Los temas de política exterior, y en particular las consideraciones sobre los gobiernos de Cuba, Nicaragua o Venezuela, con los que la izquierda tiene lazos históricos, suelen dividir aguas en la interna del Frente Amplio (FA). Ante eso, la votación por unanimidad de una declaración en rechazo a las acciones del Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, luego de despojar de su nacionalidad a más de 300 opositores, zanjó un asunto espinoso en la oposición.
La votación de este lunes en la Mesa Política del Frente Amplio tuvo como trasfondo una negociación previa, realizada en un grupo especialmente conformado para lograr una declaración que exprese un acuerdo sobre el asunto, dijeron a Montevideo Portal fuentes del Frente Amplio.
Bajo el entendido que los sectores tienen diversas opiniones sobre el tema, desde los más cercanos al movimiento sandinista hasta los que se refieren a Ortega como un dictador, primero el presidente del FA, Fernando Pereira, encomendó en febrero conformar una comisión para el seguimiento del asunto y redactar una declaración común que fije la postura del conjunto de la fuerza política.
Los negociadores fueron el exvicecanciller, exembajador en Cuba, y actual presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio (Carifa), Ariel Bergamino; el exministro de Defensa José Bayardi (Vertiente Artiguista); la diputada y exintendenta Ana Olivera (Partido Comunista de Uruguay, PCU); y el representante del Frente Amplio en la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, Nicolás Viera (Movimiento de Participación Popular).
El grupo redactor inició su trabajo hace cuestión de un mes. En una reunión presencial, cada uno planteó las líneas principales que a su criterio debía tener el texto.
Un primer acuerdo fue centrarse en la quita de la nacionalidad sobre los opositores nicaragüenses. También se consideró atender el concepto de que la institucionalidad depende del Gobierno, pero también juegan un papel los agravamientos que pueden producir medidas unilaterales de terceros países.
Según las fuentes, el PCU, en particular, marcó la necesidad de hacer mención al contexto de la región y de forma explícita a Estados Unidos, algo que estuvo reflejado en la declaración.
Tras algunas consideraciones realizadas por correo electrónico, el texto quedó acordado hace dos semanas, aunque recién este lunes se votó en la Mesa Política.
Los consultados explicaron el retraso en que el órgano de conducción del Frente Amplio tenía otros asuntos pendientes como mayor prioridad en sus órdenes del día, y por tanto no habían podido tratar la declaración. De todos modos, en el medio, también fue considerada por otros integrantes de la bancada de Diputados de la fuerza política.
En los hechos, aseguraron las fuentes, la votación de este lunes fue por unanimidad y sin mayor discusión sobre su contenido.
El acuerdo, votado más de un mes después de la última gran polémica de Ortega, reflejó de algún modo las distintas visiones de los sectores de la fuerza política, aunque sus dirigentes aseguran que la declaración se expresó con “claridad” sobre los hechos, según afirmó el senador de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía.
Ahora, el Frente Amplio tomará como base el texto del acuerdo votado por la Mesa Política y presentará un proyecto de resolución ante la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo promueve una condena contra Ortega a instancias del diputado de Ciudadanos Felipe Schipani.
Consultado por Montevideo Portal, Schipani opinó que la declaración del Frente Amplio, desde su punto de vista, es “tibia” y “lavada”. Y afirmó que, si ese texto fuera el punto de partida de una declaración común en Diputados, “va a ser difícil acercar posiciones”.
Los puntos de la declaración
En su resolución, el Frente Amplio manifestó “su firme rechazo“ a las medidas en Nicaragua contra más de 300 dirigentes políticos y sociales, “por cuanto las mismas vulneran las libertades y el derecho a la nacionalidad, la ciudadanía y la propiedad establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Nicaragua y Uruguay son signatarios y Estados parte”.
“La condición de apátridas impuesta a los ciudadanos nicaragüenses afectados por dichas medidas los coloca en una situación de vulnerabilidad e indefensión inadmisible. No hay excusas para avasallar las libertades de expresión, asociación y manifestación pacífica. Cualquier limitación a las mismas ha de contar con las garantías del derecho interno, el que no debe estar contrapuesto al derecho internacional cuyos compromisos se han asumido”, agregó el texto.
Además, la fuerza política expresó “su honda preocupación y dolor ante la ya larga crisis institucional y política” en el país centroamericano, algo que según el Frente Amplio es “agravada por injerencias externas y sanciones unilaterales promovidas y/o impuestas por sucesivos gobiernos de los Estados Unidos de América y cuyas consecuencias sociales y económicas impactan duramente sobre los sectores más vulnerables y desprotegidos de su población”.
“Ha de asumirse que la situación de crisis político institucional que afecta a Nicaragua no es ajena a situaciones similares planteadas en otros países de la región que también ameritan la atención y seguimiento de las mismas por parte de esta fuerza política”, concluyó el texto.
Schipani: “Lamento que el FA no sea categórico”
El diputado Schipani explicó los reparos que tiene ante las consideraciones expresadas por el Frente Amplio en su declaración.
“La declaración no se refiere en nada al informe de Naciones Unidas donde habla que Ortega y [la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario] Murillo han cometido delitos de lesa humanidad. Tampoco se habla de la legitimidad. Se habla de gobierno y no hay ninguna referencia a la ilegitimidad de origen, ni de ejercicio ni de la persecución que realiza”, afirmó el dirigente de Ciudadanos.
“Lamento que el FA no sea categórico en condenar estas cosas”, concluyó Schipani.
Los diputados de la coalición presentaron a inicios de marzo un proyecto de declaración de condena a Nicaragua en la Cámara de Diputados. El texto planteó “enfático repudio a las nuevas violaciones a los derechos humanos perpetrados por el dictador Daniel Ortega”.
“Estos hechos se suman a una larga lista de violaciones a los derechos humanos que desde hace años vienen ocurriendo en dicho país, que incluye la comisión de crímenes de lesa humanidad y la utilización del aparato estatal para asesinar, encarcelar, torturar y perseguir a toda persona que se oponga al régimen”, señaló el proyecto de declaración en su tercer punto, en referencia a la quita de nacionalidad de los opositores.
“Exigimos al dictador Daniel Ortega que cese con el terrorismo de estado y la violación de los derechos humanos, y a la comunidad internacional que levante su voz a fin de activar todos los mecanismos de protección, apoyo y respaldo a quienes están sufriendo las consecuencias de estos actos”, concluyó el texto promovido por la coalición.