La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores tiene a estudio el proyecto de ley promovido por el Partido Nacional, en negociación con sus socios de la coalición luego de una primera iniciativa de Cabildo Abierto, para otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 70 años.

El tema tiene como trasfondo que el Frente Amplio acusa al oficialismo de que el texto habilitará el beneficio para los represores presos por delitos cometidos en la dictadura, algo que el Partido Nacional rechaza, al señalar que se trata de una normativa integral y que, además, el eventual régimen “no procede” en casos de reincidencia, reiteración o habitualidad.

En ese marco, este martes 16 la Comisión del Senado recibió a Crysol, una asociación de ex presos políticos, en una sesión donde las senadoras nacionalistas Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, así como el cabildante Guillermo Domenech, confrontaron con la delegación de la organización.

“Fervientes defensores públicos de los terroristas estatales”

El presidente de Crysol, Gastón Grisoni, tomó la palabra en primer lugar. En su visita, la organización pidió al Senado que excluyan del beneficio de la prisión domiciliaria “a todos los condenados y procesados por violaciones a los derechos humanos durante el pasado reciente, cualquiera sea la tipificación que se haya usado”.

“Dado que los promotores iniciales del proyecto de ley han sido y son fervientes defensores públicos de los terroristas estatales procesados por la Justicia, es evidente que el propósito de la iniciativa es permitir un alivio importante de las condiciones de reclusión de los mismos ante la imposibilidad de promover una ley de amnistía y de impedir que haya nuevos procesamientos y formalizaciones”, dijo Grisoni al inicio de su intervención.

“Nos sorprende que se haya omitido mencionar a los responsables de homicidios agravados entre las personas que deberían ser excluidas del beneficio de la prisión domiciliaria obligatoria. Nos sorprende más el hecho de que excluya del beneficio a los condenados por crímenes de lesa humanidad, sabiendo que hasta el momento no se aplica dicha tipificación por el Poder Judicial”, agregó después.

El presidente de Crysol opinó, asimismo, que “al otorgar la prisión domiciliaria preceptiva a los mayores de 70 años, como lo hace el actual proyecto, se violenta el legítimo derecho de las víctimas a que haya justicia y a que los condenados cumplan con las sanciones penales impuestas por el sistema judicial”.

Grisoni dijo también que la prisión domiciliaria ya está prevista en Uruguay y que incluso alcanzó al teniente general Juan Modesto Rebollo, al general Mario Aguerrondo y el mayor Ricardo Arab. Y además dijo que los represores presos “cuentan con condiciones de reclusión envidiables”.

“Merecemos el debido respeto”

Asiaín fue la primera en responder. “Aquí se dijo que los promotores del proyecto de ley han sido y son fervientes defensores públicos de los terroristas estatales procesados por la Justicia. Yo pido que se solicite a toda delegación —lo habíamos pedido con anterioridad— que se abstenga de hacer acusaciones de este tipo. Y no voy a entrar en el fondo del asunto. No es para discutir. Simplemente creo que nosotros, no como legisladores, sino como cualquier ciudadano, merecemos el debido respeto, y no corresponde que se venga a hacer acusaciones a ningún partido de ser defensor público de ningún terrorista”, afirmó la senadora nacionalista.

Bianchi, de inmediato, apoyó las palabras de Asiaín. La senadora afirmó que comprendía la situación de los ex presos políticos, pero afirmó que “lo que se ha dicho es una ofensa”. “De ninguna manera vamos a aceptar semejante acusación”. sostuvo.

Domenech también se desmarcó de los cuestionamientos y, al mostrar su desacuerdo, afirmó: “Yo no soy amigo de los que están en Domingo Arena. No los conozco. No he visitado Domingo Arena. No tengo ninguna relación con ellos”.

Luego dijo que tenía 72 años, y presentó su visión sobre lo ocurrido en las décadas de 1960 y 1970 en Uruguay.

“Esto es casi al margen del cometido de la Comisión, pero me parece que ustedes se merecen una explicación y se la hago en estos términos, porque si uno escucha las razones del otro puede llegar, no digo que a dudar, pero a comprenderlas. Y a mí me pareció una locura lo que sucedió en aquellos años, cuando un grupo de personas empezaron a poner bombas, a secuestrar gente, a robar bancos, a matar gente inocente. Me parece una locura. También me parece una locura que durante el proceso militar haya habido violaciones, torturas, porque eso no tiene justificación alguna”, dijo Domenech.

“Ustedes me dirán que esta gente no ha recibido el castigo merecido. Bueno, creo que han tenido un castigo social y han tenido un castigo jurídico, porque ya hace unos años que están presos y, como dice nuestra Constitución, las cárceles no son para mortificación. O sea, así es el sistema penal nuestro desde siempre, no desde el año 1985. Una disposición constitucional dice que las cárceles deben servir para la reeducación y no para la mortificación”, agregó.

Tras las intervenciones de los senadores oficialistas, Grisoni dijo que su acusación estaba dirigida a Cabildo Abierto, porque “en un comienzo promovieron la iniciativa”.

“Nosotros no aludimos al Partido Nacional. Está clarísimo. Nosotros nos referimos a los promotores iniciales, que son aquellos con los que discrepamos. Pero estamos dispuestos a conversar en todas las instancias. Venimos simplemente a expresar esto”, dijo.