Este domingo 25 de agosto empezó a aplicarse la Ley de Internación Compulsiva, que prevé nuevas condiciones para que personas en situación de calle puedan ser conducidas a refugios en contra de su voluntad.

Hasta ahora, la internación compulsiva solo aplicaba en caso de acreditar riesgo de graves enfermedades o de muerte. Con el cambio normativo, las autoridades pueden retirar a alguien de la intemperie si esa persona tiene su “capacidad de juicio afectada, como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por consumo de sustancias psicoactivas”.

También se aplica cuando se determine la existencia de riesgos para la persona misma o para un tercero. La normativa asegura que el fin es “proteger y salvaguardar la salud y la vida de las personas en situación de intemperie completa”.

De acuerdo con el protocolo aprobado por el Poder Ejecutivo esta semana, distintos organismos cumplirán diferentes roles en la aplicación de la ley.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se encargará de recibir denuncias sobre personas en situación de calle y brindarles asistencia primaria.

“Si al momento de brindar asistencia primaria a una persona que se encuentra en situación de completa intemperie, el Mides observa que en apariencia presenta riesgos de graves enfermedades o riesgo de muerte, deberá requerir a ASSE el envío de personal médico para que brinde la atención correspondiente”, dice el documento.

El Mides también podría requerir de ASSE “cuando observe que la persona en situación de completa intemperie en apariencia tiene su capacidad de juicio afectada, como consecuencia de una descompensación de una patología psiquiátrica o por consumo de sustancias psicoactivas, y ello implica un riesgo inminente para sí o para terceros, o que el hecho de no ser trasladada pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado, que solo pueda aplicarse mediante una hospitalización”.

Si la persona en situación de calle se niega a “ser atendida”, el Mides “podrá requerir al Ministerio del Interior su auxilio y colaboración para asistir al personal médico para que brinde la atención y los cuidados que correspondan”.

El Ministerio de Salud Pública (MSP), por su parte, se encargará de colaborar “en todo lo necesario, dentro de su competencia, para el logro de los propósitos”.

“En caso de que el profesional constate los extremos establecidos”, ASSE será el encargado de trasladar a la persona al centro asistencial.

El texto determina que, si “el profesional interviniente informa que la persona no tiene criterio de internación, pero que en caso de mantenerse a la intemperie pueda determinar un deterioro considerable de su salud, será el Mides quien determine la pertinencia de conducirlo a un centro de atención de la mencionada repartición”.

Luego, el protocolo dice que, “ante la falta de consentimiento de la persona a recibir asistencia médica o a ser trasladada en los términos mencionados anteriormente”, se podrá requerir al Ministerio del Interior “su auxilio y colaboración”, con las “garantías correspondientes”.

Una vez en el centro de salud, un médico deberá certificar las condiciones de la persona que llevaron a la internación compulsiva.

El Ministerio del Interior, por último, tendrá a su cargo, a requerimiento del Mides o ASSE, “brindar garantías en el ámbito exclusivo de su respectiva jurisdicción”, y “una vez constatada y acreditada” la circunstancia que llevó a la internación de la persona en situación de riesgo, “procederá a auxiliar o colaborar para asistir con acompañamiento personalizado en el traslado al centro correspondiente”.

Las intervenciones de los equipos se realizan por denuncias recibidas telefónicamente a través del 0800 8798, o por recorridas de los equipos de calle del Mides.

Según pudo saber Montevideo Portal, las autoridades de Desarrollo Social tienen previsto para este lunes hacer una evaluación del primer día de aplicación de la norma.

Reparos

En paralelo, la Sociedad de Psiquiatría emitió un comunicado en el que expresa su “total desacuerdo” con la ley aprobada.

La asociación de especialistas manifiesta “la alarma por la forma en la que se ha iniciado su implementación, con el agravamiento de la estigmatización y el riesgo de vulneración de derechos para las personas en situación de calle”.

En esa línea, se advierte “preocupación por la creación de nuevas unidades cerradas de internación para cumplir las disposiciones” de la ley, “a la vez que sigue sin atenderse la implementación de la red de recursos adecuados para cumplir las disposiciones de la Ley nº 19.529 [de salud mental]”.

El comunicado concluye destacando el compromiso de los psiquiatras a “continuar trabajando en pro de la implementación de la Ley de Salud Mental”.