La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) emitió un comunicado este lunes en el que denuncia que “miles de empleos” están siendo “amenazados” por el sindicato de la pesca. En concreto, señalan que el pasado 21 de julio un grumete —aprendiz de marinero— fue forzado a renunciar a su puesto de trabajo luego de recibir presiones del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma).

La cámara menciona que, al día siguiente, los trabajadores de la organización “intentaron presionar” a una empresa para que volviera a contratar a un marinero que había sido despedido a fines de 2021. En esa ocasión, la empresa respondió negativamente y los trabajadores “presionaron” a marineros embarcados. Según dicen, paralizaron cinco buques que estaban prontos para salir.

“Esta situación no solo daña a las empresas armadoras sino también a decenas de tripulantes que no pudieron salir a trabajar en plena temporada de pesca, y pone en riesgo el trabajo de otros cientos de personas en las plantas de procesamiento de pescado que reciben la materia prima de dichas embarcaciones”, señala el comunicado al que accedió Montevideo Portal.

En este sentido, la CIPU menciona que hay un “silencio cómplice” por parte de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y de todas las autoridades del Puerto de Montevideo, quienes “hacen posible la dictadura sindical” del Suntma. Según señala, este sindicato ejerce “presión” sobre los que “quieren trabajar”. “Paralizan la actividad incumpliendo todos los acuerdos y atentando contra la libertad y el derecho al trabajo”, sostiene.

“Denunciamos la complicidad de las autoridades con el sindicato al no haber solucionado aún la presencia totalmente irregular de una ‘oficina’ del sindicato dentro del puerto en el área asignada a la operativa del sector y al no haber actuado sobre la ilegal atribución al sindicato de otorgar pases de acceso al puerto, lo que, a su vez, hace posible esas actitudes mafiosas en contra de la actividad y la libertad. El pasado 25 de marzo la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay intimó a la ANP a cumplir con el código internacional de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP), corrigiendo esa situación, y no hubo ninguna respuesta aún”, agrega el texto.

Las empresas pesqueras entienden que el sector se encuentra en una “grave crisis” apoyada por otros factores, por ejemplo, los precios de los combustibles, la “inoperancia” y “mala gestión” de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos o la desviación de fondos del Fondo de Desarrollo Pesquero a Rentas Generales.

Finalmente, la CIPU y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay manifiestan que se llegó a un “límite de viabilidad del sector”. Agradecen al gobierno nacional por la disposición de escuchar, pero reconocen que “no alcanza con eso”. Por eso, solicitan al Poder Ejecutivo que “actúe de forma urgente” para evitar que en los próximos días “se paralice totalmente” la actividad y se pierdan “miles de empleos”.

Por último, adjuntan la imagen que muestra la carta del marinero que fue “obligado a desembarcar” por el sindicato, presentada ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y otra foto que muestra la “oficina irregular” del sindicato pesquero adentro del puerto.