Van casi tres años desde que se impulsó el primer decreto sobre el etiquetado frontal de alimentos. En 2018 el Gobierno de Tabaré Vázquez firmó un decreto que entraba en vigencia el primero de marzo de 2020, a fin de dar tiempo a la industria a adecuarse a los cambios. Diez días después de cumplido ese plazo, el Gobierno actual otorgó una prórroga a la entrada en vigencia con la idea de revisar el decreto.

En setiembre de 2020 surgió finalmente el nuevo decreto, con los límites iguales a los que utiliza Chile en la última etapa de su ley (país que lo hizo en forma progresiva) y que tenía entrada en vigencia para el 1 de febrero de 2021. A finales de enero de 2021, tres días antes de comenzar a regir, surgió otro decreto que funciona a modo de prórroga debido a las demoras en su instrumentación.

El tema generó un debate entre oficialismo y la oposición, que reclamó por las demoras en la puesta en marcha y el retroceso que significó el último decreto en cuanto a los valores establecidos para los alimentos.

Para evitar estos cambios de criterio provocados por las firmas de decretos sucesivos, el Frente Amplio decidió en la reunión de su bancada de Diputados impulsar una ley que regule el etiquetado.

"El etiquetado de alimentos y los entornos alimentarios deben ser parte de una política pública que focalice en temas de salud de la población, que por su importancia no puede sufrir los vaivenes de los gobiernos de turno y no puede regularse por decreto del Poder Ejecutivo", dijo la legisladora Cristina Lustemberg.

"Vamos a trabajar en ambas cámaras y con todo el sistema político. Este es un tema prioritario que requiere políticas de estado permanentes, integrales y concretas", escribió Lustemberg.

"Con este proyecto de Ley buscamos garantizar el acceso a información clara, oportuna y veraz sobre alimentos y bebidas; fortalecer el derecho a la información; proteger a la población infantil y adolescente de la publicidad de alimentos; promover el consumo de alimentos saludables en centros educativos y hábitos alimentarios saludables en la población uruguaya, comenzando por la infancia y la adolescencia", prosiguió.

"Confiamos en un trabajo efectivo que se concrete en una política y estrategia nacional consensuada para nuestro país", concluyó.

En charla con Montevideo Portal, la exsubsecretaria de Salud Pública dijo que la idea es trabajar entre todos en la redacción de la ley (dando voz también la industria) para llegar a un consenso. "Tenemos cifras de obesidad y sobrepeso preocupantes (casi 65% de la población los padece en algún grado), por eso trabajamos desde el 2016 para disminuir estos factores, que inciden en las enfermedades no transmisibles y el etiquetado de alimentos es una medida muy rápida y efectiva", dijo. Puntualizó que en Uruguay los niños de 4 años consumen en promedio tres kilos de azúcar al mes.

Las enfermedades no transmisibles (problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensión, etcétera) provocan en promedio una muerte por hora en Uruguay y generan un costo económico total, indirecto e indirecto, de 775 millones de dólares, dijo, algo que cobra más importancia en la situación actual.

Lustemberg señaló que las idas y vueltas de los decretos generaron hoy en día hay una situación muy confusa para los consumidores e injusta para parte de la industria, ya que hay empresas que colocaron el etiquetado en los productos y otras que no. "Hay alimentos que no tienen los octógonos pero no porque no tengan exceso de grasas, azúcares o sal, sino porque no están cumpliendo la normativa", explicó.

"Lo que hicieron los sucesivos decretos fue demorar la puesta en marcha de una política pública", puntualizó.

Esta ley (una mejora de la presentada y archivada en el período anterior) evitaría los inconvenientes mencionados al darle la fortaleza de un marco legislativo, indicó. La diputada señaló que la discusión y aprobación de la ley no generará más demoras ya que correrá por paralelo a la entrada en vigencia del último decreto. Sí puede generar cambios en los valores establecidos para el etiquetado, pero comentó que en otros países también ha ido cambiando y ajustándose.