ENTREVISTA EXCLUSIVA AL EMBAJADOR ABÍN

En sus primeras declaraciones públicas, realizadas a radio El Espectador después de haber hablado con el ministro Gonzalo Fernández usted dice que no es responsable que el pedido de extradición se haya entregado fuera de fecha. Sin embargo en declaraciones recientes al diario La República asegura que el expediente sí fue entregado dentro de los plazos. ¿Por qué cambio su opinión en cuanto a la correcta entrega del trámite?

R: No cambié de opinión. Ocurre que durante días se manejó como fecha de vencimiento del plazo el día 23 de marzo (véase la prensa de los últimos días de abril y los primeros días de mayo). Después, alguien en Montevideo obtuvo una copia de la sentencia del Tribunal de Salerno que dispuso la libertad del detenido, en la cual se menciona como otra fecha posible de vencimiento, el 27 de marzo. Ese es precisamente el día en que el expediente fue entregado por nuestra embajada al MRREE italiano, lo cual está documentado en el recibo original en mi poder. A su vez, erróneamente, el Tribunal de Salerno dice en su sentencia que la presentación se produjo el 31 de marzo.

En estos puntos se basa la apelación en la que estamos actualmente trabajando. Más precisamente, se trata de un recurso de Casación, que es lo que aconseja el abogado contratado por el estado uruguayo. Hoy precisamente (23 de mayo) recibí una nota firmada por dicho profesional, en la que afirma que hasta ahora no ha habido pronunciamiento alguno del Tribunal de Salerno ni del Ministerio de Justicia italiano respecto de la extradición de Tróccoli. En otras palabas: la extradición aún no ha sido negada ni otorgada, simplemente, todavía no hay resolución. Luego, en la misma nota el letrado subraya textualmente que “la documentación no ha sido de ninguna manera depositada tarde”

¿Estuvo en Barcelona entre el 17 y el 23 de marzo? ¿Por qué no mencionó el hecho que no estaba en Italia en las primeras declaraciones que realizó? 

R: Efectivamente, estuve en Barcelona entre el 17 y el 23 de marzo. Me quedaban algunos días de licencia, la embajada estaba en obras en fase de terminación, y la semana era –ha sido siempre- de escasa o prácticamente nula actividad en Italia: no es feriado pero todo el mundo se va a la montaña o al mar.

Fui a Barcelona por dos razones: para entrevistar a tres antiguos compañeros de los GAU que podrían tener información sobre el ex marino Tróccoli y sus secuaces del plan Cóndor, útil para el otro juicio que se le sigue aquí en Italia, por el que también estuvo preso y del cual fue exonerado por falta de pruebas; y fui asimismo para realizarme un estudio médico complejo que necesita una preparación previa y que, naturalmente, pertenece a la esfera de mi privacidad y no voy a comentar. 

Informé de mi viaje a Barcelona a quienes debía informar. Lo informé incluso al grupo de víctimas de Tróccoli y familiares de desaparecidos que aceptó reunirse conmigo en Montevideo. A los periodistas que me preguntaron si estaba en Roma cuando llegó el expediente de extradición les respondí que no, que no estaba. Recuerdo haberlo hecho al menos en tres casos: Raúl Ronzoni de Búsqueda, Jorge Traverso y María Inés Obaldía.  Traverso me preguntó después si estaba en Barcelona y le respondí afirmativamente.

En verdad mi viaje a Barcelona no tuvo ni pudo tener ninguna incidencia en el asunto. Para recibir, controlar y entregar un expediente como este –o como cualquier otro-no se requiere la presencia, la firma ni ninguna acción concreta del Embajador. Puede hacerlo cualquier funcionario. De hecho, se reciben y tramitan multitud de comunicaciones, expedientes y documentos en las que no se registra intervención alguna del embajador. En la embajada trabajan otros funcionarios, diplomáticos de carrera, algunos con larga experiencia, que realizan habitualmente esta labor meramente burocrática.

El Embajador orienta su trabajo a las tareas de representación, al relacionamiento político con el estado receptor, a negociaciones de diversos tipos, a la búsqueda de fondos de cooperación, a acompañar a las autoridades nacionales que llegan a Italia con misiones concretas, con proyectos y propuestas; el Embajador realiza presentaciones del país para empresarios, hombres de negocios, potenciales inversores y operadores turísticos; procura promover la exportación de productos nacionales; participa como expositor en seminarios o como conferencista, a invitación de organizaciones públicas o privadas, promueve y presenta actividades culturales con artistas nacionales, en fin, no es precisamente su tarea la de recibir, controlar y despachar expedientes y documentos.

Mi viaje a Barcelona ha sido utilizado políticamente para reforzar la idea de que yo soy responsable de la eventual presentación fuera de plazo. Obviamente no es así, cualquier funcionario de la Misión podría haber hecho esa presentación, estaba facultado y tenía los conocimientos para hacerla. En lo que a mí refiere, como he repetido hasta el hartazgo, no tenía ninguna información acerca del vencimiento del plazo. Ratifico sí que, desconociendo ese vencimiento, se optó por un criterio de seguridad en la presentación, punto que ya he explicado muchas veces.

¿Qué órdenes específicas sobre el caso dejó en la Embajada antes de partir a Barcelona?

R: Que en caso que llegara el expediente de extradición –lo que era dudoso dada la demora promedio de este tipo de envíos interoceánicos- fuera revisado con todo rigor y se realizara una presentación segura, en la oficina correspondiente, bajo recibo y con todas las garantías.

¿Consideró que el trámite podía esperar a su regreso? ¿Le avisaron en algún momento que se trataba de un trámite urgente y sobre qué caso se trataba?  ¿Le avisaron a usted o a la Embajada?

R: Como en ningún momento se nos informó que el plazo vencía en esos días, como no hubo ningún aviso ni indicación de vencimiento, ni escrito, ni telefónico ni por e-mail o sms, repito, se dio prioridad al criterio de seguridad en la presentación. Observe que aún hoy está en discusión si aquel vencimiento –del que, reitero, no se nos advirtió- era el 23 o el 27 de marzo. Vea que el abogado contratato ahora por el estado uruguayo afirma que “la documentación no ha sido de ninguna manera depositada tarde”. Determinar ese plazo es responsabilidad de quien tiene el gobierno y la dirección del trámite; obviamente, informarlo en forma fehaciente, también. Esa responsabilidad era, es y será del Poder Judicial.

Usted ha dicho que el aerograma en el que se le avisaba que el trámite era urgente no llegó, ¿Qué pasó entonces con el aerograma que la cancillería dice haber mandado el 13 de marzo?

R: No creo haber declarado jamás que el aerograma no llegó. Por el contrario, llegó sin ningún género de duda. Está fechado el 13 de marzo (fecha puesta por el autor o redactor del aerograma en nuestro MRREE) pero llegó a Roma el 18 de marzo a última hora de la tarde, dentro de la valija diplomática. La explicación es muy sencilla: el aerograma es el documento que encabeza toda valija diplomática, forma parte de ella y por lo tanto es imposible que llegue antes o después. Siempre llega con la valija.

¿Se sintió respaldado por el ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández? ¿Cómo sintió la confianza, en el plano moral, del presidente Tabaré Vázquez?

R: Ambos me conocen desde hace muchos años. El ministro me conoce también por mi actividad profesional y sabe cómo trabajo. Comprobar que el Presidente expresa públicamente su confianza en mí ha sido  un elemento de la mayor importancia; sentirme respaldado por el ministro es también un factor de estímulo y tranquilidad en un momento difícil.

Hasta el momento ninguno de los involucrados en el pedido de extradición de Tróccoli realizaron una autocrítica pública. Ni la Suprema Corte de Justicia, donde el expediente pasó el 90% del tiempo de plazo, ni Cancillería, ni usted. ¿No cree que sería una buena señal para el  país que exista una autocrítica por parte de las personas que debieron darle curso al trámite?

R: No comparto la opinión contenida en la pregunta en cuanto refiere a mí. Soy la única persona que ha expresado y repetido públicamente que toma a su cargo las decisiones que adoptó. Pude haberme equivocado en la apreciación de los hechos, pero es absurdo que se me responsabilice del vencimiento de un plazo del que no se me informó.

En cuanto a la Cancillería recibió el expediente el 13 de marzo y lo despachó el 14, no sé cuál podría ser su autocrítica. Tampoco a ella se le indicó que el plazo estaba a punto de vencer. 

Creo que es al Poder Judicial a quien hay que reclamarle la autocrítica. ¿Es que los magistrados son intocables, no se los puede criticar, están exentos de la posibilidad de error, sus oficinas son perfectas y no yerran jamás? El P. Judicial mantuvo en su órbita el expediente 80 de los 90 días disponibles,  conocía el plazo –su comienzo y su vencimiento- en forma auténtica, dejó perder prácticamente la mitad o más de ese plazo simplemente por causa de la Feria Judicial Mayor que a nadie se le ocurrió habilitar, instrumentó de forma ineficiente el proceso de traducción y envió el expediente a Cancillería “en el último salto”, el jueves antes de Turismo y sin advertir ni indicar oficialmente, por escrito y de manera clara, que el plazo vencía. La Cancillería tuvo el expediente en su poder menos de 24 horas y lo despachó hacia Roma. Nuestra experiencia indica que los envíos de valija diplomática, como cualquier courier, demoran entre 4 y 7 días, normalmente, en llegar a destino, de modo que el expediente podía arribar a Roma entre el martes 18 y el viernes 21 de marzo , lo que estaba fuera del control de todos los participantes: una demora en un aeropuerto, un vuelo cancelado, cualquier dificultad en el transporte internacional etc, hechos imprevisibles pero que ocurren, podía sumar días irrecuperables a la demora. No ocurrieron en el caso, pero me parece que está demostrado que hubo imprevisión al remitir a la Cancillería el expediente tan encima del vencimiento del plazo y, reitero una vez más, sin aviso de vencimiento.

¿Considera que dentro de su Embajada existen intereses políticos que conspiraron para trancar el pedido de extradición? ¿Cómo calificaría la gestión de Tabaré Bocalandro durante su ausencia? ¿Hizo lo que usted esperaba?  ¿No cree que su afiliación al Foro Batllista pudo haber incidido en la importancia que le dio al trámite?

R: Hay una investigación administrativa en trámite que permitirá responder algunas de estas preguntas; la reserva que debe mantenerse mientras ella se procesa me impide emitir opinión en este momento. Sí le puedo decir que por el momento no tengo ninguna razón válida para sospechar con carácter general que han habido intereses políticos que entorpecieron el pedido de extradición  y  que el principal factor de entorpecimiento fue la lentitud con la que procedió el P. Judicial. Hasta donde puedo percibir, se trata de un caso de excesiva parsimonia y falta de comunicación adecuada, no de conspiración política.

La documentación uruguaya asegura que el pedido de extradición fue entregado a la Cancillería italiana el 27, mientras que la documentación italiana lo tiene fechado como el 31. ¿A qué se debe esa diferencia?

R: El recibo original y oficial en nuestro poder tiene un sello clarísimo que dice “MINISTERO DI AFFARI ESTERI – ARRIVO – 27 MAR 2008 – ACCETTAZIONE CORRISPONDENZA”. La fecha de presentación es inequívocamente el 27 de marzo. Creo que es la documentación que el MRREE italiano envió al Tribunal la que genera esa confusión. En efecto, luego de recibido el expediente, este tiene un trámite interno en dicho MRREE de Italia, trámite que finaliza en una oficina llamada “Dirección General para Asuntos de Italianos en el Exterior y Políticas Migratorias”, que es la que a su vez lo remite al Tribunal. Esta oficina recibió (internamente) el expediente el 31 de marzo, le puso un sello y le asignó un número (interno) de identificación. Creo que es ese el origen del error del Tribunal en cuanto a esa fecha. Pero es muy fácil aclararlo, pues el recibo existe, no ofrece dudas y será utilizado en como prueba en el recurso que presentaremos.

Se está realizando una investigación administrativa para determinar las responsabilidades que tuvo la Embajada en las demoras del trámite. En caso de que esa investigación determine algún tipo de irregularidad ¿Renunciará a su cargo?

R: Cuando estuve en Montevideo puse el cargo a disposición del Sr Ministro, quien ya había ordenado la investigación administrativa. Esta actitud mía debe interpretarse como un gesto político, exclusivamente político, de lealtad hacia el Presidente, hacia el Ministro y hacia el Frente Amplio. No significa de ninguna manera y bajo ningún concepto que yo acepte la responsabilidad del vencimiento de un plazo que nunca me fue comunicado. Confío en que los detalles del procedimiento seguido en Roma serán aclarados en la investigación administrativa, que se está llevando adelante con toda seriedad y rigor. En tal caso, quedará demostrado que no existió responsabilidad de nuestra parte. Asimismo, estimo que habrá que tener presente también el resultado de la apelación, porque si el plazo venció el 27 de marzo y es esa la fecha en que se presentó el expediente, no se habría producido retardo alguno y todo el circo montado en torno a este asunto sería un monumento a la inutilidad, un gran homenaje al juicio precipitado, una reverencia al facilismo que, parece, sobreabunda en algunos medios.

Más allá de las consecuencias que pueda tener el hecho ¿Qué reflexión le amerita en términos generales?

R: Si analizamos fríamente lo ocurrido creo que podemos concluir que hubo una seria ineficiencia judicial y una falla incomprensible de comunicación. Ningún eslabón de la cadena  puede considerarse en sí mismo determinante, todos contribuyeron en su medida al resultado final.

Creo que es necesario acordar un protocolo de procedimiento entre la Cancillería y el P. Judicial para evitar que hechos como este se repitan. Creo asimismo que es necesario que en casos de especial importancia como el que nos ocupa, sea de orden autorizar a las embajadas a contratar letrados locales para su asesoramiento. Se ha hecho un gran escándalo en torno a la liberación del detenido y ahora parece que fue producto de un error judicial pues esa decisión se basa en la suposición de que la documentación se depositó el 31 de marzo; se ha sumado al escándalo la afirmación de que se perdió la oportunidad de extraditar al criminal, y ahora es claro que ni el Tribunal de Salerno ni el Ministerio de Justicia italiano se han pronunciado todavía sobre la extradición...

Por otra parte hemos recogido varias opiniones técnicas en Italia que afirman que el encausado no es extraditable por ser ciudadano italiano “naturalizado” o “por nacimiento”, al haber obtenido la ciudadanía en razón de que sus ascendientes eran italianos. Me pregunto si antes de iniciar todo este proceso el o los letrados uruguayos actuantes tuvieron la precaución de revisar ese punto. Está legislado en el Tratado, a mi modo de ver, con total claridad. Pero no nos anticipemos. Ahora hay que esperar el dictamen de las autoridades italianas acerca de si Troccoli es o no pasible de extradición.

De todo lo expuesto, de lo ocurrido y comentado hasta el punto de saturación, puede concluirse que algunos personajes de la vida pública uruguaya me han elegido como chivo expiatorio, precipitándose en busca de sangre fresca. En algunos casos la reacción inmediata fue la acusación, sin análisis ni reflexión previa. En otros, el intento de aprovechar políticamente el episodio para pedir la cabeza de un embajador político y, de ese modo, golpear al gobierno, al ministro, a la cancillería y al Presidente.

Pocos y señalados actores tuvieron el tino de detenerse a pensar, por ejemplo, que no es posible sostener seriamente que la preparación de un testimonio judicial y su traducción requieren 80 días, consumiendo así el 90% del plazo disponible y que eso está bien, que es lo normal; que nadie puede sostener seriamente que es lo normal o está bien que ante el vencimiento inminente de un plazo, la autoridad que lo conoce y controla no informe de ese vencimiento de manera inequívoca a quien debe llevar a cabo la entrega o, en fin, que nadie puede sostener seriamente que a una oficina que actúa como mero correo –la embajada en el caso-, pueda responsabilizarsela por el el vencimiento de un plazo de cuyo vencimiento no se le ha informado ni una palabra.

Con ánimo de linchamiento se subrayó la ausencia del embajador en el momento de recibirse el expediente, sin pararse a pensar que un trámite de recepción y entrega de documentación no requiere la presencia ni la actividad del embajador, y que en la oficina de la embajada existen y trabajan otras personas que estaban perfectamente habilitadas para llevar a cabo esa tarea y, más aún, que la realizan habitualmente. Con la misma intencionalidad se afirmó que el embajador es poco aficionado al trabajo y se dedica a pasear. Habría bastado un mínimo de sentido común –o de buena fe- para pedir a la Cancillería los informes anuales de actividades desde setiembre de 2005 en adelante, y de ese modo hacerse una idea más justa y adecuada de la enorme cantidad de trabajo que desarrolla la misión a mi cargo, qué es lo que yo hago y cómo lo hago. Naturalmente, esto implica un cierto esfuerzo, una cierta aptitud para razonar, y ya se sabe que es más fácil disparar primero y averiguar después.

Los intereses políticos menudos generan esas modestas infamias, que no tienen más altura que sus promotores. Un legislador que hoy es prácticamente un marginal de la política busca producir golpes de efecto con datos oscuramente obtenidos y logra, por un cierto lapso... un golpe de efecto, prácticamente lo único que parece podamos esperar de él. Más respetable en todo caso, una señora legisladora se apresura a lanzar algunas afirmaciones que por sí solas revelan su total falta de información. Una parte de la prensa, cegada por la necesidad de noticias, enviciada en la apuesta al sensacionalismo, simplemente desprolija o quizás socia de aquellos intereses políticos enanos, agrega leña al fuego.

Para terminar: yo soy parte de un proyecto político que está en curso de ejecución y que es mucho mayor y mucho más importante que yo y que todas estas rondas de política liliputiense. Hace más de cuatro décadas que mantengo y cumplo ese compromiso. Me habré equivocado infinidad de veces, pero he actuado siempre de buena fe y sin procurar medrar causando daño a otros. Estoy, como siempre, a la orden del Presidente y me atengo a lo que él disponga. Que nadie se llame a engaño: quienes desempeñamos cargos políticos renacemos en el cargo todos los días. No llegué a la militancia política ni a la embajada que desempeño en busca de un medio de vida. No estoy apegado a un cargo, ni a una carrera, ni siquiera a una imagen pública. Mis apegos son mis afectos y los valores que he profesado toda mi vida. Por cierto, comprendo que alguna gente no pueda siquiera imaginar lo que esto último significa.