"Hace tres meses dije a los líderes mundiales ante el Consejo de Seguridad de la ONU que corríamos el riesgo de una hambruna de proporciones bíblicas", ha indicado el director ejecutivo del PMA, David Beasley, quien ha incidido en que los datos revelan que "desde entonces, millones de las familias más pobres del mundo se vieron forzadas a estar aún más cerca del abismo"

Así, ha explicado que "los sustentos están siendo destruidos a un ritmo sin precedentes y ahora sus vidas están ante un peligro inminente de hambruna". "Que no haya errores, si no actuamos ahora para poner fin a esta pandemia de sufrimiento humano, mucha gente morirá", agregó.

La mayoría de los países afectados se encuentran en África, si bien la alerta se extiende igualmente a países de América Latina y el Caribe, Oriente Próximo y Asia, motivo por el que el PMA indicó que incrementará su entrega de ayuda humanitaria a 138 millones de personas, una cifra sin precedentes.

El costo de esta respuesta se calcula en torno a los 4.900 millones de dólares (cerca de 4.285 millones de euros), con otros 500 millones de dólares (alrededor de 437 millones de euros) destinados a evitar brotes de hambre en los países que están ante un mayor riesgo.

La cifra supone más de la mitad del Plan de Respuesta Humanitaria Internacional ante la COVID-19, lanzado este mismo viernes para recaudar 10.000 millones de dólares (unos 8.745 millones de euros), el mayor llamamiento en petición de ayuda de la ONU hasta la fecha.

Los citados organismos han detallado que las personas en situación de inseguridad alimentaria grave en los países en riesgo podría aumentar de 149 millones a 270 millones antes de que acabe el año si esta ayuda no es distribuida de forma urgente.

Además, ha alertado de que sus cálculos apuntan a que cerca de 6.000 niños podrían morir al día por causas prevenibles durante los próximos seis meses a causa de las alteraciones provocadas por la pandemia en los servicios básicos de sanidad y nutrición.

La alerta emitida por estos organismos afecta principalmente a África, donde se verían afectados un total de 15 países: Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Liberia, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana (RCA), República Democrática del Congo (RDC), Sierra Leona, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Zimbabue.

En el caso de África Oriental, recordaron que ya antes de la pandemia había 27,6 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave, además de hacer frente a la peor plaga de langostas del desierto en 25 años y haber sufrido graves inundaciones entre marzo y mayo que afectaron a cerca de 1,3 millones de personas.

Por su parte, 12,3 millones de personas residentes en África Occidental se encontraban en situación de crisis en diciembre de 2019, incluidos los países del Sahel, que han sido escenario de un grave repunte de la inseguridad durante los últimos meses debido al incremento de los ataques yihadistas y los enfrentamientos intercomunitaros.

De esta forma, destacó que la región de Liptako-Gourma, en la frontera entre Burkina Faso, Malí y Níger, es uno de los puntos más preocupantes en la región, afectada además por el creciente número de refugiados y desplazados internos que huyen del conflicto y la violencia.

En el sur de África, marcado por las sequías e inundaciones recientes, tanto Mozambique como Zimbabue hacen frente a un empeoramiento de la ya complicada situación humanitaria, mientras que RCA y RDC cuentan además con conflictos activos en varias zonas del país que endurecerán el sufrimiento de la población.

Los organismos incluyreron además en su previsión de países afectados a Afganistán, Bangladesh, Irak, Líbano, Siria y Yemen, en el caso de Asia, y Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Perú y Venezuela en la región de América Latina y Caribe.

Impacto de la pobrza en América Latina
El informe recoge que, tras décadas de una disminución significativa del hambre en la región, en los últimos años ha aumentado con 18,6 millones de personas en niveles de crisis de inseguridad alimentaria, o peores, en América Latina y Caribe.

"En la región, el hambre proviene predominantemente de la pobreza y no de la falta de alimentos. Ahora, bajo el impacto de COVID-19, la tasa de pobreza podría aumentar del 30,3 al 37,2 por ciento, con la pobreza extrema subiendo del 11 al 15,5 por ciento, según el Informe de Políticas sobre el Impacto del Coronavirus en América Latina y el Caribe.

Así, señala que los tres principales focos son Haití, la zona de América Central integrada por El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y Venezuela, país que ya contaba en septiembre de 2019 con 9,3 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria, en la que fue la cuarta mayor crisis de este tipo en 2019.

El documento recoge que el impacto del coronavirus y las restricciones para hacerle frente, además de la caída de los precios del petróleo, tendrán un amplio impacto en Venezuela, donde la población sigue perdiendo poder adquisitivo.

De acuerdo con las cifras de la Plataforma de Coordinación para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, en junio de 2020 había 5,2 millones de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos en la región.

En el caso de Colombia, Ecuador y Perú, unos 500.000 migrantes venezolanos se encuentran excluidos en su mayoría de los sistemas de protección social, mientras que el deterioro económico en los países de acogida podría "afectar aún más" a sus medios de vida, así como a los grupos sociales marginados en estos países.

Las medidas de prevención y las restricciones han afectado además las fuentes de ingresos y el poder adquisitivo en los citados países de América Central, lo que se ha visto sumado a una caída de las remesas, por lo que el PMA ha dicho que es probable que la situación "dé lugar a un continuo deterioro de la situación de la seguridad alimentaria".

Sin embargo, manifestó que "las condiciones meteorológicas parecen favorables para el desarrollo de los cultivos en la primera temporada, que suele terminar en septiembre", si bien las tormentas 'Amand1' y 'Cristóbal', que azotaron la zona en junio, "podrían tener un efecto negativo en la producción de alimentos".

Por todo ello, el informe recomendó mantener y ampliar la ayuda alimentaria, adaptar las actividades de ayuda a las restricciones por la COVID-19, reducir al mínimo las interrupciones en las cadenas de suministro de alimentos esenciales y apoyar a los gobiernos a ampliar los sistemas de protección social.

Asimismo, abogó por incrementar el acceso a grupos excluidos y considerar el impacto de la COVID-19 en las mujeres y las niñas, promover la recopilación de datos y la evaluación de programas a partir de pruebas, adecuar las actuaciones para garantizar la inclusión e incrementar la coordinación.

Con información de Europa Press