El Comité Departamental de Emergencias exhortó a no realizar desalojos durante la emergencia sanitaria, ya que estas situaciones podrían aumentar la vulnerabilidad de algunas personas, principalmente las que se encuentran dentro de la población de riesgo.
En este sentido, se pide a las autoridades públicas y propietarios de casas de inquilinato y pensiones que no desalojen a aquellas personas o familias que no puedan cumplir con el pago de las obligaciones asumidas, teniendo en cuenta la excepcional situación de crisis económica y emergencia sanitaria.
El Comité Departamental de Emergencias, integrado por la Intendencia de Montevideo, ministerios de Salud Pública, Desarrollo Social, Interior y Defensa Nacional, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y la Defensoría de Vecinos y Vecinas de Montevideo, hizo este pronunciamiento en el marco de los esfuerzos que se llevan a cabo, a nivel nacional y departamental, para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población frente a la pandemia de coronavirus.
Se advierte que niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y otros integrantes de los grupos vulnerables "requieren un especial foco de atención para asegurar su protección en las actuales circunstancias".
Señala el comité que "un eventual desalojo tendría como consecuencia la casi inexorable situación de calle a la que se verían enfrentadas las personas".
Así las cosas, la declaración del comité señala que "todas las personas, en esta situación de crisis y excepcionalidad, deben tener presente el deber de abstenerse de realizar acciones que puedan ocasionar -directa o indirectamente- perjuicios a la salud humana, por lo que las autoridades deberán dar inmediata noticia a la Fiscalía General de la Nación para su consecuente intervención".
Días atrás, el abogado y titular del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho Juan Ceretta advirtió por un aumento de los desalojos forzosos en diversas pensiones del país debido a que los inquilinos no pueden afrontar los pagos por la situación laboral que atraviesa gran parte de la población.
Antes, la Junta Departamental de Montevideo apoyó la iniciativa que tuvo el Municipio B, que le pedía a las autoridades públicas, propietarios de pensiones y casas de inquilinato que no realizaran desalojos mientras durara la emergencia sanitaria por el coronavirus.
A fines de marzo, el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez presentó un proyecto de ley para evitar que se produzcan desalojos de personas en situación de vulnerabilidad.