El socio de CPA Ferrere y doctor en historia económica, Gabriel Oddone, se expresó este martes en su web personal sobre la variación de los precios de los combustibles luego de aprobada la Ley de Urgente Consideración (LUC) y sostuvo que “definir reglas rígidas sin una adecuada valoración del contexto, suele exponer a la política económica a tensiones”.

En una columna que el profesional tituló “Los precios de los combustibles después de la LUC: dilemas, desafíos y lecciones”, argumentó que “bajo ciertas circunstancias, los ajustes de los precios de los combustibles se pueden dilatar cuando el precio del petróleo aumenta”.

Sin embargo, detalló que “esas postergaciones no son posibles de mantener durante mucho tiempo”, debido a la forma en que se gestionan shocks sobre los precios de las materias primas”, cuestión que “no es irrelevante”.

“La regla de ajuste de los precios de los combustibles establecida en 2021 no se ha cumplido. Las razones han sido varias, pero consideraciones de economía política han jugado un papel importante en ello. En el contexto actual, la regla definida no está alineada con el objetivo de reducir la inflación. En el corto plazo, eso le plantea un dilema al gobierno”, apuntó el economista.

Oddone recordó la incidencia que tiene el valor del combustible para la formación general de los precios de las economías, con “efectos importantes en la competitividad, la remuneración de los factores de producción y la distribución del ingreso”.

En esta línea, señaló que la discusión sobre “cuánto de las variaciones del precio del petróleo debe traspasarse al precio final de los combustibles” no tiene un “criterio único”.

“En general, en los países industrializados el traslado es total, mientras que en los países emergentes (como Uruguay) el traspaso suele ser parcial. Tampoco existe consenso acerca de cuáles son las consecuencias sobre el bienestar general de limitar el pass-through del petróleo. A pesar de ello, se reconoce que en el corto plazo no trasladar cambios en el precio del petróleo a los precios de los combustibles (pass-through de 0%) o hacer que el traspaso sea total (pass-through de 100%), son opciones subóptimas. Por ejemplo, un pass-through de 0 puede suponer una carga excesiva para las finanzas públicas o inducir decisiones de consumo e inversión inadecuadas (excesos de demanda en bienes o servicios “intensivos” en combustibles). Alternativamente, un pass-through de 100% arriesga trasmitir señales de precios que restrinjan la demanda de ciertos bienes y servicios, al tiempo que puede provocar presiones innecesarias sobre el nivel general de precios de la economía”, apuntó.

Bajo este argumento, el economista señaló que “la intervención de los gobiernos en la fijación de los precios de los combustibles” tiene fundamento bajo ciertas circunstancias.

“Sin embargo, dado que en la práctica es difícil estimar el nivel óptimo de pass-trough y que, a su vez, las ganancias asociadas a la intervención son escasas, la recomendación usual es que las actuaciones de los gobiernos sean limitadas y estén basadas en mecanismos transparentes y claros. Así, la sugerencia es recurrir a herramientas como los topes de variación o el uso de promedios móviles para suavizar el traslado”, agregó Oddone.

En esta línea, destacó que dichos mecanismos tienen por objetivo “reducir la variabilidad de los precios de los combustibles y, en paralelo, reducir el riesgo de que un shock transitorio sobre el petróleo termine por provocar un efecto más duradero sobre el sistema de precios”.  

“Esto último es particularmente relevante en economías que, como la uruguaya, son pequeñas, abiertas, importadoras de petróleo y presentan rigidices nominales. La adopción de reglas explícitas para la fijación de los precios de los combustibles no sólo debería ayudar a reducir su volatilidad, también podría contribuir a gestionar mejor las presiones políticas que emergen cuando shocks sobre el precio del petróleo tienen lugar. A la luz de lo anterior, es posible afirmar que la adopción de un sistema reglado para la fijación de los precios de los combustibles es una decisión que cuenta con fundamentos y evidencia que la avala”, expresó Oddone.

Para el economista, sin embargo, “la adopción de una regla rígida y de alta frecuencia en un contexto como el que prevalecía durante su puesta en práctica (mediados de 2021) entrañaba riesgos para su credibilidad y sostenibilidad”.

“Si se quería avanzar en la dirección que se hizo bajo elevada incertidumbre como la que prevalecía a mediados de 2021, hubiese sido mejor dotar a la herramienta de mayor flexibilidad, sobre todo mientras su aplicación era comunicada, comprendida y evaluada por la población. Ello habría mitigado los dolores de cabeza que trajo su implementación durante los últimos nueve meses”, apuntó.

Con respecto a la decisión de ajuste una vez pasado el referéndum que cuestionaba los artículos referidos a combustibles en la LUC y al aumento del precio internacional del petróleo desde la invasión de Rusia a Ucrania, Oddone consignó que la regla no fue previamente aplicada por el gobierno básicamente por dos razones: amortiguar el impacto en los precios domésticos (inflación) y evitar el aumento de una “variable muy sensible para la opinión pública”.

“Esto se volvió progresivamente relevante a medida que el clima electoral se fue instalando. En otras palabras, la decisión de no aumentar los precios de los combustibles también estuvo asociado al ciclo electoral”, escribió.

 En esta línea, Oddone advirtió que para no perder la credibilidad de la regla “los precios de los combustibles deben iniciar una secuencia de ajuste al alza”.

Sin embargo, en “un contexto de fuerte aumento de los precios de las materias primas a nivel internacional y luego de haberse registrado un incremento importante de la tasa de inflación en febrero, el riesgo asociado es que un aumento de los combustibles termine presionando aún más a los precios internos”.

“Ello es particularmente relevante porque las autoridades necesitan convencer a los agentes de que el proceso de desinflación al que aspiran es plausible. En el actual escenario si el gobierno decide cumplir con la regla que definió para fijar los precios de los combustibles, la probabilidad de que la desinflación prevista sea factible es menor (todo lo demás constante). Contrariamente, si las autoridades priorizaran el cumplimiento de sus compromisos inflacionarios, deberán seguir realizando ajustes de las tarifas de manera discrecional dilatando los aumentos. Ello supone postergar aumentos lo que, también, afectará el resultado fiscal en el corto plazo”, sentenció el economista.

Comparto mi columna sobre reglas y flexibilidad en contextos volátiles. Los precios de los combustibles después de la LUC: dilemas, desafíos y lecciones. :: 29 marzo, 2022 https://t.co/l7tj6AHbmG

— Gabriel Oddone (@OddoneGabriel) March 29, 2022