamiento de cámaras en la zona para poder identificar si existen imágenes de lo denunciado.
Carrera y Lazo apuntan a la acción en la investigación del caso de Andrés Capretti, asesor del ministro Luis Alberto Heber, que se reunió con el sacerdote França, tal como publicó el funcionario en Twitter y también narró en diálogo con Radio Sarandí.
El asesor dijo que uno de los casos fue hace tres meses y el otro hace un mes atrás. También señaló que, cuando se tuvo conocimiento de la denuncia, se citó al párroco para que pudiera dar más información y así profundizar la investigación correctamente.
Por su parte, en un pedido de informes, los senadores del MPP plantean reparos sobre si la “intervención” del asesor en el caso “podría entorpecer la investigación en curso”, y consultan si su actuación sigue algún protocolo. También plantearon reparos a la eventual identificación de las víctimas puede afectar sus garantías.
Los frenteamplistas también cuestionaron si corresponde que Capretti, como civil, entreviste a las presuntas víctimas. “¿Qué investidura tiene el asesor, en tanto personal civil, para recabar datos y entrevistar a posibles víctimas y testigos?”, apuntaron.
Melgar, en tanto, consultó en otro pedido de informes cuántas denuncias recibió el Ministerio del Interior desde marzo de 2020 por ataques a personas en situación de calle, así como qué acciones se llevaron adelante.
La diputada también busca conocer si existe una línea de investigación común sobre las eventuales denuncias y si se investiga la existencia de “un grupo criminal organizado con un modus operandi determinado”.