El cambio de penas que pide el gobierno para los que entren con armas a los estadios

El proyecto de ley de Rendición de Cuentas enviado el viernes por el Poder Ejecutivo al Parlamento incluye un conjunto de iniciativas vinculadas a la seguridad pública. Además del aumento de penas para casos de homicidio, el gobierno también promueve cambios en las sanciones para delitos vinculados a espectáculos deportivos.

Además de una mayor sanción penal para los que entren con armas a los estadios, el proyecto de ley de Rendición de Cuentas propone una modificación del Código Penal actual para incorporar la duración de la prohibición de ingreso a escenarios deportivos, lo que hasta el momento quedaba a criterio del juez.

El gobierno plantea en el proyecto de Rendición de Cuentas un incremento de penas para las personas que porten armas o “el que las introdujere en el recinto en el que se desarrollare la competencia deportiva o el espectáculo público”.

La pena propuesta para estos casos es de seis a 24 meses de prisión, y la prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo es de tres a cinco años. En la actualidad, la pena para este delito va de tres a 24 meses de prisión, al igual que los que participen de una riña, según establece el artículo 323 Bis del Código Penal.

“Si de las conductas descriptas en los incisos anteriores resultare muerte o lesión se aplicará, además de la pena que corresponda al delito, la pena de prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo de cinco a quince años”, agregó el nuevo proyecto de ley.

Para los casos de riña, la prohibición de ingreso irá de uno a tres años.

La prohibición de ingresar a cualquier espectáculo deportivo será de uno a cinco años para aquel que destruya o dañe “total o parcialmente una cosa ajena mueble o inmueble, con motivo o en ocasión de una competencia deportiva u otro espectáculo público, durante su desarrollo o al ingresar o retirarse del mismo”. La sanción penal seguirá siendo de tres a 15 meses de prisión.

Acceso a cámaras de comercios

El Ministerio del Interior también promueve que la Policía pueda requerir en un plazo máximo de 48 horas de filmaciones disponibles en instituciones públicas y privadas que puedan servir para aclarar delitos.

“Facúltase a la Policía Nacional a requerir a organismos públicos e instituciones privadas la entrega del respaldo de filmaciones de cámaras de seguridad que tengan en sus instalaciones, cuando las filmaciones contribuyan al esclarecimiento de delitos, faltas o hechos con apariencia delictiva. La entrega del registro fílmico, deberá realizarse a la autoridad requirente en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas de efectuada la solicitud”, dice el artículo 107 del proyecto de Rendición de Cuentas.

Una fuente del Ministerio del Interior explicó a Montevideo Portal que hasta el momento no existe una obligación para los comercios, por lo que queda atado a la voluntad de sus encargados. Tampoco está definido un plazo.

En cuanto a los asesinatos, el artículo 145 plantea que la pena para el homicidio intencional vaya de un mínimo de seis años a un máximo de 18 años. El Código Penal actual plantea que vaya de dos a 12 años de penitenciaría, aunque el plazo puede ser mayor en función de eventuales circunstancias y agravantes.

El proyecto de ley también incorpora como agravante “la mutilación, el desmembramiento o la incineración del cuerpo de la víctima”.

Compensaciones para directores

El texto además prevé en su artículo 113 compensaciones salariales especiales para determinadas autoridades policiales, como el director y el subdirector de la Policía Nacional, el jefe de Policía de Montevideo, los jefes de Policía del interior, el director de la Escuela Nacional de Policía y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros.

Para estos casos, el proyecto plantea una partida de $11 millones para abonar “una compensación especial” a quienes se desempeñen como encargados de las distintas direcciones de la Policía. “La referida compensación especial solo se podrá abonar a diez Encargados a la vez, como máximo”, dice el texto, y agrega que el monto no podrá superar el 45% de la remuneración nominal de un cargo de confianza en la cartera.

El proyecto de ley también prevé que la Dirección Nacional de Identificación Civil “dependerá directamente” del ministro del Interior.