Este proceso de judicialización, y más que nada de mediatización, comenzó probablemente hace 15 o 20 años. Antes era absolutamente inusual el hecho de que la información que se produce a nivel judicial se convirtiera en un tema de titular para la agenda mediática.



Actualmente los diarios tienen una sección de judiciales, que es distinta a la de policiales, porque en el policial se relatan los hechos de sangre, sin mencionarse nunca la instancia judicial en la crónica rojo. El área judicial aparece cuando se toma en cuenta el procedimiento dentro de la Justicia y el efecto que producen determinadas sentencias de los jueces a nivel de la opinión pública.

Por otra parte, existe en la sociedad un abuso del recurso del litigio, al que se apela en ocasiones para dirimir asuntos menores que podrían resolverse mediante diálogo de partes. A ese respecto, existen en Montevideo cinco centros de mediación, que intentan -generalmente con éxito- arribar a una solución acordada de problemas, evitando llegar a juicios de duras consecuencias.

Tradicionalmente, las novelas y películas policiales terminaban con la captura del delincuente. Sin embargo, hoy día no es raro que comiencen en ese punto, ocupándose de todas las instancias judiciales. ¿Influye esto en la opinión pública?

Eso es muy cierto, uno de esos fenómenos es la serie norteamericana CSI, sobre las pericias forenses a nivel de la Justicia. Cuando apareció esa serie televisiva, hubo un boom general de interés por averiguar cómo funcionaba la pericia forense aquí en nuestro país. Después de ese éxito, llamaron todos los medios. Algunos para hablar con los médicos forenses, otros para conocer la estructura del Instituto Técnico Forense, para saber cómo nosotros en Uruguay hacemos las mismas maravillas que en Norteamérica o las maravillas que nos venden.

¿A qué cree que se debe este proceso de judicialización?

En setiembre de 1993 se realizó el tercer encuentro de Corte Suprema de Justicia del Conosur, en esta oportunidad se trató el tema de la aparición de los temas judiciales a través de la prensa, ya se avizoraba esta mediatización. Ese proceso fue creciendo hasta ahora. Yo no había visto, a excepción de los casos de derechos humanos, que toda la atención se concentrara en un tema como el impuesto del IRPF. Esa fue la demostración más clara de judicialización de un conflicto político.

La inconstitucionalidad de la ley se planteó antes de que efectivamente la ley estuviera sancionada, comenzó en el primer semestre del año 2007, por la propia mediatización que tuvo la Reforma Tributaria.

El tema del IRPF era político, concerniente al Poder Ejecutivo y al Parlamento, pero en algún momento la oposición a la fuerza que está en el gobierno decide utilizar la herramienta de la inconstitucionalidad para atacar lo que tiene que ver con el aporte que hacían los pasivos. Recurre entonces al Poder Judicial y le pide a la Suprema Corte de Justicia que declare la inconstitucionalidad de ese artículo que grava las jubilaciones. Ese conflicto que no se pudo resolver políticamente se traslada a lo judicial. Eso es judicializar un problema que era político, exponiendo públicamente a la SCJ de un modo al que no estaba acostumbrada. Además, el Poder Judicial no puede declarar la inconstitucionalidad con alcance general y abstracto. Sólo puede hacerlo para un caso específico. En definitiva, siempre habría gente no abarcada en la decisión, por lo que la solución nunca estaría directamente en la Justicia. Prueba de esto es que el problema volvió al ámbito de lo político con un nuevo proyecto de ley que van a debatir nuevamente.

¿En qué etapa está la investigación administrativa sobre la filtración a la prensa sobre la opinión de los ministros de Justicia sobre la constitucionalidad del IRPF a jubilados?

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ruibal Pino, puso en conocimiento de la Corte sus deseos de hacer una investigación administrativa a ese respecto, y la SCJ aprobó la idea, encomendando al mismo presidente que la llevara adelante. Ruibal dirige y fiscaliza el trabajo y funcionarios inspectivos del Poder Judicial son los que lo realizan, hacen los interrogatorios y se encargan de todo el papeleo necesario. Ya se empezó la tarea de investigación, se tomó declaraciones a muchas de las personas, a los asesores de los señores ministros y a personal del despacho judicial, gente que eventualmente pudo haber accedido al sobre donde se guarda el voto de los ministros. El Dr. Ruibal no ha dado explicaciones sobre cuándo se va a terminar la investigación pero es de suponer que restan unos días más de trabajo para poder completarlo.

TODOS ANTE LA LEY

"Los jueces constituyen una suerte de reservorio moral de la sociedad"

Más allá de la exposición de la justicia por parte de lo medios, puede notarse una tendencia mayor por parte de la ciudadanía a recurrir a la justicia penal, a llevar a juicio casos que a veces son absolutamente menores. ¿Lo entiende así, o podría tratarse de una "sensación térmica"?

Todo esto es imposible probarlo estadísticamente, no obstante, las mismas estadísticas indican que año tras año hubo un crecimiento de las demandas, aunque ello no demuestra específicamente una judicialización de la ciudadanía. Conflictos sociales, los hay de todo tipo y mecanismos para resolverlos también. Pasa en la esfera médica, o en lo laboral, como el caso de los desalojos y las ocupaciones que vienen de conflictos entre patrones y obreros, que llegaron a un estadio tal que hizo insostenible el funcionamiento de la empresa, cuya figura se desnaturaliza. Lo ideal hubiera sido que se siguieran determinadas pautas de negociaciones y se llegara a un acuerdo. Hay un comentario muy interesante que hacía Botinelli, en el que señala que en las comisiones investigadoras del Parlamento, para cualquier asunto en el que haya dudas sobre el desempeño de alguna autoridad, lo que se hace es agregar una cláusula final que dice “pasa a la Justicia Penal”, cuando en realidad lo que tendría que haber hecho la Comisión Investigadora es investigar y dar una solución a nivel parlamentario. Eso es un abuso del mecanismo y la consecuencia más grave es que recarga a la Justicia Penal, que debiera estar estudiando los asuntos que realmente tiene que tratar.


Ahora tenemos un caso del ámbito deportivo, el presunto trato entre la Asociación Uruguaya de Fútbol y una mujer que dice estar representándola y un juez de fútbol argentino. La Justicia Penal es la última frontera. Después de ella no hay ningún mecanismo de contención. Debiera ser el último mecanismo, al que recurrimos si no tenemos otra solución, agotadas todas las otras instancias, porque los jueces analizan las conductas y determinan si se ajustan al Código Penal y castigan, pero esa no es la solución, la idea no es repartir castigos todo el tiempo.

¿Existe algún ámbito para resolver problemas entre particulares, como un ámbito de conciliación previo a un juicio?

Sí, se llaman Centros de Mediación. Es un recurso creado hace siete años, y existen cinco en Montevideo.

Información sobre los Centros de Mediación

En estos centros -que no implican procesos judiciales- las partes en conflicto se reúnen a causa de problemas generalmente vecinales. Cosas como “el vecino hace ruido y no me deja dormir”. Una de las partes concurre al centro de mediación, el centro cita a la otra parte -siempre de modo voluntario- y los mediadores trabajan con ambas partes, los asesoran, se interesan por el problema y realizan propuestas. Luego elaboran un acta en la que se establece a qué acuerdo se arriba. Tenemos entre un 80 y 90% de éxito en esas mediaciones. Siempre es más beneficioso que los conflictos se resuelvan con un acuerdo entre las partes que con la decisión de un juez, porque los fallos judiciales generalmente no conforman a ninguna de las dos partes. En el mecanismo de mediación, como cada parte está dispuesta a ceder algo para llegar a la paz, los dos resultan beneficiados, porque salen con un parámetro de solución a un problema que los estaba incomodando.

Ahora bien, el tema de la judicialización es un problema mundial. En Estados Unidos se ha estudiado a fondo, y concluyen que los jueces constituyen una suerte de reservorio moral de la sociedad. Son mucho más sólidos como referentes morales que los políticos u otra clase de individuos, entonces cuando la sociedad tiene dudas recurre a los jueces. Los norteamericanos advierten el riesgo de esto, diciendo que ese reservorio moral que se construyó durante generaciones, es una riqueza que debe emplearse racionalmente, de lo contrario, el desgaste va a ser muy rápido, se va a desprestigiar la institución y la sociedad se va a quedar sin ese referente.


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Raúl Oxandabarat es salteño, tiene 40 años y es padre de un hijo adolescente. Estudió Ingeniería y Derecho, trabajando también como periodista. Actualmente es Director de la División de Comunicación de la Suprema Corte de Justicia.

Montevideo Portal / Gerardo Carrasco y Pablo Méndez