Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, criticó este viernes a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, por el impuesto sustitutivo a la Tasa de Inflamables que impulsa desde la Intendencia de Montevideo (IM).
“¿Qué pensarán los ciudadanos, más aún los del interior?”, arremetió el jerarca. A su juicio, “subir los combustibles y el supergás para beneficiar su gestión habla de un estilo de gobierno de otro tiempo” en Uruguay.
Por su parte, la intendenta se había referido al asunto este jueves. En una rueda de prensa, tras la plantación de árboles en la avenida 18 de Julio, Cosse aseguró que la medida no tiene repercusiones sobre el precio de los combustibles, pero sí tiene un “impacto grande” sobre la ciudad.
“Los camiones que transportan combustibles son muy pesados, no tienen —como otros camiones de carga— una circulación restringida porque tienen que llegar a todas las estaciones de servicio. Al no tener una circulación restringida, impactan fuertemente en toda la ciudad”, argumentó Cosse.
Por tanto, a entender de la jerarca departamental, “es una forma de que retorne” a Montevideo el “mitigar parte de ese efecto”. De todas formas, insistió, la medida responde “básicamente” a seguir la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
El trasfondo
El director de Recursos Financieros de la IM, Mauricio Zunino, presentó una propuesta de cambio legal para que la comuna siga percibiendo ingresos (unos US$ 12 millones) por la Tasa de Inflamables, declarada inconstitucional en junio de este año. El proyecto de decreto establece en su artículo 1º: “Crear un impuesto, al amparo del numeral 6º del artículo 297 de la Constitución de la República, que gravará a los vehículos de transporte terrestre que carguen o descarguen a granel, dentro de los límites del departamento de Montevideo, líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización”.
De esta manera, Delgado se sumó a otros actores que también apuntaron contra la medida. Este jueves, el ministro de Industria, Omar Paganini, tildó a la iniciativa de “afán recaudador sin sensibilidad social”, mientras que el exsenador colorado Pedro Bordaberry —el mismo día—aseveró que es “absolutamente inconstitucional”.