El gobierno de Luis Lacalle Pou resolvió, interinamente, quiénes serán las autoridades de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y las de Antel, ya que los directorios de ambas instituciones se encuentran desintegrados en estos momentos.

Tras tres resoluciones, el Poder Ejecutivo resolvió designar interinamente, como vicepresidente y presidente de la Jutep, al actual presidente del Banco República, Salvador Ferrer y al actual presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Hugo Odizzio.

"Desígnase en forma interina para integrar el Directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) en calidad de residente, hasta tanto se provea definitivamente el cargo, al presidente del Banco de Previsión Social (BPS), señor Hugo Odizzio", destaca textualmente la resolución del Poder Ejecutivo.

Estas designaciones, según específica en el texto de la resolución, son designadas hasta que se provea definitivamente el cargo.

Finalmente, y visto que el directorio de Antel también se encuentra desintegrado, el Poder Ejecutivo nombró al actual presidente del Directorio de Ancap, Alejandro Stipanicic, como presidente de Antel. Esta designación también será interina hasta que se resuelva quién será el sucesor definitivo.

Antel se encuentra sin autoridades porque el Poder Ejecutivo dio marcha atrás con una resolución de presupuestar a 857 personas que estaban contratadas en régimen de función pública en la empresa por una antigüedad mayor a tres años, que fue firmada días atrás por el presidente del organismo, Guillermo Iglesias.

Por esta razón el presidente Luis Lacalle Pou le pidió la renuncia a Iglesias, que había renunciado a su cargo como presidente del ente.

En el caso de la Jutep, quedó acéfala tras la renuncia de sus directores y su presidente saliente, Ricardo Gil Iribarne.

Gil Iribarne dijo que el 30 de marzo, a un mes de la asunción del nuevo gobierno, envió una nota al Ministerio de Educación y Cultura planteando su renuncia. Sin embargo, considerando la pandemia de coronavirus, "no quería agregar un problema adicional", por lo que dio al gobierno 30 días para designar a su sustituto, tiempo en el que seguiría en el cargo.

Sin embargo, el 22 de abril, tras no recibir respuesta, reiteró el pedido de designar un sustituto. Aseguró que tampoco tuvo respuesta, por lo que el 30 de abril confirmó su renuncia.