"Lo urgente es la gente". Bajo ese lema el Frente Amplio presentó siete proyectos de ley que ingresaron por la Cámara de Diputados para que sean tratados de forma paralela a la ley de urgente consideración (LUC), que está en discusión en la Cámara de Senadores.
Los proyectos presentados por el Frente Amplio son diversos, pero todos están destinados a paliar la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus y su paralela cuarentena, que frenó la actividad en varios rubros y afectó el empleo.
El Frente Amplio considera -según un documento presentado por la bancada de diputados a la prensa- que "gran parte de la población afectada no está comprendida en los beneficios que otorgó el gobierno".
"Sabemos que solo un 2,6% de las empresas consultadas por la Cámara de Comercio en la encuesta Impacto Económico del Covid-19 entienden que las medidas se ajustan a sus necesidades", añade el escrito.
"Por esta razón, el Frente Amplio elaboró un programa de acción concreto y viable con un objetivo común: habilitar los marcos normativos para el despliegue de un Estado presente y sensible a las necesidades de la ciudadanía en el marco de esta emergencia sanitaria", agrega.
Así las cosas, el primer proyecto presentado es sobre trabajo y relaciones laborales. En resumidas cuentas, con esta ley se limitarían los despidos en el contexto de la crisis sanitaria por 180 días. "En caso de incumplimiento, la indemnización por despido será el doble de lo normal y podrá acumularse con la que eventualmente en cada caso correspondiera por indemnización por despido especial".
El segundo proyecto es sobre servicios públicos básicos. Con este proyecto se lograría la "suspensión de los cortes de suministro de servicios de agua, luz, telefonía e internet". También se plantea "la exoneración del pago de los servicios mencionados a las familias beneficiarias de una serie de programas del Mides".
El tercer proyecto es sobre tarjetas de crédito. Con él se busca otorgar a los titulares de tarjetas que acrediten haber sido despedidos, enviados al seguro de desempleo o padecido una pérdida sustancial de sus ingresos, a partir del estado de emergencia, "la facultad de acceder a un régimen de pago de las deudas referidas hasta en seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas con vencimiento la primera en el mes de julio de 2020".
El cuarto proyecto refiere a la vivienda y "establece un plazo de moratoria de seis meses a partir del 1° de abril para los deudores de alquileres". También se pide al gobierno "que establezca un subsidio económico que contemple la pérdida económica de los arrendadores cuya única o preeminente fuente de ingresos económicos provenga de los alquileres que dejará de percibir por el plazo de moratoria". También se pide suspender las expulsiones de pensiones y la "prohibición de realizar intimaciones por el delito de usurpación contra sectores de la población con vulneración de derechos".
El quinto proyecto refiere al expendio de medicamentos y dispone "la implementación de tres medidas concretas que faciliten a la población el acceso a los medicamentos" de forma excepcional. En este sentido, lo que se busca es evitar la circulación de la población de riesgo de contraer COVID-19.
El sexto proyecto refiere a medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus. "Se propone bajo determinadas garantías que las personas permanezcan en sus domicilios y residencias".
El séptimo y último artículo propuesto refiere a la fijación de precios máximos en productos de higiene y de alimentación. "Se lista la fijación de precios máximos de venta de los productos alimentarios que integran la canasta básica familiar, y del alcohol en gel, alcohol rectificado, mascarillas, tapabocas, guantes sanitarios, jabón de tocador de cualquier tipo, pañuelos descartables, hipoclorito de sodio y todo otro artículo sanitario que se estime coadyuvante a paliar la pandemia del COVID-19", dice el proyecto.