Uruguay, a diferencia de Argentina y de Brasil, no tuvo procesos de hiperinflación de miles de porciento al año, aunque sí vivió períodos de inflación crónica que fue difícil de derrotar. “No es una condena que el país tiene, eso de tener una inflación alta”, dice Diego Labat, actual presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), a Montevideo Portal.

En 2023, Uruguay cerró con su cifra de inflación acumulada a 12 meses más baja desde 2005 (cuando llegó a 4,9%), tratándose de un 5,11% que ingresó después del tercer año de gobierno de Lacalle Pou, dentro del rango meta de inflación. 

Prácticamente todo lo que vale dinero, en algún momento, sube o baja de precio. Y, aunque la inflación se parece mucho a eso, no siempre se puede hablar de ese fenómeno.

La definición tradicional es esta: el aumento generalizado y sostenido de precios. ¿La razón? Cambios en las variables de la economía de un país que, por un lado, aumente la demanda de bienes y servicios y, por otro, que disminuya la oferta.

En definitiva, cuando se habla de inflación, se habla del poder adquisitivo del peso uruguayo. Qué podía comprar con un peso hace diez años, hace cinco, hace uno, y qué puedo comprar hoy.

Si el aumento es en algunos precios en particular, o si los aumentos no se sostienen en el tiempo, no se habla de inflación. Se habla, más bien, de un fenómeno puntual.

La inflación, entonces, es un juego entre oferta y demanda que tiene como consecuencia el aumento de precios. Eso es lo que se intenta controlar con distintas medidas monetarias (apuntan al mercado de dinero) y fiscales (apuntan a los bienes y servicios).

Como en toda política pública, algunos salen perdiendo y otros salen ganando. Es la cantidad de personas que se benefician, o que se beneficiarán a futuro, lo que importa.

La historia económica de Uruguay se ve reflejada, en parte, en sus cifras de inflación. La acompañan otros factores como el déficit fiscal o el porcentaje de Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Con la serie histórica de inflación anual, con datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), Montevideo Portal trae el sonido del aumento de precios a lo largo de la historia.

Los sonidos más agudos, hechos con un bajo digital y una herramienta llamada TwoTone, indican los años de inflación más alta, mientras que los sonidos más graves los años de inflación más baja.

¿Por qué suena así, y no de otra forma? En el libro “Una historia monetaria y fiscal de América Latina, 1969-2017", en el capítulo que analiza específicamente a Uruguay, los economistas Gabriel Oddone y Joaquín Marandino plantean distintos períodos de inflación.

El más claro, quizá, es un periodo de inflación crónica que duró desde finales de los 50 hasta finales de los 80. Tres décadas de inflación alta que, según Oddone y Marandino, están asociadas a grandes déficits fiscales de los años previos.

“A fines de los 50 es que aparecen todos los problemas contemporáneos, modernos, de la economía uruguaya. La economía se estanca cuando se acaba el proceso de sustitución de importaciones. Ahí aparecen problemas de empleo, problemas con salarios, problemas de déficit fiscal. Empieza a aparecer el problema de la deuda y empieza a aparecer, también, el problema de la inflación”, dice Hernán Bonilla, presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED). 

Fue un periodo que se caracterizó por una inestabilidad de precios que derivó en rigideces como indexación de precios y salarios, y la dolarización de activos financieros. Todo eso, con una capacidad limitada para políticas macroeconómicas, hizo que el sector público se volviera mucho más vulnerable a nivel financiero.

La primera crisis que atravesó Uruguay después de 1960 llegó en 1965, y tuvo como consecuencia el descrédito del Banco República como autoridad supervisora. Tras ello fue que se creó el Banco Central del Uruguay (BCU) en 1967, que se encarga de velar por el valor de la moneda uruguaya, para contribuir con el crecimiento y bajar el desempleo.

Sin embargo, la inestabilidad persistió un tiempo. Ese año, el peso pasó a valer de $100 por dólar, a $200 por dólar. En abril de 1968, estaba a $250. Con otros factores como el estancamiento de la capacidad productiva del agro uruguayo y un PIB quieto, la inflación llegó a su máximo histórico, tocando el 183%.

De 1960 al 1973 predominaron, entonces, el intervencionismo como política pública y la sustitución de importaciones, aportando a los llamados años de “estanflación”.

En 1973, llegó a Uruguay la liberalización financiera, que abrió la economía. Hubo acceso al financiamiento externo, planes de estabilización (que no siempre salieron bien) y un marco institucional más restrictivo para el Banco Central, que redujo el financiamiento inflacionario de los déficits fiscales.

El año siguiente, en el 74, se nombró como ministro de Economía a Alejandro Végh Villegas, bajo el mandato de Juan María Bordaberry, en el periodo de dictadura. Se impulsaron reformas económicas de tinte liberal, como la liberalización de las cuentas corrientes y de capital de la balanza de pagos.

Además, se trabajó una desregularización del sector ganadero en un país donde, para finales de 1960, el modelo productivo ya había virado hacia esa industria. El contexto de aquel 1974, a nivel internacional, se vinculaba con la primera crisis del petróleo, de 1973, que generó que los mercados europeos se cerraran para la carne bovina.  

Es que en “una economía abierta como la uruguaya, los factores exógenos juegan”, afirmó Daniel Olesker, asesor económico y ex ministro de Salud Pública (2010-2011) y de Desarrollo Social (2011-2015).

Esto también lo explicó Martín Vallcorba, asesor económico de Convocatoria Seregnista Progresistas y de la bancada de legisladores del Frente Amplio.

“Por ser una economía pequeña y abierta, estamos bastante expuestos a lo que pase, por ejemplo, con los precios internacionales. A su vez, por ser una economía altamente dolarizada, las variaciones que pueda tener el dólar a nivel internacional, más allá de lo que sea producto de las políticas internas que se aplican también tienen incidencia significativa en la evolución de la inflación. Por lo tanto, aumentos de los commodities, o del petróleo, son todos elementos que terminan generando ruido”, señaló.

El cambio macroeconómico, por ello, y por el incentivo financiero a industrias no tradicionales, fue significativo.

Durante estos últimos años, Uruguay atravesó dos grandes crisis más. Una en 1982 y otra, quizá de la que hay más recuerdo, la del 2002. La de 1965 fue costosa “en términos fiscales y recuperó la monetización de los déficits”, dicen Oddone y Marandino, pero las siguientes dos tuvieron efectos menores sobre el déficit y la inflación.

“Esto sugiere que los gobiernos han ido comprendiendo lentamente la importancia de las restricciones fiscales para garantizar la estabilidad nominal”, agregan los economistas en el libro.

Como es de costumbre, la integración uruguaya con Argentina tuvo su influencia en el desarrollo de ambas crisis. En la de 1982, la devaluación del peso argentino en setiembre del año anterior terminó por devaluar el peso uruguayo en noviembre de ese año, gracias a una balanza de pagos en problemas.  

Ese 1982, en la historia económica uruguaya, es considerada la segunda gran crisis, porque lo fue para la banca, para la balanza de pagos y para la deuda pública. Los años previos, desde 1979, el gobierno había implementado un plan antinflacionario basado en una paridad móvil, conocido como “la tablita”. Y, de hecho, se logró bajar la inflación anual del 83% en diciembre de 1979 al 11% en noviembre de 1982, logrando un crecimiento de PBI y una apreciación del peso uruguayo.

Pero la contracción fiscal de Argentina y de Brasil, los principales socios comerciales de Uruguay en ese entonces, generó una sobreoferta de demanda privada que no pudo ser compensada ni si quiera con el contexto económico favorable al que se había llegado.

Por noviembre de 1982, se abandonó ese plan de estabilización y el peso se devaluó un 149% frente al dólar. La inflación, por su parte, llegó en 1983 al 51,5%. La deuda en dólares del sector privado desencadenó en una crisis bancaria, que se transformó en una crisis de deuda pública.

Los años siguientes, hasta llegar al 1990, significaron una economía estancada nuevamente: cifras inflacionarias de tres dígitos y un déficit fiscal alto. Llegando a finales de la década, la economía uruguaya comenzó a recuperarse, en gran parte, debido a shocks externos positivos: caídas de los precios del petróleo, tasas de interés bajas en dólares, la demanda de Argentina y Brasil.

A partir de esa década, la inflación en Uruguay “pasa a no ser un problema central para los últimos 30 años, pero con momentos excepcionales”, dice Olesker.

En 2002, el vínculo financiero y comercial con Argentina fue todavía más evidente. La diferencia principal entre las crisis de 1982 y la de 2002 es que la segunda no se dio por una crisis de la balanza de pagos, sino debido a una corrida bancaria. Así, se originó la tercera crisis clave de la economía uruguaya.

La corrida bancaria en Uruguay se debió a una salida enorme de dinero de los bancos, de cuentas de argentinos, ante el riesgo del contagio del llamado “corralito”. Eso, además de una crisis bancaria, generó una devaluación de la moneda uruguaya ese mismo año.

Mientras que la caída del PIB fue similar a la crisis de 1982, la recuperación de la economía fue más rápida, logrando que el efecto fiscal y la inflación fueran menores. El equipo económico del gobierno superó la crisis deteniendo la corrida bancaria, estabilizando el tipo de cambio y reestructurando la deuda pública, manteniendo la liquidez y la continuidad de la cadena de pagos.

Aunque se esperaba un impago de la deuda pública al Fondo Monetario Internacional (FMI) en mayo de 2003 el gobierno uruguayo de Jorge Batlle reprogramó el vencimiento del 50% de la deuda, respetando los montos de los contratos y la moneda estipulada para el pago, a diferencia de su país vecino.

“Se había encaminado una solución de largo plazo que yo, entiendo, era la adecuada, o el único camino posible”, dice Isaac Alfie, que ofició de ministro de Economía entre 2003 y 2005. Julio de Brun, presidente del Banco Central del 2002 al 2005, dice que en aquel momento “la prioridad era, inicialmente, buscar los mecanismos para tratar de frenar la corrida y eso fue el contexto de la negociación en Washington para finalmente llegar a un nuevo programa con el FMI”.

“Hay un diagnóstico de la crisis con el que discrepo radicalmente, que es que la crisis fue importada desde Argentina. En realidad, la historia económica muestra que cada vez que Argentina enfrentó una crisis, Uruguay se beneficiaba. Cada vez que Argentina tenía problemas, Uruguay recibía depósitos de argentinos que, ante la inestabilidad de Argentina, venían a Uruguay porque veían una situación económica más estable. Tiene que haber habido algo más, aparte de la crisis argentina, que explique ese cambio de lógica de efecto contagio positivo, y ese cambio tiene que ver con una debilidad interna”, opina Vallcorba refiriéndose al déficit fiscal, la deuda, los niveles de dolarización, la regulación del Banco Central y errores de política económica.

Aunque no todo fue crisis. Hubo, también, como parte clave de la historia inflacionaria de Uruguay, planes de estabilización, como la ya mencionada “tablita”. En otras palabras, un conjunto de medidas apuntadas a bajar la inflación.

Cuáles son esas medidas, depende de cada gestión. Pero, según Oddone y Marandino, si están “basados en anclas cambiarias con ajustes fiscales insuficientes podrían inducir, en determinadas circunstancias, crisis de la balanza de pagos, devaluaciones monetarias, crisis bancarias y aumentos de los pasivos del Banco Central que, en última instancia, pueden conducir a crisis de deuda pública y volatilidad cíclica”.

Intentar dominar la inflación a través de políticas públicas, entonces, puede ser un riesgo.

“Los momentos de inflación más alta, en general, coinciden con lo que fueron los planes de estabilización, que fueron medidas específicas de los gobiernos del momento para tratar de bajar la inflación”, dice Bonilla.

En 1982 y en 2002 se dio el fin de dos planes de estabilización, basados en anclas cambiarias, que provocó devaluaciones monetarias fuertes, teniendo un impacto en las finanzas públicas.

El plan de estabilización que finalizó con la crisis del 2002 es el Plan Brady, de 1991, basado en precios con paridad móvil. Ese mismo año, además se creó el Mercosur, generando una concentración mayor del comercio en la región, hacia afuera, pero también a nivel interregional. Esa apertura trajo consigo altos niveles de desempleo y, al mismo tiempo, un grado alto de productividad.

“Era un cuadro espantoso y a eso se sumaba que el gobierno no tenía mayoría, estábamos con el régimen electoral anterior. No había balotaje y el panorama político era bastante complejo”, explica Ignacio de Posadas, ministro de Economía entre 1992 y 1995, durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle Herrera.

De Posadas considera que ese gobierno, en términos económicos, se comportó de forma liberal, aunque “decir gobierno liberal no termina de aterrizar la historia porque hay una gama muy grande de liberalismo”.

Esa gestión, según él, “hizo mucho en materia de liberalizar la economía, de tratar de abrir el Uruguay. Esa fue la razón de ser el Mercosur, abrir el Uruguay que estaba muy protegido para que hubiera más competencia, para que eso transformara al Uruguay en un país más productivo, más competitivo, más eficiente, pero hubo una rebaja de aranceles y la desregulación de comercio exterior, más allá del Mercosur”.

Pero Uruguay también mejoró su tasa de crecimiento económico en los últimos 40 años. De hecho, entre 1985 y 2016 la tasa de crecimiento del país fue de 3,7 veces mayor que en los 30 años previos, indicó un estudio realizado por Oddone, citado por el diario El Observador.

Es que los elementos para ese crecimiento existieron: políticas de apertura de mercado a mediados de los 70 y comienzo de los 90, el fin del periodo de inflación crónica y la reforma provisional.

Por 1995, el Parlamento uruguayo aprobó una reforma de seguridad social que puso límites a la asistencia que el Banco Central podía ofrecer al sector público, que aún sigue vigente, pero también se limitaron los préstamos o transferencias temporales, ley que fue derogada en 1997.

Lo que indica todo esto es que, a pesar de la sucesión de gobiernos de tres partidos diferentes, las políticas que mantuvieron la reputación del país en términos económicos se mantuvieron como bloque y como prioridad.

Desde que Uruguay dejó atrás la crisis del 2002, comenzó uno de los períodos más largos de crecimiento desde los años 40.

Las políticas económicas, que se extienden hasta la actualidad, han priorizado reducir las fragilidades macroeconómicas y los riesgos de crisis, manteniendo un tipo de cambio flexible y fortaleciendo al sistema financiero, junto al sector público. Para eso, se instalaron las llamadas “metas de inflación”, entre otras estrategias como un Banco Central con mayor independencia.

El Frente Amplio asume su primer gobierno con Tabaré Vázquez, en aquel 2005, “con una situación de inestabilidad de precios que era muy reciente, que no estaba consolidado”, dice Vallcorba, y cree que “haber mantenido durante esos 15 años una inflación controlada con relativa estabilidad fue un buen desempeño”.

Sin embargo, Bonilla considera que durante el gobierno del Frente Amplio “hubo una estabilidad importante a nivel de precios, con una inflación de alrededor del 8%”. “Y nos habíamos conformado y habituado a ese nivel de precios que, visto con perspectiva internacional, es una cifra alta”, apuntó.

¿Por qué? Según el economista, en los gobiernos del Frente hubo una política fiscal muy expansiva y una descoordinación en general de políticas económicas, en particular de la política monetaria y fiscal.

En 2020, después de 15 años ininterrumpidos de gobierno del Frente Amplio, asumió Luis Lacalle Pou con el Partido Nacional liderando una coalición de partidos que incluyó al Partido Colorado, al Partido Independiente, a Cabildo Abierto y al Partido de la Gente.

“Uruguay ha hecho casi todos los deberes en otros aspectos de los equilibrios macro, porque lo fiscal, en distintos gobiernos, se fue corrigiendo. La deuda se gestionaba cada vez mejor, y así podría seguir con cada elemento de la economía. Pero la inflación es el único debe”, dice Labat.

“Cuando asumimos en marzo de 2020, veníamos con unas ciertas presiones. La inflación estaba bastante cerca del 10%. Algunas presiones, además, en las tarifas que venían presionando. Pero sí tomamos una inflación de un período de 15 años que tenía como promedio un 8%”, analiza Labat.

Ese era el diagnóstico: una inflación que, en promedio, no estaba fuera de control, pero que todavía es alta para el lugar que ocupa Uruguay en la región. La gestión del BCU actual se basó en bajar todavía más los objetivos de inflación, dejando la meta inflacionaria en una banda entre el 3% y 6%, medida que fue anunciada en agosto de 2020, pero puesta en funcionamiento en setiembre de 2022.

Se trató, sin embargo, de una gestión que recibió varios shocks externos, que van desde el golpe de la pandemia del covid-19, la guerra en Ucrania y la sequía masiva que sufrió el país en 2023. “Estamos en un escenario internacional complejo, con dos guerras, con tasas de interés que no se sabe bien cómo van a evolucionar. Complejo, pero no hay un factor gigante de preocupación. A todas las cosas hay que monitorearlas”, comenta.

Bonilla explica que hay shocks externos que pegan en los precios de lo que consumen los uruguayos, como aquel shock del petróleo en los 70, pero también en episodios recientes como la invasión rusa en Ucrania que generó una suba de precios a nivel mundial de bienes sensibles como la energía y algunos alimentos, que impactó en la inflación de todos los países.

“Además, muchos países habían tenido una política monetaria muy laxa para enfrentar la pandemia. Entonces, esas políticas de estímulo de la economía, con el shock de precios de la guerra en Ucrania, hizo que en muchos países del mundo aumentara la inflación. Y, a partir de ahí, que se aplicaran políticas para contener la inflación, que es una etapa en la que todavía estamos”, agrega Bonilla.

Durante la pandemia, dice Labat, lo que la economía uruguaya necesitaba era que la actividad no se cayera. Por ende, la política monetaria fue muy expansiva, arriba del 20%. De ahí uno de los desafíos: querer bajar la inflación y, al mismo tiempo, “largar pesos a la calle en cantidades muy importantes”.

“Cuando entendimos que el país se normalizó y la economía ya estaba funcionando bien, empezamos a apretar y la política monetaria se volvió contractiva”, explica y agrega que el BCU funcionó con una guía durante la pandemia y luego de ella.

Una guía que, a grandes rasgos, señaló de forma muy clara que el objetivo del Banco Central es la inflación. Y la libre flotación del dólar: “Intervenimos hasta agosto de 2021, cuando dejamos de hacerlo y hasta hoy no hemos intervenido. Creo que ha sido una señal bien importante porque los agentes la interpretaban como que el Banco Central tenía dos objetivos, la inflación y el tipo de cambio, pero logramos dejar de ir por los dos lados y que quedara claro que es la inflación”, afirmó Labat al respecto.

Por su parte, Olesker analizó que, durante esta gestión del Banco Central, “se priorizó la lucha contra la inflación a través del tipo de cambio”. “Entiendo que hay un problema de subvaluación cambiaria en Uruguay, o de pérdida de competitividad, y excluyo a Argentina en esta discusión. El Banco Central publica un análisis del tipo de cambio real por país, y Uruguay está retrasado”, dijo.

“Siempre va a haber un tipo de cambio para el cual la inflación estará en el rango meta, y se va a cumplir el objetivo, pero la cuestión es que no se trata de medir solamente los resultados de la política por el cumplimiento del objetivo, si no se tiene en cuenta además cuáles son los daños colaterales que ese cumplimiento genera”, señaló Vallcorba.