El partido Identidad Soberana, representado en Diputados por el abogado Gustavo Salle y su hija Nicolle, presentó un proyecto de ley “sobre la libre elección de la vacunación y el derecho de los padres en la salud de sus hijos”, como se afirma en el encabezado de la iniciativa a la que accedió Montevideo Portal.

“El presente proyecto de ley tiene como finalidad garantizar el derecho de los padres a decidir sobre la protección de la salud de sus hijos, en el marco del principio de patria potestad y el interés superior del niño. Asimismo, reafirma el derecho fundamental a la libre elección en materia de vacunación, asegurando el consentimiento informado en todo procedimiento médico y evitando cualquier tipo de coerción estatal o privada”, señala el inicio de la exposición de motivos.

“En los últimos años, se han reportado casos en los que se ha intentado imponer la vacunación sin considerar el derecho de los padres a decidir en cuestiones de salud, lo que ha generado conflictos jurídicos y vulneraciones a derechos fundamentales. La reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones de Familia en el caso de la niña Ámbar pone en evidencia la necesidad de clarificar el marco normativo vigente y evitar interpretaciones que desconozcan los derechos constitucionales y legales de los padres en la crianza y protección de sus hijos”, agregan los legisladores entre sus argumentos.

Los representantes de Identidad Soberana también presentaron otro proyecto de Ley, que busca sustituir al actual sistema vigente de carné de salud laboral.

El proyecto sobre vacunación

El proyecto fue ingresado a la Cámara de Representantes este martes 18 y deberá ser estudiado por la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de Diputados.

El artículo 1° del proyecto de ley afirma que busca “garantizar la libre elección de los padres en la toma de decisiones médicas sobre la salud de sus hijos, asegurando el consentimiento informado como requisito indispensable para cualquier procedimiento preventivo, como es la vacunación”. “Se prohíbe cualquier forma de coerción, discriminación o represalia contra quienes opten por no vacunar a sus hijos”, dice también.

Por su parte, el segundo artículo plantea una interpretación sobre la ley que consagra los derechos de los pacientes y usuarios de servicios de salud.

“Se interpreta que la ley n° 18.335 ha derogado tácitamente cualquier disposición normativa de igual o menor jerarquía o anterior en el tiempo que establezca la vacunación obligatoria, incluyendo el decreto-ley n° 15.272 de 1982 y el decreto 542/007 de 2007. En consecuencia, ninguna persona podrá ser obligada a recibir un procedimiento médico sin su consentimiento expreso, incluyendo los preventivos, como es la vacunación, ni podrán los padres ser privados de su potestad sobre la salud de sus hijos”, afirma la iniciativa.

Otro de los artículos apunta a que “ninguna institución pública o privada podrá condicionar el acceso a derechos o servicios a la presentación de certificados de vacunación, ni podrán las autoridades exigir documentación médica de menores sin la autorización expresa de sus padres o tutores legales”.

Del mismo modo, en otro artículo “se prohíbe la exigencia de certificados de vacunación como requisito para el acceso o permanencia en el empleo”.

“Quedan derogadas todas las disposiciones de carácter legal e infralegal (decretos, resoluciones, circulares) que establezcan la vacunación como obligatoria formal y todas las que impongan como requisito la exhibición del estado vacunal”, señala el artículo 6.

Entre las referencias normativas, desde Identidad Soberana apelan a la libertad individual y el deber de los padres de educar y cuidar a sus hijos, consagrados en la Constitución. También se fundamenta con base en la autonomía del paciente, la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de 2005, aprobada por la Unesco, y en que la Ley de Protección de Datos Personales “garantiza la confidencialidad de los datos médicos y prohíbe la exigencia de información médica de manera coercitiva”, entre otros documentos señalados.

Los legisladores también remarcan en su parte argumentativa que “no existe un rastreo proactivo para detectar posibles efectos adversos en la población” a partir de las vacunas administradas.

“La omisión de estudios que podrían arrojar luz sobre una posible relación entre la vacunación y muertes infantiles refuerza la preocupación sobre la falta de transparencia y la negligencia en la vigilancia sanitaria. La ausencia de datos concretos impide conocer si existe una correlación entre el aumento de muertes súbitas y las estrategias de vacunación aplicadas, lo que resalta la necesidad urgente de un sistema de monitoreo independiente y riguroso”, dicen también.

Por su parte, al referirse al caso Ámbar —donde la Justicia exigió a los padres la vacunación de una niña bajo riesgo de perder la patria potestad—, desde Identidad Soberana apuntan a un “retroceso jurídico” y a que “este fallo ignora décadas de avances normativos y de reconocimiento internacional del consentimiento informado como principio rector de toda intervención médica”.

“Este proyecto de ley busca, entre otros objetivos, evitar que estos fallos arbitrarios se repitan, garantizando que los principios del consentimiento informado y la autonomía sean protegidos y aplicados sin excepciones. La historia ha demostrado los perjuicios irreparables que pueden derivarse de la imposición forzosa de decisiones sanitarias, y no podemos permitir que los errores del pasado se perpetúen en el presente”, agregan.

“Control voluntario” para sustituir el carné de salud

Identidad Soberana también presentó otro proyecto de ley, que desde su bancada lo relacionan con el de la vacunación en niños, según señaló a Montevideo Portal la diputada Nicolle Salle.

El artículo 1° de esta iniciativa establece “un Sistema de Control de Salud Voluntario en sustitución del carné de salud obligatorio, eliminando la exigencia de este último como requisito para la contratación y permanencia en cualquier puesto de trabajo”.

“Dicho sistema estará orientado a la prevención de enfermedades laborales específicas y permitirá que los trabajadores accedan voluntariamente a exámenes médicos relevantes a su actividad dentro del marco del Plan Integral de Atención en Salud”, añade el artículo. En cuanto a estos controles médicos específicos, se señala que los protocolos para cada rubro de actividad serán definidos por los prestadores de salud, en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“El sistema actual, enmarcado en el carné de salud, impone exámenes de salud generalizados sin una justificación técnica específica para cada tipo de trabajo, lo que resulta en una carga innecesaria para los trabajadores y una violación de los principios fundamentales de autonomía, soberanía y libertad sobre el propio cuerpo”, sostiene la exposición de motivos.