La semana pasada, la Intendencia de Montevideo demolió dos edificios con "protecciones cautelares" en el Centro (Canelones y Andes) y Cordón (Constituyente y Yaro). La asociación civil Patrimonio Activo denunció este accionar, ya que están protegidos por la Junta Departamental y la comuna "pasó por encima" de la norma que define que estos inmuebles tienen valor patrimonial y que se deben preservar, según explicó el presidente de la organización, Erich Schaffner, a Montevideo Portal.

"Habiendo hablado con el director de (la división de) Planificación (Territorial) y de (la unidad de Protección del) Patrimonio de la IM por este tema, lo que leemos es que se lavan las manos", dijo Schaffner.

En esta línea, el jerarca de Planificación, Luis Oreggioni, dialogó con Montevideo Portal para explicar el porqué detrás de la decisión de la comuna capitalina para tirar abajo esas estructuras. Resulta que no fue algo sencillo y hay muchos matices en el asunto, según señaló.

A su vez, el director de Planificación se refirió principalmente al edificio centrico, ya que el de Cordón no lo tenía "tan claro". "En (el de Canelones y Andes) conozco el expediente (…) Seguramente (en el de Cordón) la valoración fue similar", acotó.

La pata legal

En primer lugar, aclaró que el régimen vigente para ambos barrios en materia legal de la normativa de construcciones es el cautelar, aprobado en diciembre de 2019 por el legislativo departamental. No obstante, esto se hizo "a la espera de un inventario patrimonial", lo cual implica una valoración en esta materia de todos los inmuebles, uno a uno, para poder evaluar "la posible sustitución o no y en qué condiciones", indicó Oreggioni.

Bajo esta normativa hay una clasificación por grados, que van del 0 al 4: los más bajos son los más propensos a ser sustituidos, mientras que el más alto corresponde a un edificio declarado Monumento Histórico Nacional. Los dos edificios demolidos por la IM son de grado 2, es decir, "que pueden o no ser sustituidos según su estado e incluso según la propuesta"; por ejemplo, "si tiene valores que serían, en el futuro, patrimoniales, también es posible sustituirlo", expresó el director de Planificación.

 Ahora bien, actualmente rige la medida cautelar impuesta por la junta, pero la IM trabaja en un proceso para modificar la normativa vigente, establecido incluso por la Ley de Ordenamiento Territorial (N.º 18.308). Según lo dispone esta norma, en su artículo 24, se deberá redactar "el avance que contenga los principales estudios realizados y los criterios y propuestas generales que orientarán la formulación del documento final"; esto es conocido como la Puesta de Manifiesto, la cual está disponible para la población a través de la página web de la intendencia (en el archivo llamado "Anexo 4 - área patrimonial Centro Sur" se pueden ver todos los edificios y sus grados patrimoniales desde Constituyente y Javier Barrios Amorín hasta Canelones y Florida, entre San José y Durazno). Asimismo, una vez inicien los avances de los instrumentos regional, departamental e interdepartamental, los Gobiernos departamentales "podrán establecer fundadamente como medida cautelar", entre otras cosas, la demolición "en ámbitos territoriales estratégicos o de oportunidad".

En tanto, la suspensión cautelar "se extinguirá, en todos los casos, con la aprobación definitiva del instrumento respectivo".

De esta manera, la IM está "en medio de un proceso": luego de la Puesta de Manifiesto, se hará una audiencia pública y allí se culminará la redacción de los documentos pertinentes. Luego, todo será enviado a la Junta Departamental para que entren en vigor, comentó Oreggioni.

"En el momento en que esos documentos estén aprobados, habrá en Centro y Cordón un régimen patrimonial donde estarán definidas normativas de construcción y niveles de protección patrimonial, con lo cual estará perfectamente claro. La medida cautelar es una especie de freezer que te dice ‘no uses la normativa que tenías, en vez de usar la normativa mirá lo que vas a demoler’", aseveró el jerarca de la IM.

Dicho esto, cuando la intendencia toma una medida como la protección cautelar, "establece que dentro de los criterios con los cuales se juzguen las propuestas que vengan, además de cuidar el patrimonio (se) trate de preservar la misma posibilidad de construir que la normativa que estaba vigente al momento de la cautela establecía". Es decir que la comuna consideró dos aspectos principales a la hora de evaluar este inmueble: por un lado, el patrimonial —de hecho, los técnicos de la unidad de Patrimonio "sugirieron que el edificio no se construyera y que no se hiciera lugar a la solicitud de demolición", dijo—, pero también "hay otros asuntos que también son relevantes y que debe preservar, que tienen que ver con una cierta seguridad económica vinculada a la actividad inmobiliaria".

En este sentido, el edificio del Centro era uno que había sido comprado por un particular tiempo antes de que la Junta Departamental dictaminara la medida cautelar. Así, la "traba patrimonial" se interpuso en el "proceso económico"; al tomarse en cuenta todas las variables, se llegó a la conclusión de que "la sustitución no era la solución ideal, pero era la mejor solución dentro de algo que era una situación de compromiso", valoró Oreggioni y añadió que la ponderación llevó a esta resolución "de balance, equilibrio y delicada".

En el caso del edificio ubicado en Canelones y Andes, proteger el patrimonio y asegurar la posibilidad de construir los mismos metros cuadrados que se podían construir con la normativa anterior a la cautelar era "absolutamente imposible", enfatizó el funcionario. "Ni la resolución de la junta, ni el mandato de cautelar ni cómo operar con un grado 2 desmantelándolo están definidos por la junta, (por lo que) no hay ningún incumplimiento" de la medida cautelar, apuntó.

La pata arquitectónica

Por otro lado, Oreggioni profundizó también en uno de los aspectos influyentes para que la comuna resolviera demoler la construcción: su ubicación.

"Cuando te encontrás con un predio esquina, lo que cabe es la sustitución del edificio (demolición y construcción de uno nuevo) o el mantenimiento de ese original", manifestó el director. Así, el resultado para el privado que compró el terreno era que no podía construir el edificio que tenía en mente, de 27 metros de altura.

En esta línea, sostuvo que el "cuidado por el inversor no sería el mismo" si en la esquina de Andes y Canelones hubiera un edificio grado 4, o incluso tampoco sería el mismo si el grado 2 que efectivamente estaba allí "hubiera estado impecable".

"La ciudad es una entidad compleja y tiene múltiples puntos de vista. La IM tiene que articular, tiene que buscar respuestas satisfactorias que cumplan con el cuidado de la ciudad que no necesariamente van a coincidir siempre con los intereses de las personas que están cuidando el patrimonio, porque capaz que miran solamente ese aspecto; bueno, nosotros tenemos la obligación de mirar por todos y de cumplir con la norma de la cautela", finalizó Oreggioni.