El Equipo educativo de la Escuela de Oficios Don Bosco emitió un fuerte comunicado para denunciar carencias y un repliegue del Estado en el barrio Marconi, donde la institución trabaja actualmente con 200 adolescentes a partir de un convenio con el INAU.

En la misiva, se recuerda que el proyecto pasó a manos de los Salesianos en 1989 y que posteriormente fue una propuesta de horario completo “que beneficiaba a los adolescentes en sus procesos educativos y sociales”.

No obstante, se señala que a partir de 2017 el horario fue reducido únicamente a la mañana, debido a la falta de fondos suficientes para cubrir el funcionamiento vespertino.

“[De esta forma] se ve limitada la posibilidad de acompañar a cientos de adolescentes en sus trayectorias vitales dado el contexto violento y el crecimiento de la violencia barrial, consumo, tráfico de estupefacientes, tráfico de armas, entre otras. Esto implica la posibilidad de estos adolescentes de permanecer más horarios en una institución abocada a su protección y acompañamiento”, afirmaron.

En este orden, el equipo educativo destaca que hubo “un retiro del Estado y sus políticas sociales en el barrio”, tales como el Plan Juntos, Policlínica, Equipo Territorial de Atención Familiar del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros.

“Las situaciones de violencia por las ya mencionadas situaciones limitan además las posibilidades de los equipos que permanecemos en el territorio de realizar intervenciones pertinentes, viéndonos imposibilitados de, entre otras cosas, realizar entrevistas y visitas domiciliarias. Así, se asienta la desprotección de niños, niñas y adolescentes del barrio y sus familias que no reciben la atención que requieren. Se perpetua la vulneración de derechos”, agregaron.

“Este repliegue del Estado y el aumento de la violencia en la zona, con tiroteos constantes, narcotráfico y tráfico de armas, enfrentamientos entre bandas que toman lugar en todo el barrio y a metros de los centros educativos que habitan los niños y los adolescentes”, denuncia el colectivo.

El equipo educativo indico que, en esta coyuntura, se sostienen las situaciones de vulnerabilidad ante una demanda creciente y la falta de posibilidades para dar respuestas humanas y materiales a la población.

“La violencia del barrio se reproduce también en una creciente represión policial desmedidamente violenta y estas medidas estatales de repliegue, generan un círculo vicioso en el que el más poderoso es el más violento”, se consigna.

A su vez, se recuerda que las familias que habitan en la zona lo hacen en “viviendas de chapa y cartón, sin servicio sanitario ni acceso a agua potable o luz eléctrica, con piso de tierra”.

“No queremos ver familias que se alimentan de la basura, que dependen de las donaciones que llegan a las instituciones (que son cada vez menos) o se alimentan una vez al día para la supervivencia. No queremos que nuestros gurises se desarrollen en el marco de violencia constante, la inseguridad, el estado de alerta y el miedo por sus propias vidas y de sus familias. Esto genera impactos inmensurables en la salud mental, traumas significativos comparables a un estado de guerra e implicancias en su propia identidad y autonomía”, reflexiona la carta.

Finalmente, los trabajadores señalan que no quieren dejar de ser parte de un proyecto en el que creen y confían, pero existe un gran “riesgo asociado a ir a trabajar”.

“Queremos un Marconi con presencia estatal verdadera y significativa, no desde la represión y más violencia, pero sí desde el compromiso por las familitas y su derecho a una vida integralmente digna”, valoraron los educadores.