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Una de las víctimas que denunció en los últimos meses al senador Gustavo Penadés y al profesor de Historia Sebastián Mauvezín por explotación sexual fue el joven Jonathan Mastropierro. El veinteañero se hizo conocido tiempo antes por su pasado como estafador y también porque se presentó ante la primera denunciante del caso, Romina Celeste, bajo el nombre de Mateo para proporcionar “material” de otras víctimas del legislador.
Mastropierro declaró el pasado lunes en entrevista con MVD Noticias que el senador Penadés intentó sobornarlo con US$ 10.000 para que no denunciara. Según relató al citado medio, lo llamaron y le dijeron que estaba “arruinando la carrera de un prestigioso político”. Sin embargo, en Fiscalía no hay ninguna denuncia al respecto hasta el momento, según supo Montevideo Portal con fuentes de la causa.
El informante recordó que Mastropierro ya declaró ante el Ministerio Público, por lo que no parece del todo verosímil que ahora Penadés o su defensa, a cargo de Javier Vega, intenten pagarle para que no diga nada. Lo otro que llama la atención de las autoridades es el monto que aduce el joven, dado que en casos de sobornos por explotación sexual se suelen manejar cifras mucho más altas.
La Fiscalía sigue de cerca las declaraciones de Mastropierro, sobre todo para no descuidar a las víctimas y darles garantías en caso de que suceda algo. Esto último ha sido una prioridad para la fiscal Alicia Ghione. Por esto es que están atentos ante una posible denuncia del joven y, si ocurre, se buscará recabar elementos para saber quién es el responsable del intento de soborno.
Por otra parte, este martes habrá una audiencia en la Justicia luego de que la defensa de Mauvezín, a cargo de Juan Carlos Fernández Lecchini, pidiera que se pericien los chats que circularon en redes sociales hace unos meses. Según el penalista, estas conversaciones son falsas y por eso pidió al Poder Judicial que dé garantías.
De igual forma, Ghione ha aclarado que estas conversaciones no forman parte del expediente de la causa, por lo que no se lo considera ni prueba ni evidencia. El abogado, en tanto, está amparado por la ley para hacer el pedido ante la Justicia.
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