El debate de Domenech, Bianchi y el FA que terminó en “los dos demonios” y Toma de Pando

El Partido Nacional defendió este martes ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado su proyecto de ley que habilita la prisión domiciliaria de mayores de 70 años, una iniciativa que sustituye la anterior de Cabildo Abierto (era para mayores de 65 años), y que ahora deberá negociar la coalición.

Por su parte, desde el Frente Amplio (FA) insisten en sus reparos al proyecto, por alertar que abre la puerta de ese beneficio para los represores de la dictadura (1973-1985) presos en la cárcel de Domingo Arena.

La iniciativa, fundada por los blancos en que “intenta dar una regulación general y abstracta al régimen de prisión domiciliaria”, y que debe ser evaluada por fuera de los casos concretos, tuvo una primera discusión en la sesión del martes de la Comisión.

El proyecto de ley prevé que a los 70 años de edad la prisión domiciliaria será de oficio para los supuestos no excluidos en el texto, lo que “corresponderá siempre que los delitos motivo de la condena no sean de violencia de género ni doméstica, delitos sexuales, delitos de lesa humanidad, de narcotráfico, ni que impliquen que el condenado deba convivir con la víctima”, dice la exposición de motivos, según el texto al que accedió Montevideo Portal. “En todos los casos, corresponderá dar vista al Ministerio Público a efectos de su dictamen y verificación del cumplimiento de los requisitos habilitantes”, agrega.

En el caso de los adultos mayores, entre los 65 y los 70 años de edad, será el juez competente el que decida apoyado en informes de peritos, con vista al Ministerio Público y previa solicitud de parte.

Pero desde el Frente Amplio señalan que los presos en Domingo Arena están condenados o imputados por delitos denominados comunes, como homicidio, privación de libertad o tortura, por lo que la figura de delitos de lesa humanidad, consagrada por ley en 2006, no se les aplica y habilitaría la prisión domiciliaria de los represores.

La senadora Carmen Asiaín, redactora del texto junto con un grupo de asesores legales, dijo en la Comisión que el texto es una propuesta y que el Partido Nacional queda abierto a “los aportes que se hagan desde todos los partidos integrantes del Senado”.

De forma textual, el proyecto de ley dice que quedan exceptuados del régimen de prisión domiciliaria los condenadores por “crímenes y delitos de genocidio, de guerra y de lesa humanidad contenidos en la Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006”.

La senadora manifestó durante el debate que además “no procede el régimen de prisión domiciliaria en los casos de reincidencia, reiteración o habitualidad”. “Esto dependerá de si hubo un solo delito, caso en el que podrá entrar, y en el caso de que hubiera reincidencia, no entrará, de acuerdo a nuestra propuesta aunque, obviamente, después puede cambiarse”, dijo.

El debate

El Partido Nacional presentó este martes en Comisión el proyecto, donde el Frente Amplio puso el foco de sus cuestionamientos en la posibilidad de otorgar el beneficio de la prisión preventiva a los represores.

El senador del Frente Amplio José Carlos Mahía dijo a Montevideo Portal que el proyecto “tiene dos cuestiones que son complicadas”. “Una es que se busca disimular con la redacción algo que esta normativa contiene, que es la posibilidad de que personas que fueron condenadas por la Justicia por delitos de lesa humanidad, puedan cumplir su pena de forma domiciliaria. Ese es el objetivo central, que busca disimular la redacción”, afirmó el legislador, al referirse al texto como una “versión edulcorada” de la iniciativa anterior de Cabildo Abierto.

“Lo segundo es que tiene como otro inconveniente que es que no está bien determinado el universo de personas beneficiarias o comprendidas dentro del proyecto de ley propuesto”, agregó.

El senador frenteamplista Charles Carrera, por su parte, dijo el martes en la Comisión que “hay un listado de delitos que faltan” entre las excepciones. “En mi opinión, tiene que estar el homicidio, es el delito más grave de nuestro ordenamiento jurídico; en mi opinión, tiene que estar el secuestro; en mi opinión, tienen que estar las torturas; en mi opinión, tiene que estar la trata de personas, que para mí es de los delitos más aberrantes. Entonces, tenemos 15.000 presos hoy, de los cuales hay dos tercios que no están”, afirmó.

Primer round

El debate en la Comisión se inició cuando el senador Enrique Rubio advirtió que en el listado de excepciones no están incluidos los homicidios, los secuestros y las torturas, lo que tuvo una respuesta inmediata de Asiaín, con base en que el juez deberá laudar cada caso.

“En cuanto a los homicidios, secuestros y torturas, dependerá de que el juez califique esa conducta como delitos de lesa humanidad y eso será según el caso, porque pueden encuadrar o no. Respecto al homicidio, esa fue la pregunta concreta que me hizo hoy el periodista. Si son menores de 70 años, no es preceptivo; la parte lo puede pedir, mediarán informes periciales, vista del Ministerio Público y el juez decidirá. Es potestativo para el juez. Después de los 70, quizás habría que revisar si no tendrían que cumplir parte de la pena”, dijo la senadora.

En una primera intervención, el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech dijo que el proyecto de ley de Asiaín “va en buena dirección”, y que no es partidario de aplicar la ley de forma retroactiva, que “violenta” los principios del derecho.

“En cuanto a la mención que se hace a los delitos de lesa humanidad, defiendo los institutos clásicos del derecho penal de presunción de inocencia, de no retroactividad y de prescripción. Y creo que pretender la aplicación de los tratados ratificados por ley nacional de manera retroactiva violenta principios clásicos del derecho penal”, dijo Domenech.

Más adelante, al toma la palabra el frenteamplista Charles Carrera, señaló distintos casos de personas condenadas por delitos ocurridos en la dictadura, y enumeró la tipificación penal por casos de homicidio, abuso de autoridad o privación de libertad, entre otros. “Mi pregunta es a la senadora Asiaín, que fue quien lo redactó. ¿En qué situación quedarían estas 28 personas que estarían en la prisión de Domingo Arena? Me parece que ese es el meollo de la discusión”, dijo Carrera.

Pero el que pidió para responder fue Domenech. “Me parece que es muy doloroso tratar estos temas y no quería llevar la discusión a ese campo, pero podría decir: ‘¿No perdonamos a los asesinos de Pascasio Báez? ¿No perdonamos a los asesinos de Jaime Oroza García? ¿No perdonamos a los asesinos de Hilda Quirino?’. En fin, puedo hacer una larga lista de asesinatos”, cuestionó.

“No conozco esas causas porque no he revisado los expedientes, ni los voy a revisar ni conozco a las personas internadas en Domingo Arena, pero ¿han sido objeto de una justicia que realmente merezca llamarse tal? ¿No fueron enviados a combatir un fenómeno de guerrilla armada y ahora los estamos sancionando? ¿No es cierto que el fiscal de la causa ha dicho que ha formalizado y condenado por meros indicios? Estas personas han vivido 30 o 40 años en la sociedad sin cometer ningún delito, si efectivamente cometieron esos delitos”, afirmó el senador.

“La verdad que tengo muchas dudas en esa justicia. Creo que más que justicia es venganza, por la forma que se ha tramitado modificando hasta el sistema penal de Justicia, porque la verdad que el traslado del eje de la justicia penal del Poder Judicial a la Fiscalía no creo que fuera una simple coincidencia”, agregó.

Mahía le respondió a Domenech que no comparte sus juicios de valoración sobre la Justicia. Y a continuación introdujo en el debate a “lo que tiene que ver con la línea referida a la denominada teoría de los dos demonios”.

“Tampoco la comparto y, paradójicamente, hace muy poquitos días, hizo una nueva fecha de recordación —no quiero utilizar la palabra aniversario— de la muerte de Vladimir Roslik, que no puso una bomba en ningún lado y que no llevó adelante ninguna acción armada; me refiero a él, así como a una gran cantidad de personas que fueron detenidas durante la dictadura militar y apremiadas en condiciones que todos conocemos. Por lo tanto, simplemente digo que rechazo y no comparto esa teoría”, dijo Mahía.

El debate continuó con la intervención de la senadora Graciela Bianchi.

“Por acá circula, hace tiempo, una lista de todas las personas inocentes que fueron víctimas de torturas, secuestros y homicidios. Yo tampoco estoy de acuerdo con la teoría de los demonios, pero ¿qué culpa tenía el padre de Burgueño que estaba parado en una esquina de madrugada y le pegaron un tiro en la Toma de Pando? Suceso que, además, se reivindica todos los años como un hecho histórico relevante. Entonces, ¿por qué volvemos siempre a esto? ¿Quieren que les dé la lista de los compañeros que yo también tengo muertos? Nibia Sabalsagaray se reunía en mi casa, éramos amigas”, afirmó la legisladora.

Bianchi recordó que, “en este país, el cuerpo electoral por dos veces laudó la situación”, y recordó que en las contiendas sobre la Ley de Caducidad ella “perdió las dos veces”.

“Yo llegué a una conclusión —porque uno también tiene derecho a reflexionar— y empecé a pensar si no seré yo la que estoy equivocada. ¿No será que el cuerpo electoral, que es la ciudadanía en su conjunto, dice que ya basta de este tema y que tenemos que dejar que la Justicia actúe cuando corresponde?”, se cuestionó.

“En este caso, no es que estamos tratando de proteger a los presos de Domingo Arena que, por otra parte, nos aburrimos de decir que no había ninguno procesado ni condenado por delitos de lesa humanidad. En realidad, Gavazzo, Cordero y un montón más murieron en prisión domiciliaria por el régimen anterior y bajo gobiernos de izquierda”, finalizó la senadora.

Por último, Domenech pidió su turno, y para cerrar el debate dijo que el proyecto de ley “es una contribución para cerrar jurídicamente una herida que, obviamente, para las personas directamente afectadas seguirá siendo dolorosa”.

El régimen y sus excepciones

Antes de que el debate hubiera estallado, Asiaían dijo en su primera intervención en la Comisión que el proyecto de ley debe ser analizado “con una mentalidad de abstraerse de la situación concreta”.

“Insisto en que se ha planteado un encare, una mirada desde la ley general y abstracta y no mirando situaciones particulares. Es así que se buscó apuntar a una regulación general y abstracta partiendo de la regulación vigente de prisión domiciliaria, que ya existe en nuestra legislación”, afirmó.

“Haciendo abstracción de las situaciones concretas en las que pudiera recaer, nuestro ánimo fue pensar qué situaciones de vulnerabilidad humana podrían hacer merecedor a alguien de este instituto de la prisión domiciliaria, y contemplamos seis que después vamos a pasar a describir. Tuvimos especial cuidado en que nuestra propuesta se ajustara a los estándares internacionales y regionales de derechos humanos”, agregó la legisladora.

Bianchi, en tanto, se refirió a los tiempos parlamentarios del texto. En ese sentido, afirmó que la coalición no sigue el criterio de “acelerar a marca forzada” el proyecto.

Los nacionalistas señalaron también “la necesidad de adecuar la normativa vigente a los estándares internacionales y nacionales de derechos humanos”.

“Es menester dotar de una regulación general del régimen de prisión domiciliaria que, por un lado, no se circunscriba al caso de la prisión preventiva del imputado (no condenado) dispuesta dentro del marco de las medidas cautelares, sino que abarque también a condenados; y, por otro lado, establecer parámetros que contemplen otras situaciones fácticas que también justifican la aplicación de este sistema de reclusión”, sostuvo la exposición de motivos del proyecto.

El proyecto también argumentó sobre las excepciones, una de ellas para los delitos de lesa humanidad. Los delitos de violencia doméstica y de violencia de género también deben exceptuarse de este régimen, así como los delitos sexuales y los vinculados al narcotráfico.

“Hay situaciones fácticas y condiciones que hacen inaplicable el régimen de prisión domiciliaria, como lo son casos en que existe peligro para la familia del recluso domiciliario, o bien para casos en que la gravedad del delito no admite un modo de cumplimiento de la pena fuera del establecimiento carcelario”, sostuvo la parte argumentativa del proyecto del Partido Nacional.

“Entendemos que esto ocurre en el caso de los delitos de lesa humanidad [Ley Nº 18.026, de 25 de setiembre de 2006]. En el marco del derecho internacional, así como en el derecho nacional, tanto el terrorismo como los delitos de lesa humanidad se encuentran en la cúspide de los delitos de máxima gravedad. Por ello es entendible que estos delitos sean excluidos de los supuestos en que es posible establecer una pena de prisión domiciliaria”, añadió.