El caso de la familia Julien Grisonas y la corresponsabilidad de gobiernos del Cono Sur

La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, publicó una carta a través del reconocido medio chileno La Tecera el pasado 28 de diciembre en donde se expresó sobre la corresponsabilidad de los estados del Cono Sur enmarcado en el Plan Cóndor.

En ese mes, la CIDH condenó a Argentina por el caso de la familia Julien Grisonas. La presidenta recordó que esta familia fue víctima de un violento operativo en su casa en el año 1976, en la que el padre de familia, Mario Julien, fue asesinado —y su cuerpo posteriormente desaparecido— mientras intentaba defender a sus hijos. La madre de esa familia, Victoria Grisones fue brutalmente torturada en el conocido centro de detención clandestino “Automotores Orletti” y posteriormente desaparecida.

Urrejola recordó en la misiva que las hijas de Victoria y Mario fueron (de 16 meses y 4 años en ese entonces) fueron trasladadas hacia nuestro país, precisamente a Montevideo, y fueron nuevamente trasladadas de forma clandestina a Chile, lugar en que fueron abandonadas solas e indocumentadas en Valparaíso.

Para la jerarca de la CIDH este es un “caso emblemático” porque no solo refleja el plan sistemático de la apropiación de niñas y niños, sino que también deja en evidencia la “cadena, coordinación represiva y colaboración en pos del horror” por parte de las dictaduras del Cono Sur.

“En ese sentido, el tribunal recordó que, pese a que el caso fue sometido a su conocimiento respecto de Argentina, la noción de garantía colectiva se encuentra subyacente en todo el sistema interamericano”, escribió, y agregó que, según señala la Corte, los estados “tuvieron algún tipo de participación en los hechos y, en general, en el contexto de la Operación Cóndor.

“Colaboren entre sí de buena fe con el fin de implementar esfuerzos interestatales coordinados en pos de la verdad y la justicia, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas”, indicó.

“Anatole y Victoria son los primeros niños desaparecidos recuperados. Pero son cientos, como dijo Victoria en audiencia ante la Corte, quienes han padecido esta tragedia. Ellas y ellos continúan en la búsqueda no solo de sus padres desaparecidos, sino también de su identidad, historia y de la justicia en muchos casos pendiente. Esta decisión de la Corte Interamericana nos recuerda que los estados que fueron parte de la Operación Cóndor tienen la obligación internacional conjunta de no dejar solas a las víctimas y sus incansables luchas”, agregó.

Finalmente, la presidenta de la comisión opinó que el caso de esta familia es un “poderoso incentivo” para que el ejercicio del multilateralismo que instale en el continente la idea de que los esfuerzos interestatales colectivo por los derechos humanos y la democracia “son un mínimo común en nuestras relaciones políticas internacionales”.

“Los estados del Cono Sur tienen, en esta decisión de la Corte, una hermosa oportunidad no solo de cumplir sus obligaciones internacionales, sino de ejercer una diplomacia y liderazgos activos en una región como la nuestra, en que la democracia y los derechos humanos aún se encuentran amenazados en muchos frentes y en que miles de víctimas siguen buscando verdad y justicia”, concluyó