El gobierno de Trump reavivó la detención de familias inmigrantes ilegales

Por The New York Times | Jazmine Ulloa and Miriam Jordan

WASHINGTON - Durante décadas, la detención de familias inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país ha sido una táctica polémica de aplicación de la ley. Los detractores de la “detención familiar” han dicho que los niños pequeños sufren en el confinamiento. Los defensores afirman que encerrar a las familias mientras esperan su probable deportación transmite un mensaje contundente sobre las consecuencias de entrar de manera ilegal en Estados Unidos.

Ahora, tras haberse dejado de implementar durante el gobierno de Biden, el presidente Donald Trump está restableciendo la detención familiar, como parte de la estrategia de su gobierno para cumplir su promesa de tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes.

En los últimos días, han empezado a llegar familias a un centro de detención del sur de Texas, y los abogados de inmigración esperan que lleguen más en los próximos días. Se está preparando un segundo centro de detención para familias, también en el sur de Texas.

Cada una de las instalaciones se prepara para albergar a miles de personas. En uno de los sitios, según los abogados, se detiene a varias familias en habitaciones con entre cuatro y ocho literas y cuartos de baño compartidos.

Se llevaron a cabo detenciones familiares durante el anterior gobierno de Trump y el de Obama, y los niños recibían cierta atención médica e instrucción escolar. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo que se ofrecerán los mismos servicios en las instalaciones reabiertas.

La mayoría de las familias detenidas anteriormente estaban integradas por centroamericanos que recién habían cruzado la frontera sur y se esperaba que muchas fueran deportadas rápidamente, a menos que solicitaran asilo y expresaran un temor creíble de regresar a sus países de origen.

Ahora que la frontera está en calma y los cruces ilegales se han reducido de manera notable, los esfuerzos para controlar la inmigración se han redirigido al interior del país para cumplir la promesa del gobierno de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas.

Eso ha llevado a la detención de personas con vínculos establecidos con las comunidades que habían estado trabajando o yendo a la escuela antes de que sus familias fueran puestas bajo custodia federal. Y algunas de ellas serán enviadas al centro de detención apenas reabierto de Karnes, Texas, y al centro de detención que pronto se abrirá en Dilley, Texas, ambos al sur de San Antonio.

Los cruces ilegales a Estados Unidos de familias con niños pequeños llevan mucho tiempo planteando retos jurídicos y políticos especialmente delicados para la Casa Blanca y el gobierno federal, ya que a los menores se les garantizan protecciones especiales.

Cuando asumió el cargo por primera vez en 2017, Trump actuó con rapidez y agresividad para intentar frenar los cruces fronterizos, y muchos de ellos eran de familias enteras. Pero cuando su gobierno empezó a separar a los niños migrantes de sus padres, el clamor público fue tan fuerte que la Casa Blanca acabó por poner fin a esta práctica.

Ahora, de vuelta para otro mandato, Trump y sus asesores han dejado claro que planean hacer de la migración familiar un objetivo clave, y reanudar las detenciones es una estrategia para disuadir a las familias de intentar entrar en Estados Unidos.

Tom Homan, el zar de la frontera, ha dicho que debe restablecerse la detención familiar. También ha indicado que el gobierno recurrirá a los tribunales para impugnar un antiguo acuerdo que limita la duración de la detención de los niños inmigrantes.

Cuando se le preguntó si personalmente se sentía cómoda con la práctica de la detención familiar, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, indicó que las familias tenían la opción de regresar a sus países si no querían ser detenidas. “Hemos creado un sistema y un sitio web en el que las personas que están aquí ilegalmente ahora mismo pueden registrarse y elegir volver a casa por su cuenta, y así mantener a sus familias unidas”, declaró a CBS News este mes.

Muchas organizaciones de derechos humanos y grupos religiosos consideran que la detención familiar es inhumana e ineficaz. Los abogados de inmigración señalan un largo historial de litigios por violaciones de las garantías procesales, atención médica insuficiente y denuncias de abusos sexuales en los centros. Los funcionarios han dicho que, en muchos de los casos, las familias estuvieron detenidas menos de dos semanas en los centros la última vez que abrieron; los abogados de inmigración afirman que la duración de las detenciones era variable, y que algunas familias estuvieron retenidas durante meses.

Los dos centros de detención familiar de Texas son gestionados por empresas penitenciarias privadas que contrató el Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos. El centro de Dilley, gestionado por CoreCivic, tiene capacidad para 2400 personas. El otro, un centro de 1328 camas en Karnes, es gestionado por The GEO Group.

El Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes, o RAICES, organización con sede en Texas, dijo que sus abogados habían encontrado a más de una decena de familias en las instalaciones de Karnes, entre las que había tanto personas que habían cruzado recientemente la frontera como personas detenidas durante operaciones policiacas en ciudades estadounidenses. Los inmigrantes llevaban en Estados Unidos entre tres semanas y diez años, y procedían de varios países, como Angola, Brasil, Colombia, Irán, Rumania y Rusia, según RAICES.

Una familia venezolana con dos hijos de 6 y 8 años fue una de las primeras familias enviadas a Karnes tras su apertura este mes. Tras vivir en Ohio durante casi dos años, habían decidido emigrar a Canadá cuando Trump volviera al poder, aseguró su abogada, Laura Flores-Dixit, abogada gerente de American Gateways, un grupo de defensa legal.

Al cruzar la frontera norte, la familia fue interceptada por funcionarios canadienses y devuelta a Estados Unidos. Los retuvieron durante veinte días en un centro fronterizo de Búfalo, Nueva York, antes de trasladarlos al centro de detención de Texas.

Flores-Dixit dijo que era inconcebible que se sometiera a una detención prolongada a una familia que intentaba salir de Estados Unidos con niños pequeños. “Detener a los niños nunca es una solución humanitaria”, afirmó.