El senador frenteamplista Carlos Mahía aseguró que uno de los problemas con el actual proyecto de Ley de Presupuesto Nacional "es que hay una cantidad de cuestiones que se anuncian y no aparece el financiamiento expreso".

"Son como mensajes que se mandan a la sociedad y al Parlamento en su conjunto, pero no hay plata prevista para eso. En eso no hay claridad y hay todo lo contrario, opacidad", apuntó el senador.

Mahía dijo que esto "pasa en educación con una cantidad de centros educativos que se plantean hacer -CAIF, polideportivos, etcétera-, donde no están previstos los recursos expresos para maestros, profesores, administrativos y servicios, y así podría hablar de otros ejemplos de un Presupuesto que anuncia cosas pero no las financia".

Mahía apuntó, además, que las explicaciones del gobierno para estos temas son "difusas". Ejemplificó con que "en materia del Ministerio del Interior, cuando viene Larrañaga dice que tienen que conversar con el Ministerio de Economía, y cuando el Ministerio de Economía no te dicen expresamente de dónde sacan la plata".

"Con Anep (Administración Nacional de Educación Pública) lo mismo, está visto en función de la reducción de horas que va a haber en asignaturas en áreas de la educación, lo que llaman una mejor eficiencia. Para nosotros en realidad es una pérdida de la calidad del servicio educativo del Estado", agregó.

Por otro lado, en la cuenta oficial de Twitter del Frente Amplio se manifestó el rechazo a otro de los puntos del actual proyecto de Presupuesto.

Allí se manifestó que "el proyecto de Presupuesto Nacional pretende ser un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para enajenar cualquier inmueble del Estado, con muy pocas excepciones".

"Se propone eliminar el control parlamentario que rige para este tipo de transacciones, para las cuales hasta el momento es obligatoria la aprobación de una ley en cada caso. Compartimos la necesidad de mejorar la gestión del patrimonio del Estado con la creación de un Programa de Racionalización, pero rechazamos eliminar las garantías del Parlamento en operaciones inmobiliarias, que pueden involucrar piezas fundamentales del patrimonio público", se expresó en la publicación.

"No existe evidencia de que hasta el momento el Parlamento haya sido una traba a la buena administración de los bienes públicos, por tanto eliminar esta garantía democrática no mejorará la eficiencia en la gestión pero implica serios riesgos. Nuestra bancada rechaza la insistencia del Poder Ejecutivo y considera que el Senado está a tiempo de analizar una nueva redacción para resolver los problemas existentes, manteniendo las garantías necesarias", se agregó.