En las últimas horas, la Comisión de Defensa del Senado recibió una carta firmada por el presidente de la empresa China Shipbuilding Trading Co. (CSTC), compañía que participó del proceso licitatorio abierto por Uruguay para la compra de dos embarcaciones patrulleras oceánicas. Tal como informáramos, tras un cuestionado proceso de selección, la adquisición se adjudicó a los astilleros españoles Cardama por la suma de 92 millones de dólares.

En un artículo que publicó este martes el periódico El Observador, el periodista Leonardo Haberkorn señala que la carta en cuestión está redactada “en un muy preciso castellano”, fue datada en Pekín el día 4 de mayo y dirigida a la legisladora frenteamplista Sandra Lazo, presidenta de la mencionada comisión. La misiva aborda las etapas del proceso licitatorio y contiene “incisivas preguntas” acerca del modo en el que se resolvió.

Según la citada crónica, la carta consta de varias páginas y se remonta al año 2021, cuando el presidente Lacalle Pou anunció que se haría un llamado internacional para la compra de dos lanchas patrulleras oceánicas.

Una vez concretado dicho llamado y recibidas las propuestas de las empresas interesadas, la comisión técnica asesora de la Armada dictaminó que solo la oferta china cumplía con los requisitos establecidos en el pliego. El puntaje era de 96% y fracción sobre 100, algo que la CSTC recuerda en su carta.

Sin embargo, en enero último el ministro Javier García anunció que la licitación se consideraba desierta, ya que todas las propuestas superaban largamente el presupuesto asignado. La oferta china era la más económica y alcanzaba los 168 millones, mientras que el dinero disponible para la operación en Uruguay era de entre 100 y 120 millones.

Posteriormente, y tras un fallido intento de adquirir dos naves noruegas de segunda mano, se produjo un nuevo llamado internacional cuyo resultado se reveló el mes pasado, y que adjudicaba la compra a la compañía española. El artículo consigna que dicha decisión se tomó “a pesar de un categórico informe del jefe del estado Mayor de la Armada, contralmirante Gustavo Musso, que no consideraba confiable dicha oferta y la catalogaba como la peor de todas las que estaban concursando”.

En su carta, la firma china señala que, luego del primer llamado, abarató su oferta inicial y se mostró abierta a negociaciones para reducir aún más el importe: “El 6 de marzo del 2023 nuestra empresa envía, por correo electrónico, una nueva propuesta manteniendo las características técnicas principales del buque original, pero deduciendo algunos equipos y servicios accesorios con el fin de rebajar el precio final de ambos buques. Se llegó a la cifra de U$S 131.980.000, expresando la oportunidad de que, en caso de que se nos convoque a una negociación, ‘se logrará una mejor y más económica solución que satisfaga ampliamente a ambas partes’”. Según el firmante, la compañía recibió un acuse de recibo como toda respuesta.

“Si el motivo de desestimación del proceso de compra fue exclusivamente económico, ¿por qué no se llamó a negociar a nuestra empresa CSTC, acorde lo que disponía el numeral 13 del pliego de condiciones y amparado en el artículo 66 del TOCAF, habiendo por nuestra parte manifestado vía mail, en dos oportunidades, nuestra disposición a entablar negociaciones con el fin de lograr una mejora de precios y condiciones?”, pregunta el presidente de la CSTC.

“Siendo Uruguay un país reconocido internacionalmente por el apego a las normas y a las formas, ¿cómo es posible que se manejaran ofertas y se solicitaran cotizaciones por fuera del proceso, cuando aún el proceso licitatorio estaba abierto?”, plantea a continuación.

Texto adelante, la naviera asiática segura que los términos del segundo llamado “no estuvieron bien definidos”. En ese proceso, la empresa presentó dos ofertas: la original de la primera convocatoria y una más barata. Asimismo, la empresa se queja de que las autoridades uruguayas no aceptaron la invitación a visitar sus instalaciones, y sí lo hicieron con las de la compañía española.

Además, durante el segundo llamado, la empresa ya se había comunicado con el presidente Lacalle Pou para expresar su preocupación por el modo en que se estaba manejando el procedimiento licitatorio.

Consultada al respecto, la senadora Lazo dijo al citado periódico que el tema de la carta enviada desde China se abordó el lunes en la comisión parlamentaria que preside.

“Hay dos maneras de entender la carta presentada por la empresa china. Puede entenderse como la queja de alguien que no fue seleccionado o como el cuestionamiento legítimo a un proceso que, para nosotros, ha sido desprolijo”, dijo.

Posteriormente, Lazo hizo referencia a “idas, venidas y filtraciones” durante el proceso.

“Finalmente se toma una decisión entre el ministro, una parte de los mandos de la Armada, en una votación dividida, y una empresa”, refirió Lazo. “Desde el punto de vista político, yo no puedo decir que estoy de acuerdo con todo lo que se hizo”, añadió.

Para Lazo, “las desprolijidades del proceso están a la vista”, y en ese sentido señaló que la firma neerlandesa Damen, participante de la licitación, también cuestionó el modo en que se resolvió la adjudicación.

Lazo dijo que ahora se esperará a que el Tribunal de Cuentas revise lo actuado. Luego, y de acuerdo con lo que resuelva dicha entidad, podría decidirse el llamado a sala del ministro García.

La compra de las lanchas patrulleras fue también cuestionada por el Pit-Cnt. Marcelo Abdala, presidente de la central sindical, dijo entonces que la adquisición “se desarrolló sin preocupación alguna, pensando en que una parte determinada del valor implicado en estos dispositivos se produjera en el país”, y que al sellar la compra al extranjero se perdía una “oportunidad para producir a nivel nacional, por lo menos una parte de estos patrulleros”.

En similar sentido se manifestó la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA).

“En Uruguay existen varias empresas con experiencia en la construcción naval, en las cuales se han fabricado, en los últimos años, desde barcazas a dragas en diferentes formatos. Esto ha dejado en claro la capacidad técnica y de mano de obra para lograr un resultado acorde a las necesidades de los diferentes clientes”, expresó la UNTMRA en un comunicado emitido el 24 de julio.

En dicho envío, destacaron que hay cerca de 300 trabajadores con experiencia naval que, por diferentes motivos, han quedado en el seguro de paro o sin percibir ningún ingreso.