Montevideo Portal
Una serie de economistas salieron, entre este jueves y viernes, a criticar la ley aprobada para dar una solución al connotar la deuda a unas 24.000 familias con crédito pendiente a pagar en el Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).
En particular, el proyecto de ley que fue votado este miércoles en el Senado tuvo varias modificaciones en Diputados, referentes a las tasaciones de los inmuebles que se compraron a partir de créditos tomados en Unidades Reajustables (UR).
En tanto, el economista y socio de la consultora Exante Pablo Rosselli cuestionó la quita a deudores votada en el Parlamento, cuestionamiento que fue compartido por varios de sus colegas economistas.
“El Parlamento aprobó por unanimidad quitas a deudores del BHU, con un costo de US$ 590 millones. La decisión se adopta con fundamentos que no se ajustan a la realidad que muestran los análisis técnicos. Dinero que podía destinarse a bajar la pobreza infantil y la marginalidad”, escribió Rosselli, quien además compartió un tuit de setiembre de este año en el que da cuenta de que un estudio realizado por CPA Ferrere reveló que los deudores en UR no fueron perjudicados por la evolución de la medida de valor económico (el valor a diciembre de 2023 es de $ 1.634).
En la misma línea se posicionó el asesor del senador Mario Bergara, Martín Valcorba, quien expresó que “ningún criterio razonable de asignación de recursos puede derivar en otorgar 1% del PIB (Producto Interno Bruto) a personas que tienen una propiedad de hasta US$ 300.000 en un país con 20% de pobreza infantil”.
También cuestionaron lo aprobado en el Parlamento el economista Gonzalo Marquez, el exsubsecretario de Economía y actual jerarca de la Intendencia de Montevideo, Pablo Ferreri, y el exeditor de Economía de El Observador Federico Comesaña, actualmente director de la empresa Enia.
“La aprobación de la ley de deudores del BHU es el mayor acto de populismo del sistema político uruguayo desde que tengo memoria. Y un populismo berreta, regresivo y con cierto aire de desidia, de para qué discutir y escuchar, no te digo a los que saben, sino ya al sentido común”, escribió Comesaña.
Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Agustín Iturralde, cuestionó en una columna escrita para el diario El País la norma impulsada por los legisladores.
En el texto, que tituló “Error por unanimidad”, Iturralde recordó que gobernar implica priorizar los recursos, que “siempre son finitos”.
“Cuando le doy algo a alguien, se lo estoy negando a otro. Segundo, cuando cambio las reglas de juego sobre la marcha no solo afecto lo que cambio, también cambio las expectativas de que las reglas pueden ser cambiadas. Pero, en tercer lugar, gobernar también es arbitrar intereses. En muchas oportunidades los intereses de los directamente involucrados y de la ciudadanía en general no son los mismos”, opinó el economista.
Sobre el final de la columna, Iturralde recuerda el libro La lógica de la acción colectiva, Mancur Olson, y señala: “Explica como un grupo pequeño, pero con beneficios relevantes para cada uno de sus integrantes, tiene muchos incentivos a organizarse y presionar por medidas que los benefician a costo de perjuicios para el resto de la sociedad. Pocos que se benefician mucho le tuercen el brazo a muchos que se perjudican poco. Claro, Olson también explica que el sistemático funcionamiento de esta lógica termina con un país gobernado por grupos de presión”.
En diálogo con Montevideo Portal, la presidenta del BHU, Casilda Echevarría, también había cuestionado la iniciativa.
En concreto, el planteo de la presidenta del BHU está referido a que aquellas personas que adquirieron, por ejemplo, una propiedad de US$ 80.000 en la década de 1980, se les perdonaría la deuda, mientras que el valor de esa propiedad se estima sería de US$ 300.000.
“Le estás perdonando a un tipo que compró una casa de US$ 300.000 a valores de hoy y que en 40 años pagó menos de lo que era la amortización del capital porque se hubiese pago en los 25 años. Resulta que le perdonás más o menos US$ 150.000, no da”, dijo Echevarría a Montevideo Portal.
Además, la jerarca informó que hubo modificaciones a última hora en la sesión de Diputados, cuando se cambió la limitación para los beneficiarios que tienen deudas hipotecarias.
En lugar de exigir tener el 50% del capital inicial pago (deuda amortizada), se requiere con los cambios introducidos que sea el 35% de la deuda cubierta para tener el beneficio.
El parlamento aprobó por unanimidad quitas a deudores del BHU, con un costo de US$ 590 millones.
— Pablo Rosselli (@PabloRosselli) December 15, 2023
La decisión se adopta con fundamentos que no se ajustan a la realidad que muestran los análisis técnicos.
Dinero que podía destinarse a bajar la pobreza infantil y la marginalidad. https://t.co/VQBRASCmAd
Por unanimidad el Parlamento aprobó una ley que transfiere hasta 590 millones de dólares a 25.000 deudores del BHU y ANV. Una mala noticia para el país y para las personas sin lobbies que son las que pagarán esta decisión. https://t.co/J4igg1yec3
— Hernán Bonilla (@Hernan_Bonilla) December 14, 2023
Asumiendo 4 per x hogar, en promedio cada uno de los 875.000 hogares uruguayos (incluidos ranchos de chapa), transferirá 675 dólares a personas que voluntariamente firmaron un contrato y dicen haber sido perjudicados, a pesar que varios estudios técnicos sugieren lo contrario. https://t.co/o9aer2nxC4
— Rafael Mantero (@rmantero) December 14, 2023
La aprobación de la ley de deudores del BHU es el mayor acto de populismo del sistema político uruguayo desde que tengo memoria. Y un populismo berreta, regresivo y con cierto aire de desidia, de para qué discutir y escuchar, no te digo a los que saben, sino ya al sentido común. https://t.co/zcbcFh6dgd
— Federico Comesaña (@fcomesana) December 14, 2023
Comparto el planteo de @PabloRosselli en este post e hilos citados.
— Martín Vallcorba (@MartinVallcorba) December 15, 2023
Como señala @Itu_Agustin, ningún criterio razonable de asignación de recursos puede derivar en otorgar 1% PIB a 25.000 personas que tienen una propiedad de hasta US$ 300.000 en un país con 20% de pobreza infantil https://t.co/8RVIdzeJCq
Muy de acuerdo con Pablo. La decisión es inconveniente, inequitativa y carece de fundamento.
— Gabriel Oddone (@OddoneGabriel) December 15, 2023
Los recursos públicos deben ser asignados por criterios muy diferentes a los que justifican esta decisión. https://t.co/g0NT10bZz5
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