Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) presentarán el mes de febrero, cuando se levante la feria judicial, dos denuncias penales ante la Justicia, informó el diario El Observador y confirmaron fuentes de la cartera a Montevideo Portal.
"Una denuncia recoge las auditorías que hizo el Mides en 2020. La otra son las denuncias del Sistema de Cuidados que aparecieron en diciembre pasado", explicó a Montevideo Portal el director general del Mides, Nicolás Martinelli.
En diciembre se presentaron denuncias por presuntos malos tratos, abusos y hurtos dentro del Sistema Nacional de Cuidados.
Con respecto a las auditorías realizadas en mayo de 2020, en aquel momento se encontró una fuga de casi $10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG's.
El Mides les da a las ONG y cooperativas que atienden refugios el dinero para ese pago y para los gastos de funcionamiento, pero unas 15 organizaciones no habrían efectivizado el pago a los propietarios de los locales.
Por otro lado, en relación a las auditorías publicadas este jueves por la Auditoría Interna de la Nación, Martinelli sostuvo que en esta instancia "no van a incluirse en la denuncia penal".
"Vamos a analizarla y en todo caso ampliaremos la denuncia más adelante", aseguró el jerarca de Estado.
Este jueves el gobierno presentó un informe sobre una auditoría realizada en el Mides en el que se evaluaron los controles realizados sobre las rendiciones de cuentas presentadas por las organizaciones civiles y cooperativas de trabajo.
En el informe se explica que en "las actividades de control" se registraron "debilidades significativas que afectan los principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos".
En las conclusiones sobre el informe el Mides advierte que "se observa liberación de partidas con fondos pendientes de rendición", y "no se exige que los gastos de administración se rindan mediante la presentación de la documentación que justifica el gasto".
Además, el informe realizado por la Auditoría Interna de la Nación entre 2018 y 2019 señala que "no existe un control que permita garantizar que las organizaciones se encuentren al día con el pago de los alquileres".
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